Niegan tutela con la que Jorge Ignacio Pretelt buscaba regresar a la Corte Constitucional

El suspendido magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub perdió una nueva batalla jurídica para volver al alto tribunal. Esta vez el Consejo de Estado negó por improcedente una acción de tutela presentada por Pretelt en contra de la decisión del Senado de la República que lo sacó del cargo mientras se toma una definición de fondo en la investigación que se le adelanta por su participación en el caso Fidupetrol.

Pretelt Chaljub aseguraba que el Senado le había vulnerado el derecho a la defensa y al debido proceso por parte de la Cámara de Representantes y el Senado de la República puesto que no habían evaluado de manera correcta las pruebas presentadas por su defensa en esta investigación. Debido a esto consideró que la decisión había sido antijurídica y pedía la protección de sus derechos. (Ver ¿Adiós a la investidura del magistrado Jorge Pretelt?)

Estos argumentos, sin embargo, no fueron tenidos en cuenta por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Con esta decisión el magistrado deberá continuar fuera de su cargo mientras se define el proceso disciplinario por el que podría perder su investidura, un hecho nunca antes visto en la historia del país. (Ver Senado suspendió del cargo a Pretelt y lo dejó en manos de la Corte Suprema)

Pretelt fue denunciado en abril de 2015 por el entonces magistrado Mauricio González Cuervo ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En el documento se manifestaba que el entonces presidente de la Corte Constitucional había solicitado 500 millones de pesos al abogado Víctor Pacheco para favorecer la selección de una tutela presentada por la empresa Fidupetrol.

Citando lo dicho por Pacheco –condenado a dos años de prisión por estos hechos- se destaca que en su despacho Pretelt les hizo esta oferta para que la acción judicial fuera aceptada y estudiada por la Sala Plena del alto tribunal. La tutela buscaba tumbar una multa de 23 mil millones de pesos interpuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.