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Cuando Néstor Humberto Martínez se posesionó como fiscal general, el 1 de agosto del año pasado, tomó la decisión de someter a un polígrafo a los ocho candidatos finales que aspiraban al cargo más importante de la administración que apenas comenzaba: la Dirección Nacional Especializada contra la Corrupción. Desde la primera vez que habló como fiscal, Martínez advirtió que su cruzada iba a ser contra la corrupción, el “cáncer” que estaba “socavando los cimientos de nuestra institucionalidad” y quien llegara al cargo de jefe anticorrupción iba a ser su mayor aliado. Los ocho candidatos se sometieron a la prueba. El único que pasó fue Gustavo Moreno Rivera.
Ahora, sin embargo, el mundo de Moreno Rivera está al revés: pasó de ser el mayor investigador de los corruptos en Colombia a enfrentar la posibilidad de una extradición por él mismo haber cometido, supuestamente, actos de corrupción. El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que Moreno, desde noviembre de 2016, le solicitó en varias oportunidades sobornos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, de hasta $400 millones, a cambio de favorecerlo en las investigaciones que se han abierto en su contra en la Fiscalía. Al parecer, en lo que habría sido una muestra de poder y de alcance, Moreno llegó a enviarle correos encriptados con declaraciones de testigos.
Gustavo Moreno está metido en el mayor lío de su vida porque los estadounidenses aseguran que tienen grabaciones, en audio y video, de cómo procedieron los sobornos, especialmente el último, que se habría dado hace unas dos semanas en Miami. Lyons está en esa ciudad desde abril, y por eso la Fiscalía no ha podido imputarle los 20 cargos que tiene listos contra él por las anomalías que habría promovido para quedarse con dineros públicos. Este jueves, la vicefiscal María Paulina Riveros anunció que la Fiscalía está dispuesta a negociar con él bajo dos condiciones: “Uno, que garantice la reparación integral al Estado; y dos, que entregue todos los detalles de la corrupción en el departamento de Córdoba”.
Mientras todo este debate ocurre, Gustavo Moreno continúa en los calabozos del búnker, aguardando a sea trasladado a La Picota. La Fiscalía está segura de que, en cuestión de meses, Moreno será extraditado. Así las cosas, pasaría a ser el segundo fiscal que es capturado en ejercicio y enviado a los Estados Unidos para que enfrente un proceso en ese país. El primero fue Ramiro Antury, quien fue detenido en 2010 por cargos de narcotráfico y pasó cuatro años preso. Moreno, además, se convirtió en el rostro de una nueva estrategia de la Fiscalía, en la que está comprometido también el gobierno estadounidense: cooperación binacional en temas de corrupción. Eso vino a ratificarlo en Bogotá el fiscal adjunto de EE.UU., Kenneth Blanco.
A Estados Unidos, como suele ocurrir, le interesa especialmente el tema de extinción de dominio y así lo dejó saber Blanco, al referirse a “bienes comprometidos con hechos ilícitos”. Al tiempo que lo mencionaba públicamente, la Fiscalía organizaba todo para incautar las propiedades de Moreno y del abogado Leonardo Pinilla -quien presuntamente fue su mano derecha en todo lo relacionado con los sobornos que le habrían pedido a Lyons-. La Fiscalía sospecha que ambos quizá traspasaron bienes a personas cercanas a ellos, razón por la cual también se están indagando las propiedades de sus círculos familiares.
El Espectador hizo un rastreo inicial de las propiedades que figuran o han figurado en las oficinas de registros públicos a nombre de Gustavo Moreno. También los de su esposa, Carolina Rico, quien al parecer tenía en su poder billetes de los que le entregó el exgobernador Alejandro Lyons a Moreno como parte de la “trampa” que le tendió la DEA al exjefe anticorrupción para poder confirmar que él había pedido un soborno; y los de Leonardo Pinilla. La mayoría de propiedades eran apartamentos que fueron adquiridos a partir de 2013, es decir, antes de todo el asunto Lyons. Aun así, son ellos quienes tendrán que demostrar ante un juez que los compraron con dineros lícitos.
Casi todas las propiedades que han adquirido Gustavo Moreno y su esposa, Carolina Rico Rodríguez, las han vendido. A nombre de Rico Rodríguez aparece hoy un apartamento de 53 metros cuadrados, que está en el exclusivo sector de Chicó en el norte Bogotá. Esa propiedad se la vendió Germán Madero Pérez, secretario de Competitividad del actual gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey a Gustavo Moreno por $178 millones en mayo de 2013. Moreno, a su vez, se la vendió a su esposa dos años más tarde por $229 millones. A nombre de Moreno también aparece un negocio en proceso por un apartamento de 145 metros cuadrados, que también está localizado cerca al centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá.
Lo que aparece a nombre de Leonardo Pinilla, el abogado que quedó a cargo con procesos de Moreno cuando este fue nombrado jefe anticorrupción en la Fiscalía (como el de Luis Alfredo Ramos), es —con dominio incompleto, es decir, no de toda la propiedad— un apartamento de 49 metros cuadrados ubicado en Montería, en el barrio El Recreo. Él hizo una inversión de $117 millones en marzo de este año.