El Ministerio del Interior asumirá, a partir de este momento, la administración de los centros de reclusión para menores de edad en el país, la cual estaba en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Se concreta así un proceso que se inició en marzo de 2007 con la implementación del sistema de responsabilidad penal juvenil y que ahora se fundamenta en la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, que reformó el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia de judicialización de menores, con el propósito de proteger a esta población y no seguir permitiendo que sea utilizada por delincuentes para la realización de actos criminales.
Las cifras que maneja el ICBF, en cuanto a menores infractores, son alarmantes: desde el 15 de marzo de 2007 hasta el pasado 30 de julio se han visto involucrados en el sistema de responsabilidad penal 73.342 adolescentes. En la actualidad hay 6.467 menores recluidos en los 22 centros especiales habilitados en todo el país, en comprobadas deficientes condiciones de seguridad. El pasado 13 de agosto, por ejemplo, se escaparon 100 jóvenes infractores del centro de reclusión para menores del Valle del Lilí, en Cali, donde en los últimos cuatro años se han fugado 1.100. Allí se encuentran menores que, a pesar de su edad, están sindicados de homicidios, extorsiones y secuestros, y sólo dos policías los vigilan.
Ese es el panorama que se espera cambiar ahora, cuando el Ministerio del Interior asuma el control de dichos centros. “La Ley de Seguridad Ciudadana estableció que en los delitos de secuestro, homicidio, etc., los menores que delinquen van a tener que cumplir 10 años de pena, lo que significa que no pueden ni van a salir a los 21 años, como estaba ocurriendo, porque en vez de protegerse al menor se está convirtiendo en carne de cañón(...)”, explicó el ministro Germán Vargas Lleras.
Precisamente la Ley amplía las funciones de la Policía para que, excepcionalmente, pueda realizar el control interno de los centros de atención especializada, prestar el recurso humano para el traslado de los adolescentes privados de la libertad y ordenar el cierre de los establecimientos que violen los principios y lineamientos del Código de la Infancia. Asimismo, amplía la sanción de privación de la libertad, que ahora será de 2 a 8 años para los mayores de 14 años y los menores de 18 que hayan cometido delitos de homicidio doloso, secuestro, extorsión en todas sus formas y delitos agravados contra la libertad, la integridad y la formación sexual.
Precisamente, con la Ley de Seguridad Ciudadana se obliga a los menores que han cometido ese tipo de delitos a cumplir la sanción completa. Antes podían salir libres una vez cumplidos los 21 años, aun sin haber completado la pena. “Muchos de los menores de edad son realmente unos niños y por eso tendrán asistencia preferencial. Pero los menores de 17 y 16 años, en donde hay verdaderos sicarios, deben saber que su responsabilidad será muy distinta”, concluyó Vargas Lleras.