Eduardo Montealegre Lynett, el único de los tres candidatos que tiene perfil de penalista entre los ternados a la Fiscalía con 20 años de experiencia profesional en ese campo, fue el último en presentar las propuestas de trabajo en las que se basará si es que es elegido.
Este jurista de la Universidad del Externado enfocó su exposición de 15 minutos en el eje de los derechos humanos y el derecho penal internacional. Destacó la relevancia que los derechos humanos han adquirido tras la Segunda Guerra Mundial, y planteó de entrada que, de posesionarse como cabeza del ente investigativo, presentará al Congreso un proyecto de ley estatutaria para ampliar la protección a los DD.HH. en Colombia.
“El primer eje de trabajo será una propuesta firme en materia de derechos humanos. En este punto el diseño de la política criminal de la Fiscalía General de la Nación es la de plantear al Congreso de la República una ley estatutaria que permita la ampliación de la protección de los derechos humanos. La incorporación de las estructuras de imputación del derecho penal internacional al derecho penal interno”.
El abogado aseguró que de ser elegido Fiscal General de la Nación no habrá marcha atrás a las graves investigaciones por corrupción y violaciones de derechos humanos que están en curso, y advirtió que por el contrario será firme e imparcial en tomar las decisiones decisiones necesarias para que se haga justicia.
“Señores magistrados tengan la certeza que de ser elegido Fiscal General de la Nación, seré un juez independiente, que trabajaré armónicamente con la Sala Penal y con la Corte Suprema de Justicia y que no habrá ningún retroceso en las graves investigaciones en materia de corrupción como en la salud, la contratación y otros temas sensibles para el país”, dijo el abogado durante la intervención dante los magistrados de la Sala Plena de la Corte de Justicia.
Según Montealegre, al país le convendría incorporar conceptos del derecho penal internacional al código penal nacional. Se refirió, por ejemplo, a la doble imputación, la cual trata no sólo de determinar responsabilidades individuales –que es el concepto clásico del derecho penal– sino de establecer, además, el hecho total.
Ello significaría, de acuerdo con el abogado, estar en concordancia con los criterios de la Corte Interamericana de DD.HH., organismo que tradicionalmente ha solicitado no sólo que se conozca quién cometió X delito sino el contexto histórico dentro del que la estructura ilegal existió.
Este asunto, resaltó Montealegre, también debe aplicarse para modificar el rumbo de la justicia transicional: “La justicia tiene que abandonar el análisis de responsabilidades individuales y añadir el criterio del contexto histórico. Las investigaciones penales deben cumplir ese criterio, porque está estrechamente ligado al concepto de la verdad histórica. Las investigaciones penales tienen que establecer patrones, modus operandis; desenmarañar la base de los aparatos organizados de poder. Y responder a los criterios internacionales”.
Profundizando un poco más en el tema de justicia transicional, Montealegre se remitió al más reciente informe de la Alta Comisionada para los DD.HH. de la ONU, en el que se habló de priorizar los delitos más graves para desbaratar aparatos organizados de poder. Montealegre sugirió que el país debe escoger entre dos modelos de justicia transicional, la priorización o la selectividad, y que sería conveniente revisar el trabajo de tribunales internacionales, especialmente el que se creó para la antigua Yugoslavia.
Otro asunto que señaló fue el de protección a las víctimas. Según Montealegre, es necesario que en la Fiscalía haya un cambio filosófico para abordar a las víctimas, entendiendo que el derecho penal moderno se entiende como un diálogo entre agresor y agredido.
Ya cerrando su exposición, Montealegre mencionó otras de sus propuestas de trabajo: desmonopolizar la acción penal y fortalecer los mecanismos de lucha contra la criminalidad armada y la corrupción. Sobre esta última idea, este penalista recordó el trabajo que hizo la Corte Suprema italiana para combatir a las mafias, que fue “fundamental para esa democracia”.
Perfil
Eduardo Montealegre, es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Penal de la misma Universidad, tiene un posgrado en Derecho Penal en la Universidad de Bonn y se especializó en Derecho Constitucional en la Universidad de Erlangen, Alemania.
Ha sido profesor de Derecho Penal por más de 20 años, fue Viceprocurador General de la Nación, magistrado y Presidente de la Corte Constitucional.
Además, ha sido autor de varias obras jurídicas y en la actualidad es consultor y Director del Centro de investigaciones en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia.