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Estupefacto, el pasado fin de semana el país vio cómo en 72 horas fueron ejecutados cinco atentados contra líderes sociales, de los cuales dos lograron su cometido de acabar con la vida de los dirigentes. Hoy la angustia que generó ese fin de semana de horror no merma. Desde la noche del pasado viernes 25 de noviembre se han presentado siete nuevos hechos que tienen en vilo al movimiento social y a los defensores de derechos humanos en el país.
El más reciente es un panfleto que difundieron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o clan del Golfo, en Barrancabermeja (Santander). Según la denuncia hecha por Marcha Patriótica, fue el militante de ese movimiento Miguel Cifuentes quien encontró el panfleto por primera vez en la puerta de su casa, en el barrio Sector Comercial. En la noche del sábado 26 de noviembre, Cifuentes supo que se trata de un panfleto en el que el clan del Golfo amenaza a siete líderes sociales, campesinos y militantes de Marcha Patriótica, entre ellos las exsenadora Piedad Córdoba.
Córdoba le dijo a El Espectador que la amenaza es “preocupante y delicada, y pone mucho a pensar a quienes son actores del proceso de paz, porque creo que esto tiene que ver fundamentalmente con el acuerdo. Esto es gente que quiere torpedear y amenazar el acuerdo”, que hoy se encuentra ad portas de su refrendación en el Congreso. La dirigente política señaló además que hace seis días recibió información sobre la posibilidad de un nuevo secuestro que se estaría fraguando contra ella, su hija o su nieta.
Además de Córdoba, fueron amenazados los líderes Miguel Cifuentes, Melkin Hernán Castrillón, Iván Madero, Eladio Antonio Morales Polo, Lilia Peña y Himat Abdalá, todos integrantes de la Junta Patriótica Nacional y del Comité Patriótico Nacional de Marcha Patriótica. Hace una semana el movimiento emitió un comunicado exigiendo garantías para la oposición, y señaló que sólo este año han sido asesinados 70 militantes del partido y que, desde su creación en 2012, han sido ultimados 128 miembros.
Pero este es sólo uno de los hostigamientos que sufrieron los líderes en las últimas 72 horas. Las alarmas del movimiento social se prendieron desde el viernes, día en el que en cuatro ciudades distintas, incluida la capital del país, sus miembros fueron víctimas de hostigamientos y atentados. El primer hecho ocurrió en Cali, cuando a las 6:30 de la tarde Jessica Hernández, la líder estudiantil que organizó el Campamento por la Paz en esa ciudad, recibió una llamada de un número privado en la que un hombre le dijo: “Guerrillera hijueputa tenés 24 horas para irte del Valle o sino la próxima vez que tu mamá te vea va a ser en huesitos en una bolsa en tu casa”.
A las siete de la noche se repitió la amenaza. Hernández le contó a El Espectador que si bien el Campamento por la Paz en la ciudad tuvo buena acogida en la ciudadanía, varios de sus organizadores denunciaron seguimientos durante las jornadas en las que lo adelantaron. “Hubo uno que incluso le tocó esconderse cuando iba llegando al campamento, porque vio que lo estaba siguiendo una moto sin placas. Nosotros acá en la ciudad realmente no tenemos garantías para hacer oposición ni para trabajar en el movimiento”, expresó la líder de 21 años.
Esa misma noche, en el barrio Kennedy de Bogotá, Ángela Tuta, encargada de la Escuela de Educación Popular Pedro Nel Jiménez y militante de Marcha Patriótica, llegó a su casa y se dio cuenta de que desconocidos habían entrado a su morada para robarse $7’600.000 que tenía guardados, así como sus computadores y una USB en la que guardaba la información sobre los movimientos sociales que dirige. Para Marcha Patriótica, “este no es un hecho aislado y se constituye en una acción de hostigamiento y hurto de información a dirigentes” del movimiento.
La estela de crímenes continuó en la mañana del sábado en la costa Caribe. En la mañana del sábado, la lideresa Cleiner Almanza vio cómo dos hombres entraron a su casa en Cartagena y comenzaron a disparar contra sus escoltas. De nada sirvieron las medidas cautelares de la Comisión Interamericana que protegen a esta líderesa desde 2012, cuando fue abusada sexualmente por cuarta vez en su vida, como una represalia por su activismo social.
Según relató Almanza, que dirige la organización Mujeres Víctimas Restableciendo Derechos, los hombres se aparcaron frente a su casa desde la noche del viernes, pero fue hasta la mañana siguiente que decidieron entrar al inmueble en el que se encontraban sus cuatro hijos, todos menores de edad.
Por si fuera poco, ese mismo día en el municipio de Santa Rosa, también Bolívar, recibió una ráfaga de disparos el campesino Andrés Alfonso Garavito, quien se movilizaba con su hijo Jhon por un camino veredal, cerca del corregimiento Buenavista. Si bien Garavito salió ileso, su hijo, un menor de edad, recibió un disparo en la pierna. Marcha Patriótica señaló que el hombre forma parte de la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua).
Finalmente, a las 7:40 de la noche del sábado, Miguel Cifuentes encontró el panfleto firmado por el comando urbano de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el que ofrecían recompensas por “la cabeza” de líderes sociales y supuestos colaboradores de la guerrilla en Barrancabermeja. Un panfleto en el que se anunció la “limpieza social” que ya ha sacudido al país en otras épocas. Un panfleto que agudiza el temor de una nueva tragedia tal como la que ocurrió después de la llegada de la Unión Patriótica y la desmovilización del M-19. Un temor que parece materializarse con cada día que pasa.