Murió esperando su pensión

Después de que a una mujer que trabajó como profesora por casi 40 años en Barranquilla y falleció esperando recibir la pensión que por ley le correspondía, la Corte Constitucional le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que investigara al Juez Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla por negligencia en el proceso.

En el año 2011 Ligia Margarita Campbell instauró una tutela con el fin de que se le reconociera el pago de la pensión de la vejez y de gracia. Sin embargo, en primera instancia se le negó por considerar que no existía vulneración a algún derecho fundamental. Además se señaló que siempre se le garantizó el debido proceso y que por su edad ya no podía seguir ejerciendo sus funciones. Campbell había oficiado como profesora en distintos colegios de Barranquilla durante 39 años y ocho meses.
Ante la negativa del primer juez, Campbell apeló, pero el Juzgado Séptimo Penal de Barranquilla confirmó la decisión señalando que como la docente tenía un contrato que establecía el pago de hora cátedra, sólo le daba derecho a la remuneración y por ello que no se le vinculó a la Caja de Previsión Social. Agrega el fallo que debido a su relación contractual no tenía derecho a salud, seguridad social y al mínimo vital.

El caso finalmente fue fallado hace pocas semanas por la Corte Constitucional, que al observar el error cometido por el juzgado de segunda instancia, recalcó que la mujer murió por la “negligencia presentada en el envío tardío del expediente para su revisión”. La corporación aseguró que las demoras que surgieron mientras se tramitaba la tutela por el juzgado séptimo ocasionaron que no se respetaran los derechos que sí tenía Ligia Campbell, perjudicándola durante 12 años, desde que dejó de ser profesora cátedra.

A Campbell la obligaron a retirarse de su profesión a los 78 años y falleció a los 90 sin haber recibido un solo peso de su pensión. El único que estuvo acompañándola en su lucha para que le restituyeran sus derechos fue su sobrino, quien la acogió y le brindó lo que el Estado nunca le reconoció. Este es el vivo reflejo de la situación que actualmente viven miles de colombianos que han intentado tramitar su pensión, y que a pesar de tener derecho a una pensión por vejez, Colpensiones (anteriormente el Instituto de Seguro Social) se ha escudado en el argumento de que si no cumplen con las semanas laboradas estipuladas por la ley no se hacen acreedores a una pensión.

La Corte Constitucional ordenó a la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla que tomará medidas para que no vuelva a incurrir en conductas como las que dieron origen a la presentación de esta acción de tutela y garantice el derecho a la seguridad social de sus empleados. Además, con la investigación ordenada al juez de Barranquilla lanzó un mensaje para que este tipo de expedientes sean revisados con mayor rigurosidad por los jueces de Colombia.