Multa a expresidente de Interbolsa es el 3% de las pérdidas

Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa. / El Colombiano

Casi tres años después de que la Superintendencia Financiera hubiera intervenido Interbolsa, la justicia definió por primera vez cuánto tiempo pasará privado de la libertad uno de los responsables del que tal vez ha sido el mayor descalabro financiero de la historia colombiana, en el que se “embolató” el dinero de unos 500 inversionistas, desde grandes empresas como el banco BBVA hasta pensionados. Las pérdidas, calcula la Fiscalía, fueron de $366.000 millones.

Se trata de Rodrigo Jaramillo, expresidente de la firma comisionista: fue condenado ayer a siete años de prisión por manipulación fraudulenta de especies y administración desleal, delitos que aceptó durante la audiencia de imputación de cargos.

Precisamente por haber asumido su responsabilidad, por su edad avanzada y porque ha sido “respetuoso con la administración de justicia”, el juez 24 de conocimiento de Bogotá le otorgó la detención domiciliaria, que pagará en su lujoso apartamento ubicado en el sector de El Poblado, en Medellín. También le impuso el pago de una multa de 18.460 salarios mínimos, que son $11.888 millones: el 3% de lo que se habría perdido en los malos manejos de Interbolsa.

La Fiscalía estableció que Jaramillo, como fundador, representante y miembro de la junta directiva de Interbolsa, conocía de las actividades ilícitas del Grupo Corridori, que entre 2011 y 2012 era el principal accionista de Fabricato, para aumentar el valor de la acción de la textilera, en actuaciones que el ente investigador ha definido como propias de una “empresa criminal” y que incluyen el manejo amañado de la compra y venta de las acciones.

“Yo no fui el gestor de este escándalo, pero pido perdón por no tener la entereza de frenar las operaciones cuando se desbordaron”, dijo Jaramillo con anterioridad. En su contra todavía cursa un proceso por los delitos de concierto para delinquir y operaciones no autorizadas, cargos que no aceptó. Al parecer, busca acogerse a un principio de oportunidad por estas dos actividades delictivas.

Defensa y representantes de víctimas apelaron el fallo, el cual será definido por el Tribunal Superior de Bogotá.