Ministro de Defensa dice que no conoce denuncia sobre 87 desaparecidos en manifestaciones

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Diego Molano señaló durante una rueda de prensa dijo que no tenía conocimiento de esa cifra que fue denunciada por la Defensoría del Pueblo. En ciudades como Cali, Quindío, Bogotá y Barranquilla fueron reportados los casos.

El ministro de Defensa Diego Molano, quien lleva algo más de dos meses en el cargo tras el fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, vive uno de los momentos más críticos en su corta carrera en la dirección de esta clave cartera ministerial. En la mañana de este 4 de mayo de 2021, Molano compareció ante los medios de comunicación en compañía del director de la Policía, general Jorge Luis Vargas y el comandante de las Fuerzas Militares, Fernando Navarro. Uno de los titulares que dejó su intervención es que no conocía la denuncia que hizo la Defensoría del Pueblo, que arrojó la alarmante cifra de 89 personas desaparecidas en el marco de las manifestaciones.

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La entidad veedora, a cargo de Carlos Camargo, señaló esta mañana 87 denuncias de presuntas desapariciones de personas, durante la protesta social convocada el 28 de abril. La cabeza de la Defensoría del Pueblo, que ha sido cuestionado por su papel en medio de las manifestaciones y los enfrentamientos con la Fuerza Pública, también informó de los hechos a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Según el reporte de la Defensoría, la mayoría de los casos se concentran en el Valle del Cauca (37),Quindío (17), Bogotá (14) y Barranquilla (10), principalmente.

Diego Molano también señaló durante su intervención que se reunió con el subdirector de Naciones Unidas en Colombia, Jorge Monje, para hablar sobre la denuncia de un ataque a un ataque a funcionarios de Naciones Unidas en Cali en medio de la refriega entre manifestantes y la Policía. “Me dijo que había un grupo de funcionarios de Naciones Unidas en compañía de funcionarios de la Procuraduría, en uno de los eventos que se presentaron ayer (lunes), y que han señalado ellos que no hubo un ataque directo a los funcionarios de Naciones Unidas”, aseguró Molano durante la rueda de prensa.

La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, organismo creado con el Acuerdo de Paz con las Farc, hizo un llamado urgente “al Gobierno Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo, como garantes de los derechos humanos de la ciudadanía, para exigir que cesen las agresiones, la violencia desproporcionada que, según fuentes públicas, le han costado la vida a alrededor de 18 personas, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas contra manifestantes que participan”.

Según la Unidad, los hechos que vienen ocurriendo en el país y la respuesta que institucionalmente se está dando desde la fuerza pública “antes que garantizar la no repetición, está reproduciendo prácticas de violencia y abusos que no pueden ser admisibles a la luz de la dignidad de las personas”. Y agregó que, a diferencia de la Defensoría, los registros de La Mesa Nacional de Trabajo sobre Desaparición Forzada, de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, “ha documentado 135 denuncias por posibles desapariciones forzadas de personas en contexto de las manifestaciones de los últimos días”. De ellas, 107 continúan desaparecidas. Esta cifra, como todas las que tienen que ver con este crimen, podría ser un subregistro de acuerdo a las mismas fuentes.

“El ejercicio del poder por parte de las instituciones constitucionalmente establecidas es uno de los temas centrales de la construcción de paz y las garantías de no repetición. Por esta razón, son motivo de suma preocupación las reiteradas denuncias de organizaciones sociales y familiares de manifestantes que desconocen la suerte y el paradero de sus seres queridos que fueron presuntamente detenidos”, puntualizó la entidad.

Asimismo, le recordó a la fuerza pública que proteger la vida humana es la tarea fundamental de quienes tienen a cargo la seguridad: “Las personas que cometan delitos deben ser puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes. El empleo de armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es una medida extrema que solo se justifica cuando un presunto delincuente ofrece resistencia armada o pone en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas. No se puede criminalizar la protesta pacífica, ni las justas reivindicaciones que se han expresado en ellas”.

Molano, y los generales Navarro y Jorge Luis Vargas de la Policía han reiterado que las autoridades han operado en el marco de la ley pero que también piden que se investigue en qué circunstancias varios uniformados dispararon contra la población civil. “Nadie ha dado instrucciones de disparar (...) Agredir a un miembro de la Policía es un delito, que es el de ataque a servidor público”, concluyó la cabeza de la Policía.

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