Musa Besaile insiste en teoría del complot

Luego de pagar $2.000 millones para evitar su captura por parapolítica, Musa Besaile se declaró víctima de extorsión por parte de Gustavo Moreno. / Foto: Revista Semana

Foto: FOTO DANIEL REINA ROMERO

Este lunes 11 de septiembre, una solicitud de la defensa del senador cordobés Musa Besaile llegó a la Corte Suprema. Su abogado, Julián Quintana —quien fue director del CTI durante la administración de Eduardo Montealegre—, le pidió a ese alto tribunal cuatro pruebas: oír a Otto Bula, el exsenador liberal que ha sido cercano a Besaile junto con Bernardo "el Ñoño" Elías; que establezca si el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema José Reyes visitó en sus casas u oficinas a José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, o si tiene registradas llamadas telefónicas; que determine eso mismo con respecto al magistrado auxiliar Iván Cortés, y tomar declaración del exmagistrado auxiliar Javier Hurtado.

Sobre la búsqueda del testimonio de Otto Bula, Quintana dice en su documento que es para explicar “cuál fue el motivo de la reunión que sostuvo con la doctora Mónica Gaitán, investigadora del CTI de la FGN (Fiscalía) adscrita ante la Corte Suprema de Justicia, y el señor Andrés de Jesús Vélez en el restaurante La Romana de esta ciudad (Bogotá) a inicios del año 2015”. Según la solicitud, es una prueba pertinente porque permitirá tener claridad sobre los motivos de la reunión, “que también involucra al entonces coordinador de la comisión de parapolítica, doctor Iván Cortés”. La prueba de los supuestos nexos, señala el documento, es una publicación de El Espectador del 11 de marzo de este año.

El artículo allí mencionado revela el contenido de un audio que está en poder de la Fiscalía, y que pertenece a una conversación entre Otto Bula y Andrés de Jesús Vélez Franco ocurrida a principios de 2015. La mencionada investigadora del CTI, Mónica Gaitán, no forma parte en la charla, aunque Vélez sí alcanza a hacer referencia a alguien del mismo nombre: “Me dice Mónica: ‘¿Y cuándo nos vamos a reunir tú, yo, Cortés y don Otto para tomarnos un tinto?’”. Según el abogado Quintana, la razón para indagar por ese encuentro es establecer si se ha ejercido presión “al citado Otto Bula para que hiciera falsas incriminaciones en contra de mi representado, que le afectaron dentro del proceso 27.700”.

Vale la pena recordar el contexto de la conversación que Besaile busca como evidencia en su favor. Hoy, Bula está siendo investigado por haber recibido dinero de Odebrecht a cambio de presionar a funcionarios para conseguir contratos para la constructora brasileña; pero en ese momento, comienzos de 2015, era un empresario antioqueño acaudalado que había reemplazado a Mario Uribe en el Congreso, y sobre quien siempre se habían tejido dudas por sus nexos no probados con grupos paramilitares. Vélez, por su parte, era considerado un testigo estelar en la Fiscalía y la Corte Suprema. Hoy, está llamado a juicio por falso testimonio, luego de haber dado declaraciones posiblemente mentirosas contra la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez.

En la conversación, Vélez y Bula dejan claro que se consideran el uno al otro “amigo”. Vélez insiste en que él está salvando el pellejo de Bula en la Corte Suprema, que está moviendo sus fichas con ese propósito. Bula niega que haya tenido contacto con paramilitares, y entonces le dice a Vélez: “Es que yo no me voy a poner a hablar de Musa (Besaile). De qué, ¿reuniones? Yo no sé nada de eso. Y te lo dije desde el momento que me dijiste que le ibas a dar un reloj a ese man. No le doy regalos a nadie. Ni a ese man ni a una policía judicial. Yo no tengo por qué estarle dando regalos a nadie”. El regalo al que Otto Bula hacía referencia era el reloj que, supuestamente, Andrés Vélez le había dado a Iván Cortés en nombre propio y de Bula.

Se trataba de alguien importante en la Corte Suprema. Cortés había sido coordinador de la comisión de parapolítica, y por eso había conocido procesos delicados. Una vez El Espectador reveló esa conversación, el propio Cortés llamó a Andrés Vélez, lo encaró y, además, lo grabó. En la conversación entre Bula y Vélez, se discute también la supuesta entrega de $5 millones “a la vieja esa”, que sería Mónica Gaitán. Al hablar con Iván Cortés, Andrés Vélez negó haber dicho algo así. “A usted lo grabaron diciendo que me había dado un reloj. Nuestra relación, Andrés, fue absolutamente profesional, y me siento absolutamente defraudado y desilusionado”, le respondió Cortés.

Esa grabación es ahora prueba clave para Musa Besaile. Su defensa cree que, con ella, se demuestra que funcionarios de la Corte Suprema estaban presionando a testigos, como Musa Besaile, para hablar en su contra en la indagación preliminar por parapolítica que hay abierta contra el senador desde 2007. Nada de esto importaría tanto si no fuera porque, hace un par de semanas, Besaile confesó en la propia Corte que había pagado $6.000 millones para evitar que fuera capturado a raíz de ese proceso. El dinero, asegura, se lo entregó a Gustavo Moreno, y su receptor final era el entonces magistrado Leonidas Bustos, hoy también en el ojo de este huracán de corrupción.

Fuentes que conocen de cerca el trabajo de la Corte dicen que la defensa de Besaile está buscando “pescar en río revuelto”. Cortés, por ejemplo, no fue coordinador de la parapolítica mientras Bustos fue presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, entre 2012 y 2014. Quien ejercía ese cargo era Álvaro Pastás, el magistrado auxiliar de la Corte que fue denunciado por magistrados de la misma Corte luego de que se extraviara el testimonio del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, evidencia que estaba bajo su custodia. El año pasado, Pastás volvió a la Corte y ahora trabaja como auxiliar del magistrado Luis Hernández, justamente quien tiene a cargo las indagaciones para establecer si hubo irregularidades en el caso de Musa Besaile.

El escándalo de corrupción en la Corte Suprema no cesa. Mientras por un lado se intenta dilucidar de qué manera se han manejado casos como el de Musa Besaile, y el exgobernador Alejandro Lyons revela que $600 millones de lo que Besaile pagó a Gustavo Moreno para evitar su captura salieron de hechos corruptos en Córdoba, por otro lado las pesquisas de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes continúan. Ya los expresidentes del alto tribunal, José Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, tienen indagaciones preliminares. Esta vez, el turno fue para un magistrado en ejercicio: Gustavo Malo. Él, reconocido como “cuota” de Ricaurte y cercano de Bustos, es quien tiene en su despacho el proceso de Musa Besaile.