"Nada nos intimidará", dice el fiscal Martínez tras asesinato de integrantes del CTI en Nariño

La camioneta donde se transportaban fue atacada en el corregimiento la Guayacana (Nariño). Las víctimas son Willington Alexander Montenegro Martínez, Yair Alonso Montenegro Galindez y Douglas Dimitry Guerrero Medina.

Los tres funcionarios del CTI estaban en el municipio de Guayacana (Nariño).Cortesía

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, repudió el ataque que se presentó en la tarde de este miércoles a un vehículo que transportaba a tres funcionarios del CTI de la Fiscalía. El hecho ocurrió en el kilómetro 78 de la vía Tumaco - Junín, en el departamento de Nariño. El reporte de las autoridades es que los tres investigadores perdieron la vida y dos de ellos perecieron incinerados dentro del carro atacado.

Según las primeras versiones, los causantes del hecho fueron integrantes del grupo armado operacional autodenominado Óliver Sinisterra, que liderada Wálter Arizala, más conocido como Guacho. No obstante, Martínez no confirmó si alias Guacho sería responsable de este ataque. En cambio, confirmó las identidades de las víctimas.

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Se trata de Willington Alexander Montenegro Martínez, abogado de profesión, que se desempeñaba como técnico en explosivos y llevaba 24 años de servicio en la Fiscalía, estaba adscrito al CTI Nariño y tenía 43 años; Yair Alonso Montenegro Galindez, quien llevaba 9 años de servicio y tenía 29 años; y Douglas Dimitry Guerrero Medina, administrador financiero de la Dirección de Crimen Organizado que hacía 14 años prestaba sus servicios a la Fiscalía.

"Seguiremos luchando con determinación contra las organizaciones criminales que allí operan. Nada nos intimidará. En memoria de Douglas, Willington y Jaír redoblaremos las acciones judiciales para desmantelar y neutralizar las bandas criminales que operan en la Guayacana", dijo el fiscal.  (En contexto: La disidencia de alias “Guacho” y sus cocaleros 'calientan' la frontera con Ecuador)

Martínez expresó solidaridad a las familias de las víctimas. "Estamos de luto. Toda la capacidad operativa e investigativa de la Fiscalía ha sido dispuesta en el terreno para asegurar que los responsables de estos asesinatos comparezcan inmediatamente ante la justicia y sean objeto de condenas ejemplarizantes", señaló.

El ataque se presentó en el sitio conocido como Baquerío, entre los corregimientos de Llorente y Guayacán. Con armas de fuego de largo alcance, los integrantes de la banda criminal Óliver Sinisterra perpetraron su acción hacia las 2 y 30 de la tarde de este miércoles. Horas después, las autoridades confirmaron el hecho y se iniciaron los operativos de persecución de los autores del ataque. 

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La disidencia de alias Guacho, de origen ecuatoriano, surgió luego del proceso de paz entre el gobierno Santos y las Farc. Junto a otros exguerrilleros, Guacho prefirió persistir en el negocio del narcotráfico y, según las autoridades judiciales, se ha convertido en un enlace de los carteles de droga mexicanos. De igual modo, libra una guerra abierta contra otros grupos criminales. Como se sabe, la región fronteriza entre Colombia y Ecuador, particularmente en el entorno geográfico del puerto de Tumaco, es desde hace varios años, un territorio de guerra. La principal razón: el narcotráfico. Con la salida de las Farc del territorio, hoy se lo disputan varios grupos armados, el más letal de ellos, el que orienta alias Guacho.

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Desde principios de 2018, Guacho y los suyos han venido causando zozobra en la región, con eco en el vecino país, donde se han encendido las alarmas por los continuos ataques en su territorio. Primero, con atentados terroristas. Después, con el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio. Y recientemente con el asesinato de una pareja de ciudadanos de esa nación. El ataque a los funcionarios del CTI se da 24 horas después de que el gobierno anunció la promulgación de una ley para buscar el sometimiento de las bandas criminales asociadas al narcotráfico, como la de Guacho del grupo Óliver Sinisterra, a la que se le atribuye la grave acción que empezó a ser repudiada desde todos los sectores públicos y judiciales.