Nilton Córdoba, Argenis Velásquez y Alberto Velásquez, salpicados en el cartel de la toga

El exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, quien se encuentra colaborando con la justicia antes de ser extraditado a Estados Unidos, le dio a la Corte Suprema detalles de los clientes del cartel. Explicó, además, el papel que jugó el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz.

Nilton Córdoba, Argenis Velásquez y Alberto Velásquez.Youtube y archivo

Las declaraciones del exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, hoy detenido, siguen dando de qué hablar. A la Corte Suprema de Justicia, el abogado que confesó al existencia de lo que ya se conoce como el cartel de la toga, le entregó más detalles de cómo era que esta red criminal, como la calificó la Fiscalía, conseguía clientes, quiénes eran los encargados de pedir sumas millonarias a cambio de dineros, y quiénes los destinados a incidir en los procesos judiciales. (En contexto: Gustavo Moreno agita su ventilador)

En su últimas declaraciones, Moreno reveló más nombres de los que ya se conocían. De acuerdo con su versión de los hechos, los representante a la Cámara, Nilton Córdoba, y Argenis Velásquez, y el exsecretario de la Presidencia del Gobierno de Álvaro Uribe, Alberto Velásquez, le pagaron dinero al cartel de la toga para que les “ayudara” en los procesos penales en su contra. Según la revista Semana, Moreno le contó a la Corte que Córdoba pagó $200 millones al magistrado auxiliar Camilo Ruiz, para evitar una orden de captura en su contra. (Le puede interesar: Investigación contra Gustavo Moreno por corrupción aterrizó en la Corte Suprema)

Dos de los cinco procesos que el alto tribunal tiene en contra del representante están en el despacho del también cuestionado magistrado Gustavo Malo, quien enfrenta un proceso en la Comisión de Acusación por su supuestos vínculos con el cartel. Moreno agregó que el hoy detenido exmagistrado Francisco Ricaurte fue quien el advirtió a Córdoba que su captura era inminente y que debían empezar a trabajar, y fue el quien sugirió pedirle ayuda al exmagistrado auxiliar Ruiz para intervenir en el proceso sobre unas supuestas irregularidades en la construcción de un proyecto cuando estuvo en la alcaldía del Medio Baudó.

“Camilo (Ruiz) sabe que yo tengo oficina con Pacho (Ricaurte) y le digo: ‘Camilo necesitamos que nos ayude porque la idea es que no capturen a Nilton. Él me responde: ‘Yo ayudo pero ayúdenme’. Entonces se pactan con Camilo $200 millones que me entrega Nilton Córdoba y yo le entrego a Camilo Ruiz. Era para que no resolviera situación jurídica con detención”, explicó Moreno en su declaración ante la Corte. Después de una negociación entre Córdoba y Ricaurte, el exfiscal aseguró que el congresista terminó pagando $460 millones, de los cuales $260 millones habría recibido el exmagistrado Ricaurte. (Le puede interesar: Francisco Ricaurte, del cielo al infierno)

Córdoba le explicó a la revista Semana que sí habló con Moreno y que este le pidió $1.200 millones pero no para el cartel de la toga sino para que ejerciera su legítima defensa. "190 millones de pesos los entregué en la oficina. Posteriormente, entregué 100 millones en la Universidad El Rosario, donde dictaba clases, y el resto, 100 millones, los envié con unos de mis funcionarios, Yefry Perea”, explicó el representante, quien añadió que en ningún momento hizo negocios con Moreno o pagó dinero para “comprar la conciencia a algún  magistrado.

En cuanto al caso de Argenis Velásquez, representante por Putumayo, Moreno explicó que en su caso había diferencias con los del los senadores Álvaro Ashton y Musa Besaile, ambos salpicados por haber pagado dinero al cartel de la toga. La revista Semana asegura que entre Moreno le pidió $380 millones para que este ejerciera su defensa ante un caso en la Corte Suprema. “En este caso estaba lista la captura, había prueba para ello. Francisco (Ricaurte) me dice que si no reestructuramos, la capturan. Entonces hicimos lo mismo, demorar, dilatar, practicar unas pruebas para buscar que le resolvieran sin detención”, explicó el exfiscal.

En este caso, nuevamente, el papel de Camilo Ruiz habría sido clave pues, supuestamente, fue él quien, después de hablar con Moreno, no emitió la orden de captura. El caso entre la representante y el cartel terminó de manera abrupta pues Ricaurte le habría pedido más de $800 millones, dinero que, según el exfiscal, no podía pagar. El exfiscal le confesó a la Corte que no sabe cuánta plata alcanzó a pagar Velásquez, pero que era probable que parte de esa suma la hubiera recibido Ruiz. Después de este caso, dice Semana, Ruiz salió del alto tribunal. (Lea también: ¿Hasta dónde llegó la corrupción en la justicia?)

Sobre el expediente de Alberto Velásquez, la historia es completamente diferente. El exsecretario de la Presidencia fue condenado en 2015 a cinco años de cárcel por el escándalo conocido como la Yidispolítica y, cuando los miembros del cartel de la toga se dieron cuenta que no había nada que hacer para evitar la sentencia condenatoria, cambiaron el catálogo de sus servicios.

"Alberto Velasquez llega a la oficina, Pacho (Ricaurte)me dice ‘reciba a Alberto’. El compromiso del doctor Francisco es darle información y evitar en la medida de lo posible una decisión desfavorable. Me llamó la atención y le dije a Francisco: ‘Qué vamos a hacer si eso está al despacho para fallo, pero además no lo tiene Malo, lo tiene (José Luis) Barceló”, señaló Moreno en la Corte, quien añadió que Velásquez habría pagado $300 millones por una asesoría en la que pactó que le entregaran información que solo podía escucharse en los despachos del alto tribunal.

Velásquez el dijo a Semana que le sorprenden las declaraciones de Moreno pues lo que pactaron fue una asesoría sobre temas puntuales. Agregó que nunca habló con magistrados de la Corte  y que le pagó al exfiscal a través de un solo cheque de $150 millones. Además de estas declaraciones, Moreno estuvo esta semana en la Comisión de Acusación de la Cámara en donde se adelantan procesos en contra del exmagistrado Leonidas Bustos y el hoy magistrado Gustavo Malo. Se trata de versiones fundamentales para esclarecer cómo la red de corrupción se tomó varios despachos del alto tribunal y que son claves obtener antes de que el exfiscal sea extraditado.