Ministerio de Defensa se declarará víctima en proceso por masacre de Mapiripán

Juan Carlos Pinzón, calificó como positivo que se llegue a la verdad y que “si se han cometido injusticias, que se aclaren”.

El jefe de la cartera de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, solicitará que esa dependencia del Estado sea reconocida como víctima en el actual proceso que adelanta la Fiscalía en el caso de la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida en 1997, y en el que se habrían descubierto falsas víctimas.

“Como en este caso se ha pagado a múltiples víctimas, dado que la Corte Interamericana había establecido esa sentencia, el Ministerio de Defensa tendrá que hacerse parte en el proceso como víctima para evaluar los caminos jurídicos que permitan, dependiendo de cómo concluyan estas investigaciones, restablecer el patrimonio público”, dijo Pinzón.

Señaló que este es un tema de enorme interés para el Gobierno y en particular para el Ministerio de Defensa y agregó que “es muy positivo que se esté avanzando en las investigaciones porque es importante que se llegue a la verdad, de eso se trata la justicia y de eso se tratan los procesos”.

El Gobierno pidió a la Fiscalía hacer claridad e investigar a los responsables de haber incrementado la cifra de víctimas de la masacre para cobrar indemnizaciones.

Es "sumamente grave que un país que está haciendo el esfuerzo para mejorar la causa de las víctimas vea con estupor cómo se abusa de esa causa por algunos sinvergüenzas que resuelven posar de víctimas cuando no lo son", dijo el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

Esos responsables de crear "falsas víctimas", añadió el alto cargo, "tratan de conseguir para ellos, ilegítimamente, unos recursos".

Esguerra aludió este miércoles a la orden impartida el martes por la magistrada Teresa Ruiz, del Tribunal Superior de Bogotá, para investigar si hay "falsas víctimas" en la masacre en los Llanos Orientales y que hasta ahora se consideraba que había dejado medio centenar de muertos.

Por esa masacre, de la que ahora se podría deducir que dejó menos muertos de los que inicialmente se creía, la CorteIDH condenó al Estado colombiano y ordenó indemnizar a las familias de 40 víctimas.
 

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