Naciones Unidas dice que el Estado vulneró los derechos del excongresista Iván Díaz

Luego de su condena por la “Yidispolítica”, el exparlamentario acudió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que el Gobierno suscribió con la organización internacional para pedir, entre otras cosas, a que el fallo condenatorio y la pena sean revisados por un tribunal superior.

El Comité de Derechos Humanos consideró que toda persona declarada culpable tiene derecho a que la pena sean sometidas a un tribunal superior. EFE

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció que el Estado colombiano vulneró los derechos de excongresista Iván Díaz Mateus, condenado a seis años de prisión por la Yidispolítica, escándalo político desatado a raíz de las declaraciones de la exrepresentante a la Cámara, Yidis Medina, en las que admitió recibir ofrecimientos a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirara a un segundo mandato presidencial. (Lea también: La histórica pelea entre Uribe y la Corte Suprema)

La condena en su contra fue impuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema el 3 de junio de 2009 por el delito de concusión. El excongresista era el representante titular por el Partido Conservador en el Congreso de la República y en segundo lugar estaba Medina, la mujer que justo cuando asumió el cargo, porque Díaz Mateus había tomado vacaciones, tuvo en sus manos el futuro de la reelección presidencial de hoy senador y líder del Centro Democrático. 

Naciones Unidas emitió el dictamen luego de que el abogado Ricardo Cifuentes Salamanca, en representación de la Corporación Foro Ciudadano, presentara una comunicación en la que argumentó que a su cliente Díaz Mateus se le vulneraron los derechos al debido proceso, al ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial; a la presunción de su inocencia; a que el fallo condenatorio y la pena sean revisados por un tribunal superior; y a la igualdad ante la ley. Derechos amparados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que el Gobierno colombiano suscribió con Naciones Unidas. (Le sugerimos: Condenados por la yidispolítica)

El Comité de Derechos Humanos consideró que toda persona declarada culpable tiene derecho a que la pena sean sometidas a un tribunal superior. En este caso, el Estado colombiano reconoció ante Naciones Unidas que no disponía de otro recurso para que el fallo de Díaz Mateus fuera revisado por otro tribunal. Asimismo, recordó que la Corte Constitucional declaró inexequible varios artículos del Código de Procedimiento Penal que omitían la posibilidad de impugnar las sentencias.

Esto solo sucedió el pasado 18 de enero cuando el Congreso expidió el Acto Legislativo 001 que modificó la Constitución Política y que, a la postre, permitió la doble instancia para aforados constitucionales. En ese sentido, para Naciones Unidas el Estado “violó los derechos que el asisten al autor (Díaz Mateus)”. (Le podría interesar: El sí y el no en la eterna pelea de la yidispolítica)

Según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estado tiene la obligación de hacerle una reparación al excongresista. “El Estado parte está obligado, entre otras cosas, a concederle al autor una indemnización adecuada (…) y adoptar las medidas que sean necesarias para evitar que se comentan violaciones semejantes en el futuro”, concluyó Naciones Unidas. El abogado Ricardo Cifuentes Salamanca le dijo a este diario que no aspira a que su cliente sea indemnizado, sino que se anule la sentencia de la Corte Suprema. Para ello, acudirá ante el Gobierno Nacional.