:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/g3LVbUIhYPyVvJzmtSUmiZnES2g=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/ZOXNRXOWTNHDVJ6TT7GMTUBENA.jpg)
El exfiscal Luis Gustavo Moreno, investigado por el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga, aún no logra que le sea aprobado el principio de oportunidad que suscribió con la Fiscalía. Ayer, el Juzgado 39 de Garantías de Bogotá se lo negó por segunda vez, pues, en su criterio, se presentaron errores por parte de la Fiscalía y en el planteamiento jurídico. Además, el proceso de extradición de Moreno, que está en curso, abre la puerta a que sea trasladado a Estados Unidos sin haber revelado toda la información que conoce.
Una de las irregularidades que señaló el juez para negar el principio fue que la Fiscalía debe aportar todo el material que se tenga de la investigación para que durante la colaboración no salgan más delitos por los que pueda ser acusado. Además aseguró que para “al señor Luis Gustavo Moreno debe agotarse esta etapa de la acumulación de imputación de cargos antes de que se proceda al principio de la oportunidad”. Para el juez no es claro hasta dónde se extiende el acuerdo en cuanto a delitos y aseguró que la Fiscalía no ha sido clara al respecto.
El juez agregó que, “si este despacho le está brindando un aval constitucional al principio de oportunidad, pues debe ser lo que se está brindando taxativamente en ese principio, no puede ser entonces que, ahora, se avale un principio de oportunidad y más adelante si constituyen más delitos, también deba ser acogido”.
Frente a la ausencia de Moreno durante la audiencia —únicamente se presentó su defensa—, el juez cuestionó: “Si bien el señor Luis Gustavo Moreno no quiere venir a la diligencia por circunstancias, podríamos decirlo en primera medida, de seguridad, él debería ser el mayor interesado en esta actuación y no está. Hay otros mecanismos para que la persona esté presente, como las audiencias virtuales”.
Entre las consideraciones hechas, también se cuestionó que la Fiscalía no haya presentado un compromiso escrito de Moreno en el que dejara en claro su voluntad de acogerse al acuerdo. “El principio de oportunidad que brinda el ente investigador es entre la Fiscalía como representante del Estado y la persona imputada o acusada. ¿Entonces dónde está la diligencia de compromiso en donde Moreno se compromete como testigo y a prestar esa colaboración?”.
El juez agregó: “El día de mañana llega a juicio y Moreno va a decir: ‘Dígame, señor fiscal, ¿dónde está escrito que yo haya firmado que yo me comprometí a servir como testigo?’. Hay unas formalidades donde la Fiscalía ha errado. Hacen falta requisitos para el aval constitucional del juez”. Al dictarse la decisión, tanto el ente investigativo como la Procuraduría y la defensa del investigado presentaron los respectivos recursos de apelación.
El principio de oportunidad que Moreno suscribió con la Fiscalía a finales de noviembre pasado establecía inmunidad mientras se desempeñó como litigante mas no como fiscal, a cambio de revelar información sobre 26 personas que estarían comprometidas en la presunta entrega de dineros para salir favorecidos en procesos judiciales. La inmunidad incluye los delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada.
En la lista de nombres involucrados en el escándalo de corrupción se destacan los de Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y el magistrado del alto tribunal Gustavo Malo. Además, según Moreno, algunos de los beneficiados, tras hacer supuestos pagos para frenar procesos judiciales en su contra, serían el senador Mauricio Lizcano, la exgobernadora del Quindío Sandra Paola Hurtado, el exsenador Martín Morales y los senadores capturados Álvaro Ashton y Musa Besaile. Otros nombres mencionados por el exfiscal son el de la exparlamentaria Zulema Jattin, el exgobernador Luis Alfredo Ramos, el exsenador Julio Manzur y el exgobernador Juan Carlos Abadía.
Su colaboración con la justicia se frenó por primera vez el pasado 16 de enero, cuando la jueza 23 de garantías de Bogotá le negó el principio de oportunidad al considerar que “por lo menos debe estar delineado el aspecto fáctico y jurídico de las conductas frente a las cuales se aplica el principio de oportunidad.” Así las cosas, lo que podría pasar después de este segundo rechazo por parte del juzgado, es que el exfiscal, testigo clave del entramado de corrupción en la Corte Suprema, sea extraditado y se lleve con él gran parte de la verdad.