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Cuando Ramsés Vargas Lamadrid, asumió la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe en 2013 aseguró que llegó a “limpiar la casa”. No era para menos, el centro educativo venía de cinco años de saqueos económicos y la única responsable fue la exrectora Silvia Gette Ponce, presa por homicidio y soborno. Ahora, otros cinco años después, la Universidad se encuentra en la mira de las autoridades por presuntas irregularidades que llevaron de nuevo a la crisis financiera y administrativa del centro educativo.
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Desde agosto del año pasado, las protestas y el descontento de los estudiantes, profesores y comunidad administrativa de la Universidad Autónoma del Caribe se volvieron cotidianas. Aunque desde 2016 venían exigiendo el pago de sus salarios, en 2017 las protestas tomaron fuerza y, con la ayuda de estudiantes, el tema llegó hasta oídos de las autoridades. La más reciente determinación fue la que se conoció por parte de la Fiscalía que abrió una investigación, realizó una inspección judicial a la Universidad y buscará escuchar al exdirectivo Ramsés Vargas sobre las problemáticas de la entidad. El fiscal general Néstor Humberto Martínez negó las versiones de una orden de captura en su contra.
Por su parte, el abogado Iván Cancino que representa al exdirectivo señaló, "mi cliente está en total disposición de atender los llamados que haga la justicia, en aras de aclarar todos los asuntos y dudas que haya sobre su gestión como rector de la Universidad. Mi cliente tiene la voluntad irreductible de permanecer en Colombia"
Ramses Vargas aseguró cuando tomó la dirección del claustro educativo en una columna de Las2orillas que después de recorrer las calles de Kabul con chaleco antibalas podría “lograr cosas imposibles”. Ahora Ramses quien renunció hace una semana a su cargo, podría enfrentar un proceso judicial por cuenta de la crisis en que se encuentra la Universidad, la misma que aseguró sacaría de todos los líos económicos, por lo que se espera se presente voluntariamente ante las autoridades.
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La intervención
Los líos de la Uniautónoma no son recientes ni de poca monta. Desde hace por lo menos un año estudiantes, profesores y personal del área administrativa vienen dando una pelea para que las irregularidades que han denunciado sean escuchadas y solucionadas. La mayoría de ellas tienen que ver con problemas en el manejo de los dineros de la universidad y quienes han liderado las protestas señalan que el responsable es, precisamente, el exrector Ramsés Vargas. Los Ministerios de Trabajo y de Educación ya intervinieron para investigar lo que está pasando dentro del centro educativo.
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Las primeras pesquisas que han conocido es que la universidad no cumplió con una serie de requisitos que habían pactado en 2003 con el Icetex para concretar un convenio para asegurar la permanencia de estudiantes de estratos uno, dos y de la institución. Aunque el programa comenzó a funcionar, las irregularidades no demoraron en aparecer. La universidad no le avisó al Icetex cuántos estudiantes estaban vinculados en el programa y cuando por fin lo hizo, 10 años tarde, la entidad le contestó que no podía realizar el pago porque no tenía información de los afiliados.
El desembolso que hace falta para pagar las becas, según la entidad de créditos, lo tendría que asumir el centro educativo. Esto enfureció a los estudiantes que empezaron y terminaron sus carreras con un apoyo económico que se desvaneció. Los problemas no acaban ahí. A esta crisis se le sumaron las constantes peticiones del personal administrativo para que les pagaran sus salarios y cesantías. A ellos, se les sumaron varios profesores. Al tiempo que estos aprietos ponían en duda la administración de la universidad, los señalamientos en contra del rector no cesaron.
Desde su nombramiento, varios estudiantes y profesores advirtieron que Ramsés Vargas no podía estar en la rectoría de la universidad. Según denunció La W, el exrector no cumplía con los requisitos para llegar a su cargo pues, según el reglamento, debía tener una hoja de vida intachable. La emisora explicó que varios cuestionamientos pusieron en duda el trabajo de Vargas cuando fue gerente del área metropolitana de Barranquilla y cuando fue tesorero del distrito de Barranquilla durante la administración de Edgar George.
Otro de los resultados que se han conocido de las investigaciones del Ministerio de Educación, es la documentación sobre los aumentos del salario del exrector Vargas. Según la cartera ministerial, Vargas recibía un salario de $95 millones y una bonificación de $69 millones mensuales como un auxilio de seguridad. La comunidad educativa, preocupada por la situación de la universidad, no se explicaban cómo estaba permitido que recibiera ese bono si dentro de la nómina de la institución estaban incluidos los escoltas de Ramsés Vargas y sus carros blindados.
Con estas evidencias a la mano, el Ministerio ordenó una serie de medidas y le ordenó a Vargas a fijar un plan de reducción de gastos, el cual debía incluir, entre otros, restricción de autorizaciones de viáticos, tiquetes, desplazamientos de personal (nacional o fuera del país) y publicaciones onerosas. Veinte días después de que se conocieran las directivas de Ministerio de Educación, se conocieron dos datos que volvieron a golpear la reputación de Ramsés Vargas: las fotos de una mansión en Boca Ratón (Estados Unidos) en donde presuntamente estaría radicada su familia y está avaluada en US$3 millones; y la autorización del Consejo Directivo de aprobar una beca por más de $84 millones para que pudiera realizar un curso de verano en la Universidad de Pennsylvania, en Estados Unidos.