Misión militar de EE. UU. seguirá suspendida, a pesar de pedido del Centro Democrático

Los senadores Carlos Felipe Mejía, Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria, del partido de gobierno, habían pedido anular el fallo de tutela porque no los notificaron por correo electrónico o Whatsapp. El Tribunal de Cundinamarca, sin embargo, negó el recurso.

14 de julio de 2020 - 04:10 p. m.
El Tribunal reiteró que los estadounidenses deben suspender actividades.
El Tribunal reiteró que los estadounidenses deben suspender actividades.

Un fallo de tutela le ordenó al presidente Iván Duque suspender la misión militar del comando sur del Ejército estadounidense en Colombia, pues nunca tuvo el visto bueno del Senado, como ordena la Constitución. Aunque miembros del Centro Democrático —partido de Gobierno— intentaron salirle al paso al fallo con un recurso de anulación en el que aseguraban que no los notificaron porque nunca les llegó un mail, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les negó ese pedido este martes. Por ende, sigue en firme la orden de mantener suspendida las actividades militares extranjeras, que logró senador Iván Cepeda, quien lideró la demanda.

(En contexto: Brigada de EE.UU. en Colombia debe suspender actividades: Tribunal de Cundinamarca)

El argumento principal de Cepeda era que sus derechos a la participación política habían sido vulnerados. Mientras estudiaba la tutela, el Tribunal ordenó colgar una invitación en la página web del Senado para que la corporación allegara sus opiniones. Pero los senadores Carlos Felipe Mejía, Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria se valieron de esa razón para pedir la nulidad: “en el Senado reposa toda la información de los suscritos (email, wasap, celular, dirección, etc.) y por esa vía se han hecho conocer desde tiempo atrás citaciones, invitaciones, acciones de tutela; de manera que cualquier otro medio distinto a la página web hubiera resultado eficaz e idóneo para notificar la existencia de una acción de tutela”.

Y continuaba su recurso: “Ese reprochable modo de actuar implicó que nunca se nos notificó de la tutela como integrantes de esta corporación ni vía mail, como hubiera sido lo normal, ni por otro tipo de correspondencia, por lo que no fue posible ejercer el derecho de contradicción que nos asiste. Ello deberá traer como consecuencia la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la acción de tutela”. Sin embargo, el Tribunal desestimó su pedido y aclaró que la suspensión de las actividades militares de las tropas estadounidenses en Colombia persiste hasta que el Consejo de Estado resuelva las impugnaciones que interpusieron el senador Álvaro Uribe y el Ministerio de Defensa.

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Los magistrados dijeron que no compartían el reproche de los senadores del Centro Democrático, pues “la publicación del auto que admitió la tutela en la página web oficial del Senado es mecanismo eficaz para permitir la intervención procesal de los interesados, pues atiende un criterio objetivo sobre el uso de los medios tecnológicos oficiales en las diversas ramas del poder público”, según reza el auto. Luego de citar jurisprudencia y normas internas del Congreso, el Tribunal reiteró que “ese medio (la página web) es el canal de comunicación institucional de esa corporación (el Senado)”, con lo cual, no fueron los magistrados los que erraron ya que, continúa el auto, su notificación fue “eficaz”.

Además, Mejía, Valencia y Gaviria habían pedido que el Tribunal aclarara cuatro puntos que, a su parecer, no habían quedado claros: los derechos fundamentales vulnerados, la definición del tránsito de tropas extranjeras, las órdenes dadas y el supuesto “cambio de precedente” en el que habían incurrido los magistrados. Sin embargo, al negar su pedido, la corporación judicial dijo “esta sala encuentra que los cuestionamientos dirigidos por los intervinientes contra las consideraciones que fundamentan la sentencia que resolvió en primera instancia la tutela del caso obedecen más a criterios interpretativos y no a causales que configuren la aclaración, razón por la cual se negará la solicitud”.

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Entretanto, desde que se conoció el fallo el Gobierno anunció que lo impugnará. Y así lo hizo formalmente el pasado 7 de julio. Ya al conocer la decisión el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo había dicho que sustentarían su pedido de una segunda instancia en que “la presencia en actividades de asesoría, capacitación y entrenamiento, de un componente de la Brigada Norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés), a la luz del ordenamiento constitucional no requiere permiso del Senado de la República”. Trujillo recalcó en ese momento y ha dicho desde que comenzó esta polémica que los uniformados estadounidenses no están armados y no harán parte de las operaciones contra el narcotráfico.

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