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El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció que una vez se inicie próximo periodo legislativo presentará ante el Congreso un proyecto de ley que reglamentaría la pena de prisión perpetua revisable para los casos de homicidio y abuso sexual contra menores de edad. Según un comunicado de prensa de esa cartera ministerial, el ministro Ruiz calificó de indignantes los asesinatos de niños ocurridos durante las dos semanas transcurridas del 2021 y señaló que “estos hechos deben ser castigados con la mayor severidad”.
“Estos actos execrables contra los niños y adolescentes no se pueden tolerar. No podemos permitir atentados contra nuestros niños, son ataques directos al futuro de Colombia y a la salud mental de la sociedad”, enfatizó el alto funcionario, quien fue designado como jefe de esa cartera ministerial en octubre de 2020 por el presidente Duque. La prisión perpetua revisable fue aprobada por el Congreso de la República en el mes de junio de 2020 mediante el Acto Legislativo 01 de 2020, que estableció un plazo de un año para presentar la ley que reglamenta dicha reforma constitucional.
La aprobación en el Congreso de la pena perpetua para los violadores de menores de edad es considerada uno de los hitos legislativos del gobierno de Iván Duque Márquez, a pesar de las críticas de juristas, academia y organizaciones sociales que consideran que la medida es contraria a la Constitución. Desde su aprobación se han presentado ante la Corte Constitucional siete demandas que fueron inadmitidas para su estudio por considerar que las acciones judiciales no cuentan con los requisitos para ser estudiadas.
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“Como Ministerio de Justicia hemos elaborado la iniciativa para radicarla de manera oportuna, buscando castigar de forma ejemplar a quienes cometen estos deleznables actos”, afirmó Wilson Ruiz, quien también fue ternado para ser procurador general. Según el ministerio, la gravedad de estos delitos se refleja en las estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que reportó que entre enero y noviembre de 2020 se presentaron 511 homicidios de menores de edad y se practicaron 14.141 exámenes médico-legales por presunto delito sexual contra los niños.
“Es responsabilidad de todos proteger a los menores y como Gobierno nacional, no ahorraremos esfuerzos para salvaguardar la integridad de los niños, niñas y adolescentes”, agregó el jefe de la cartera de Justicia. Una de las demandas presentadas contra la aprobación de junio de 2020 por el Congreso señala que hubo vicios de forma en el Congreso, que la pena perpetua sustituyó el principio de la dignidad humana, pilar de la Constitución que prohíbe imponer sanciones crueles o inhumanas y que esta pena anula la finalidad resocializadora de la pena.
El abogado Germán Calderón España por su parte asegura que la pena perpetua es incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño y vulnera el principio de la dignidad humana, valor fundante del Estado Social de Derecho.
A su vez, estudiantes de la Universidad Javeriana aseguran que no solo se vulneran los tratados internacionales, sino también que se sustituyó a la Constitución Política. Omar Huertas Díaz y Carolina Amaya Sandoval de la Universidad Nacional aseguran igualmente que la pena perpetua no va de la mano con la función resocializadora, ni con la dignidad humana. Con argumentos similares, Jaime Alberto Cepeda Torres y Paula Andrea Sierra Echeverri presentaron una “intervención ciudadana” en la que dicen que también se vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.