Ministerio de Transporte deberá definir si "bicitaxis" pueden operar o no: Corte Constitucional

El alto tribunal consideró que se debe tener en cuenta se deben tener en cuenta el derecho fundamental al trabajo.

Al resolver una acción de tutela, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Transporte que tome las medidas con el fin de definir la manera en la cual se establecerá la forma para que pueden operar o no los llamados bicitaxis en Bogotá.

En este sentido el alto tribunal indicó que el Ministerio debe tomar una decisión de manera definitiva frente a este sistema de transporte que se ha popularizado en la capital de la República, manifestando que a la hora de tomarse una decisión se deben tener en cuenta los parámetros señalados en la sentencia C-981 de 2010. (Ver Critican a la Secretaría de Movilidad por "dejar a la deriva" a bicitaxistas)

La Corte igualmente exhortó a la Alcaldía Mayor de Bogotá por medio de su Secretaria de Movilidad para que cuando se tome una decisión sobre este hecho se procedan a diseñar políticas frente al uso de este servicio cumpliendo con los parámetros de confianza legítima y democrático y el derecho fundamental al trabajo de quienes ejercen tal actividad.

“Una vez definido por parte del Ministerio de Transporte si los vehículos no automotores pueden o no ser homologados para la prestación del servicio público de transporte, proceda a diseñar la política a nivel local sobre el bicitaxismo”, precisa el resuelve de la decisión. (Ver Bicitaxis sin control)

En el desarrollo de esta política pública, la Corte indica que ze deben garantizar la participación de los potenciales afectados, así como tomar medidas que mitiguen el impacto de sus derechos fundamentales, específicamente, al trabajo y al mínimo vital, observando ante todo el principio de confianza legítima.

Este pronunciamiento la hizo la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional al revisar una acción de tutela presentada por la Federación Nacional de Bicitaxis (Fenalbic), la Federación Nacional de Bicitaxistas de Colombia (Fenabicol), la Corporación Suroriental de Tricimovilidad y la Asociación de Propietarios de Bicitaxis de Suba (Asoprobisuba), en contra de la Secretaría de Movilidad del Distrito de Bogotá y la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los accionantes indicaban que las medidas tomadas por la Alcaldía de Bogotá afectaron sus derechos fundamentales invocados: trabajo, mínimo vital, propiedad privada y libre empresa.