Niegan solicitud de libertad del exjefe paramilitar 'Ernesto Báez'

Se determinó que el excomandante político del Bloque Central Bolívar de las AUC no ha cumplido con el compromiso de resocialización.

Un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento presentada por el exjefe político del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Iván Roberto Duque Gaviria, alias ‘Ernesto Báez’ al considerar que no ha cumplido el compromiso de resocialización.

En su decisión, se tuvo en cuenta que pese a que el postulado ya cumplió con los ocho años privado de la libertad, que exige la ley de Justicia y Paz, no ha cumplido con sus compromisos de resocialización puesto que no existe ningún certificado de haber adelantado un curso o diplomado durante los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 y gran parte del 2014.

“Calificamos escasísima la actividad resocializadora al interior de la cárcel de Itagüí. Prácticamente su interés por este último le surgió el año pasado, en el 2014, ciertamente en diciembre de 2014 se le ocurrió presentarse para escuchar cursos de derechos humanos. A las carreras”, precisó el magistrado en la lectura de su decisión.

En este sentido explicó que la defensa del postulado no presentó ni una sola constancia, diploma, acreditación o excusa. Hasta el momento se desconoce si es que el centro de reclusión no contaba con programas de resocialización del Inpec y el Ministerio de Justicia, o si es que simplemente ‘Báez’ no los quiso aprovechar.

En su argumentación el excomandante político aseguró que durante su estadía en el centro carcelario, desde el primero de diciembre de 2006, creó una empresa de venta de tenis. “Lo cierto es que esta actividad de comerciante y empresario está prohibido por las autoridades penitenciarias”, explicó el magistrado al manifestar que estas actividades no pueden contar con un aval.

Además le fueron incautados 10 millones de pesos, que según los testigos, le habría cobrado a un grupo de presos para la preparación de sus alimentos. La defensa del procesado presentó una serie de certificados de estudios (120 horas en noviembre y diciembre de 2014), un diplomado de derechos humanos (2014) una mención de honor por su conocimiento en historia, clases de música y constancias en el envío de unos libros de su autoría.

Frente a los certificados de conducta, se determinó que pese a que un capitán del Inpec firmó documentos en la que se le calificaba de “buena” la verdad es que estas fueron intermitentes y existen muchos vacíos. “Son informes sin el lleno de los requisitos exigidos. Librados por una persona que no es la competente para expedirlas”.

También se consideró que “para su infortunio” el postulado no supera el requerimiento de verdad, justicia y esclarecimiento de los hechos cometidos por el grupo armado ilegal del cual se desmovilizó. Esto teniendo en cuenta los certificados presentados no permiten inferir si su colaboración ha sido efectiva en los procesos en los cuales ha declarado ante diferentes autoridades.“No despahco contribución de verfad, pero sobre todo búsqueda la verdad”. 

“¿Qué se descubrió o aclaró del fenómeno paramilitar? ¿Para qué sirvieron en procura de revelar o a descubrir a los beneficiarios directos de las incursiones paramilitares en los más de 1.700 hechos confesados”, precisó el magistrado al considerar que no existe un certificado frente a la contribución de la verdad frente a los hechos cometidos por las AUC.

Igualmente llamó la atención sobre las dos compulsas de copias para investigar al postulado por presuntamente haber faltado a la verdad en los procesos que se adelantaron en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia contra el exrepresentante por el departamento de Caldas, Juan Pablo Sánchez y el exgobernador de Santander, coronel (r) Hugo Aguilar por la “parapolítica”.

“No es de poca monta la compulsa de copias, luego del análisis probatorios el alto tribunal determinó la viabilidad de adelantar indagaciones penales en contra del postulado por su presunta aliteración a la verdad, ya que se consideró la contrariedad de las declaraciones del testigo con la realidad”, precisó.

Ante esto consideró que está en “mora” la Fiscalía el “adelantar las indagaciones preliminares” puesto que han pasado más de tres años y no se tiene certificación sobre el avance de estas inspecciones judiciales. Además se llamó la atención por la falta en la búsqueda de los bienes de ‘Báez’ para la reparación de las víctimas, advirtiendo que se estaría presentando un fraude.

“En 2014 entregó 100 millones de pesos, de la actividad comercial que tiene desde 2007 en la venta de calzado deportivo en la cárcel, no se entiende por qué la Fiscalía si debiendo indagar sobre la existencia de bienes muebles o inmuebles en el país, no descubriera la rentable empresa que el postulado inició estado privado de su libertad”.

Igualmente se tuvo en cuenta que existe una medida de aseguramiento emitida en contra del postulado por su presunta participación en la masacre de La Rochela. Por estos hechos se considera que el postulado no cumple con los registros para quedar en libertad.