Las movidas de Alberto Santofimio en la CIDH

El exdirigente político, condenado a 24 años por el crimen de Luis Carlos Galán, pidió que se revise su sentencia. La Comisión acaba de admitir el proceso.

Alberto Santofimio Botero fue condenado a 24 años de prisión. / Archivo

Para la justicia colombiana no hay duda alguna de que Alberto Santofimio Botero fue el instigador del magnicidio de Luis Carlos Galán. Por ese crimen, perpetrado el 18 de agosto de 1989 por una célula de sicarios del cartel de Medellín, el exdirigente tolimense terminó condenado por la Corte Suprema de Justicia, en agosto de 2011, a 24 años de prisión. Sin embargo, Santofimio insiste en su inocencia y ahora su expediente será revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Bajo el radicado P-324-12, el organismo internacional admitió el caso el pasado 12 de enero.

El Espectador tuvo acceso a los documentos de la CIDH que ya le fueron notificados a Santofimio —detenido en la cárcel La Picota de Bogotá— y a la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín. Según la comunicación, el organismo, con sede en Washington, le otorgó un plazo máximo de tres meses al gobierno colombiano para que responda a la petición de Santofimio Botero y de su abogado Ricardo Cifuentes de tumbar la condena. “La presente solicitud de información no constituye prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH eventualmente adopte sobre la admisibilidad de la petición”, se lee.

Por ahora el caso Santofimio Botero está en etapa de preadmisibilidad. Es decir, la CIDH encontró razones de fondo para estudiarlo, pero aún no lo acepta formalmente hasta tanto el Estado colombiano sea notificado del proceso y dé respuesta en tres meses. Sin embargo, expertos consultados por este diario señalaron que aquello es una formalidad y que es casi un hecho que el expediente será asumido por el organismo internacional. Incluso, en la comunicación enviada la CIDH advierte que “se pondrá a disposición de los peticionarios y el Estado a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos establecidos en la Convención Americana”.

Se trata, ni más ni menos, que del último recurso judicial del hombre que, según la Corte, azuzó al matón de matones, Pablo Escobar Gaviria, para que asesinara a Galán Sarmiento, su rival político y posible presidente de Colombia en 1990. Las razones de esa autoría intelectual las dio John Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, el sicario que se atribuye —¿se jacta?— no menos de 3.000 muertos: si Galán llegaba al Palacio de Nariño —le habría dicho Santofimio a Escobar— la extradición del capo no tendría reversa. En contraste, en un extenso documento enviado a la CIDH en febrero de 2012, la defensa de Santofimio esgrimió otras tesis y, una vez más, calificó la condena de ridícula.

El documento, que fue estudiado por la CIDH para preadmitir la demanda, asegura que el testimonio de Popeye es tan falaz y contradictorio que el Tribunal Superior de Cundinamarca, en su fallo del 22 de octubre de 2008, desechó esas declaraciones y absolvió a Santofimio. Aún más, en la demanda ante la CIDH se lee lo siguiente: “Haciendo las cuentas de Popeye, teniendo 250 muertes directas como lo pregona en los canales públicos de televisión y condenado a 18 años (en realidad purgó más de 23 años), al final, gracias a sus confesiones, terminó pagando cada muerto con menos de un mes de cárcel, exactamente 26 días por muerto”.

La base fundamental de la demanda de Santofimio, además de desacreditar el testimonio de Popeye, es que en el momento del crimen, es decir, en 1989, aquél se desempeñaba como senador de la República y, por tanto, tenía un fuero especial. En ese escenario, la Fiscalía no podía investigarlo. Mucho menos un juez ordinario. Según el abogado Cifuentes, sólo la Corte Suprema de Justicia podía sentenciarlo. En única instancia. Con ese argumento, el exdirigente tolimense —también condenado por enriquecimiento ilícito en los azarosos años del Proceso 8.000 y de la frase aquella, cómo olvidarla, de “todo fue a mis espaldas”— busca tumbar su caso en Colombia.

Además, en su defensa, el documento suelta frases como esta: “No era posible la existencia de un móvil directo en Alberto Santofimio, pues él no era extraditable, como para matar a Galán por el tema de la extradición, y tampoco era su rival político, pues Galán ocupaba el primer lugar en las encuestas (presidenciales) al tiempo que Santofimio era el cuarto. Si asesinar a sus rivales fuera el método de Santofimio para llegar a la Presidencia, aplicando la regla de la experiencia debería haberse producido por lo menos atentados en contra de (Ernesto) Samper y (Hernando) Durán Dussán, quienes lo superaban y así ‘limpiar’ su camino presidencial”.

O esta: “Tampoco fue necesario un Santofimio para hacerles caer en cuenta a los hampones del cartel de Medellín que Galán iba a ganar las elecciones, pues bastaba con leerlo en los periódicos o mirarlo en las ventanas de los carros o de las casas que se encontraban totalmente afichadas con la imagen de la víctima. Es inverosímil pensar que se necesitaba ‘un genio del mal’, en este caso Santofimio, para hacerle caer en cuenta a Pablo Escobar que Galán iba a ganar las elecciones y que si ganaba lo extraditaba”. Contrariando las consideraciones de la Corte Suprema, Santofimio se declara inocente.

Este diario intentó contactar a los senadores Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, hijos del inmolado dirigente liberal, pero al cierre de esta edición no había sido posible. ¿Puede la CIDH tumbar la sentencia de 24 años de prisión? Está por verse.

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Juan David Laverde Palma

Judicial

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