El pleito jurídico lleva casi nueve años

Multinacional Poligrow y nietos de exguerrillero liberal, en pleito por tierras en Meta

En Mapiripán hay una hacienda de 120.000 hectáreas que el presidente Gustavo Rojas Pinilla le reconoció al guerrillero Dumar Aljure en los años 50. Hoy, alrededor de ella hay una gran disputa en la que figuran una multinacional, la descendencia de Aljure y hasta paramilitares.

El italiano Carlo Vigna Taglianti es el director de Poligrow en Colombia. La empresa tiene 7.000 hectáreas sembradas con palma de aceite en Mapiripán.Óscar Pérez

Desde que la empresa palmera Poligrow llegó a Mapiripán (Meta) en 2008, la opinión pública conoce dos versiones totalmente distintas sobre las acciones de esa firma italo-española en territorio colombiano. Por una parte, el Gobierno reconoce a la empresa como un caso exitoso de inversión extranjera en el país, pues, al ser el mayor empleador del municipio, contribuye al progreso de la región. Su enfoque en innovación con la comunidad, con el ecosistema y a nivel energético “hizo que su negocio de palma de aceite fuera inclusivo con la comunidad, responsable ambientalmente y motor de desarrollo económico local y regional”, señaló en 2015 Procolombia, la entidad del Gobierno encargada de promover, entre otras cosas, la inversión extranjera. Sin embargo, durante estos nueve años, sectores de la población mapiripense han pensado todo lo contrario.

El último enfrentamiento entre un sector de Mapiripán —que no ve con buenos ojos la presencia de la compañía en el municipio— y Poligrow tiene como protagonistas a William y Dumar Aljure Martínez, nietos del guerrillero liberal de los años cincuenta Dumar Aljure Moncaleano. Recién aterrizada la empresa en la Altillanura colombiana, su director en el país, Carlo Vigna Taglianti, pactó la compraventa de una parte de la finca La Esmeralda, un territorio de 120.000 hectáreas que el presidente Gustavo Rojas Pinilla le reconoció al guerrillero Aljure tras su desmovilización, en 1953. El negocio se hizo con Badid Aljure Peña, hijo del guerrillero liberal, quien actuó como apoderado de sus hermanos Tufit y Loris Aljure Peña, y de sus sobrinos Nini, Dumar y William Aljure Martínez. Ellos tres heredaron parte de ese territorio luego de que su padre, Juan Pablo Aljure Peña, quien apareció muerto en extrañas circunstancias en agosto de 1997.

En ese documento, fechado el 31 de octubre de 2008, se acordó con el director de Poligrow la compra de 70.000 hectáreas de La Esmeralda por $4.200 millones. Sin embargo, una cláusula del contrato señalaba que los Aljure recibirían el 90 % del dinero ($3.780 millones) sólo cuando Vigna Taglianti recibiera los títulos de adjudicación de los terrenos por parte, en ese entonces, del Incoder. Lo cual hasta hoy no ha sucedido. Para la Agencia Nacional de Tierras, La Esmeralda (también conocida como La Santa Ana) es hoy un conjunto de seis terrenos baldíos. Desde 2015, este organismo asumió las funciones del liquidado Incoder. El clan Aljure no entiende por qué el Estado declaró la finca como baldía, pues en 1993 un juzgado de San Martín (Meta) decretó en un proceso de sucesión que La Esmeralda era de su propiedad.

Los hermanos Nini, Dumar y William Aljure Martínez señalaron que le revocaron a su tío Badid Aljure Peña el poder con el que firmó el documento de compraventa en 2008 con el director de Poligrow en Colombia. El Espectador logró establecer que hubo una pugna dentro de la familia Aljure hasta 2011. Los Aljure Martínez alegaban que los terrenos se estaban vendiendo a muy bajo precio, según su tío. Luego, Badid Aljure suscribió dos contratos de compraventa con Vigna Taglianti el 21 de diciembre de 2011, en los cuales se negociaron dos predios de La Esmeralda, Santa Ana 1 y 2, por $2.400 millones, los cuales comprenden 40.000 hectáreas del lote del clan Aljure. En entrevista con este diario, el director de Poligrow aseguró que durante la disputa la empresa italo-española decidió distanciarse y sólo negociar con Badid Aljure.

“Mientras la familia Aljure solucionó sus problemas, nosotros nos apartamos del negocio. Se congeló todo hasta 2011, cuando Badid Aljure Peña nos presentó un acta de preacuerdo de derechos herenciales y un contrato de cesión y permuta de estos derechos en común y proindiviso de la herencia de la señora Ana Felisa Peña Calderón (la madre de Badid Aljure), en los cuales se definía que al señor Badid le correspondían los terrenos Santa Ana 1 y 2. Ese procedimiento se hizo entre los Aljure de común acuerdo y frente a un notario. Actualmente, Poligrow tiene relaciones de amistad y respeto con Badid Aljure. Aproximadamente cinco meses después firmamos los documentos de compraventa de los dos terrenos. Con estos hechos se desmonta toda la pretensión de William y Dumar Aljure en la que ellos aseguran tener derechos sobre Santa Ana 1”, aseguró Vigna Taglianti.

Desde que la empresa llegó al país ha manifestado ante la comunidad internacional y varias ONG que se retractó de los negocios hechos con los Aljure o que nunca se adelantaron pactos comerciales con esa familia. Carlo Vigna Taglianti le dijo a El Espectador que actualmente tiene al menos 20 hectáreas sembradas en ese terreno, luego de llegar a un acuerdo en 2013 con Badid Aljure. Sin embargo, las plantaciones no estarían a nombre de Poligrow sino de Vigna Taglianti. Badid Aljure, por su parte, señaló que actualmente tienen una sociedad ganadera en la Santa Ana 1, con su consentimiento. “Poligrow tiene derechos de posesión y mejora en la Santa Ana 1. Pero aquí hay una discusión de si esos derechos son reales o no. Nosotros somos muy claros al señalar que hoy no tenemos título de propiedad porque esta finca aún no tiene títulos reales. No es cierto que esto sea un plan piloto de Poligrow”, puntualizó el director de la empresa palmera.

William Aljure señaló por su parte que, aunque la división de La Esmeralda se hizo ante un notario, ocurrió bajo presión. “Ningún juez ha decidido si esa repartición es o no legal. La división que ha hecho mi tío ha sido irregular. Él me llamaba en repetidas ocasiones para que firmara las compraventas o sino nos quedariamos sin nada. Si la finca es de 120.000 hectáreas, lo que le corresponde a cada uno de los seis herederos es 20.000 hectáreas. Actualmente, a mi hermano y a mí sólo nos corresponden 10.000 hectáreas a cada uno”, aseguró William Aljure, quien es defensor de derechos humanos y miembro de Conpaz. El campesino mapiripense también aseguró que el problema de fondo es que en los otros predios se encuentran tres hombres que señala de pertenecer al paramilitarismo: Édgar Pérez y otros dos conocidos como el Chato Conde y el Loco Benjumea.

El Espectador tuvo acceso a un video sobre el encuentro que tuvieron el pasado 4 de abril Wilson Saray, abogado externo de Poligrow, y los hermanos Aljure Martínez. En la grabación, Saray asegura que el terreno Santa Ana 1 sí hace parte de la multinacional palmera. Esa reunión se dio en Mapiripán el mismo día que los hermanos Aljure Martínez retornaron al municipio, del cual salieron desplazados por la violencia paramilitar en julio de 2012. En la grabación, el abogado de la multinacional asegura que fue informado sobre la presencia de invasores que estaban ocupando el terreno del “propietario poseedor”, Poligrow. Cuando los supuestos invasores le solicitaron a Saray mostrar la documentación que avalaba que la palmera es dueña del predio, él manifestó que sólo la entregaría a las instancias judiciales.

A su vez, el pasado 16 de septiembre de 2016, Carlo Vigna Taglianti respondió un corto interrogatorio a la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sobre la relación de Poligrow con La Esmeralda. En ese documento, el empresario italiano asegura que, además de no tener derecho real de propiedad sobre el predio, tampoco ha adelantado ninguna acción o gestión para adquirir el derecho real de La Esmeralda. La Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés), la cual establece criterios para la producción sostenible de palma en Colombia y que sigue estándares internacionales, adelantó en 2016 una investigación sobre la palmera, que en su momento encabezó la propia FIP.

Uno de los argumentos de los hermanos Aljure sobre las presuntas irregularidades de Poligrow en Mapiripán apunta a que la empresa, al ser parte de la RSPO, tiene que cumplir a cabalidad los estándares que esta fija, entre los cuales están los que reglamentan la tenencia de tierras y sus derechos de uso. Según William Aljure, el segundo principio de RSPO manifiesta que las empresas deben tener un compromiso total con las leyes y regulaciones, entre las cuales estarían incluidas las que hacen referencia al uso de la tierra. “Poligrow debe demostrar la propiedad legal o el arredramiento de las tierras. En nuestro país se demuestra la propiedad de la tierra con el registro de esta, documento que no existe para La Esmeralda y han intentado con posibles irregularidades”, señalarón los Aljure.

 

El abogado de Poligrow

Esta no es la primera vez que el nombre de Wilson Saray sale a relucir en la disputa entre Poligrow y los hermanos Aljure Martínez. Hace dos semanas, los Aljure le contaron a este diario que el 23 de agosto de 2012 fueron obligados a asistir a una reunión con Édgar Pérez, quien ha sido, junto con su hermano Fernando Pérez, de haber estado asociado con Pedro Oliviero Guerrero, alias Cuchillo (abatido por las autoridades en diciembre de 2010 en inmediaciones de La Esmeralda). Ellos aseveraron que Édgar Pérez los amenazó de muerte si denunciaban su desplazamiento a las autoridades.

Supuestamente, allí también estuvieron Wilson Saray, el Loco Benjumea, alias Pote y un paramilitar conocido como Kalamiskov. “Estas acusaciones son gravísimas y por esto ya cursa una denuncia por injuria y calumnia contra los señores Aljure. Ellos quieren trasladar el caso a los medios y nosotros no queremos eso”, aseguró Vigna Taglianti. Wilson Saray tiene una versión totalmente distinta a la de los hermanos Aljure Martínez.

Aunque admite que estuvo en esa reunión, asegura que ésta fue pactada por los Aljure y que él fue citado para que los representara. Sin embargo, dice que nunca denunció esa reunión porque apenas hace poco conoció que los hermanos Aljure denunciaron los hechos ante la Fiscalía. Además de asegurar que no conocía a los hombres de los grupos armados que estaban presentes, el abogado dijo que el ganadero Édgar Pérez no estuvo allí y que él sólo sabe que es un campesino honesto.

Wilson Saray, quien fue precandidato a la Alcaldía de Granada en 2015 por un partido disidente del uribismo, aseguró que “durante la amnistía a las guerrillas en 1953, el gobierno de Rojas Pinilla no le dio ningún documento que confirmara que a la familia Aljure se le daba el predio La Esmeralda. Basándose en la Ley de Tierras de 1936, el derecho de propiedad lo tienen los Aljure. No es menos cierto que ellos le vendieron a Vigna Taglianti los derechos de posesión y mejoras. Fue un procedimiento sin ningún tipo de presiones que los Aljure realizaron”, señaló el abogado.

La defensa de la familia Pérez

Édgar Pérez, quien aseguró ser víctima de la violencia, por lo cual perdió terrenos en San Martín (Meta), negó todas las acusaciones que hicieron los hermanos Aljure contra su familia y aseguró que su hermano, Fernando Pérez, conocido en la región como el Tomate, sí estuvo en la cárcel durante un año mientras se lo investigaba por hacer parte del grupo posdesmovilización de las autodefensas. En su momento la Fiscalía relacionó a Fernando Pérez con el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano (Erpac) de alias Cuchillo, que operaba en los Llanos. En diciembre de 2010, Fernando Pérez recobró la libertad y la Fiscalía archivó la investigación en su contra.

Otro de los episodios en los que los caminos de las familias Pérez y Aljure se cruzan ocurrió en 1971, cuatro años después de que el Ejército, en extrañas circunstancias, matara al líder guerrillero. “Mi padre, Héctor Pérez, se hizo cargo de esas tierras desde la muerte de Dumar Aljure hasta cuando las guerrillas, los paramilitares y narcotraficantes empezaron a ingresar al territorio a mediados de los ochenta. Fue una situación bastante complicada en materia de seguridad. Nosotros tuvimos que salir de la zona y hemos venido reconstruyendo”.

Édgar Pérez aporto documentación a este diario sobre los negocios que habría concretado con Badid Aljure por la parte de un terreno conocido como Los Naranjos. El documento de compraventa se suscribió entre las partes el 30 de noviembre de 2011. “Las acusaciones de Dumar Aljure no tienen sustento. Nunca he pertenecido a grupos paramilitares. Yo he sido un ganadero común y corriente. La gente en Mapiripán me conoce por la rectitud de mis hechos”.

Abelardo Muñetón Savedra, un mapiripense que fue contratado por William Aljure para construir tres casas y tres corrales en el predio San Felipe de La Esmeralda, se presentó 27 de diciembre de 2012 en la inspección de Policía de Mapiripán para denunciar varios hechos. Primero aseguró que el 13 de julio de ese año, dos hombres llegaron a la mencionada finca. "Uno de ellos se identificó como Édgar Pérez y nos dijo que debíamos parar de trabajar y nos daban 4 horas para irnos y si no, quemaban todo", señala el documento que recoge la declaración de Muñetón. Por último asegura que, después de poner al tanto a William Aljure de los hechos, acordaron un pago de $2 millones, que hasta ese momento no le pagó. "Necesito que me cancele, por eso decidí venir a la inspección", puntualizó Muñetón ante las autoridades.  

 

El número de registro de La Esmeralda

En las promesas de compraventa de la Santa Ana 1 y 2, suscritas por Badid Aljure y Carlo Vigna Taglianti en 2011, aparece el número de registro de La Esmeralda. El Espectador tuvo acceso al documento de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín (Meta) en donde fue inscrito el predio de 120.000 hectáreas, el cual señala que el monumental predio fue vendido por Carmen Rosa Páez a Ana Felisa Peña, esposa del guerrillero liberal. El registro indica que para tener una información más amplia sobre el negocio de las dos mujeres hay que remitirse a la resolución 580 del 24 de noviembre de 1955 del Ministerio de Agricultura y que el trato se produjo en 1960, en la notaría de Armero.

Sin embargo, el documento de esa cartera ministerial no habla en ningún momento de La Esmeralda, sino de un predio ubicado en Boca de Monte (San Martín, Meta) denominado Guayaquil y que tiene una extensión de 110 hectáreas, a nombre de Carmen Rosa Páez. Los linderos de ese terreno tampoco corresponden con los de La Esmeralda.