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Vuelve y juega: otro líder social fue asesinado en Colombia. La víctima más reciente es Aulio Isararama Forastero, actual gobernador indígena del resguardo Catru Dubaza Ancoso, de la comunidad del Alto Baudó en Chocó. Según las primeras versiones, Isararama fue ultimado en la noche de este martes por sujetos que portaban armas de fuego y que pertenecerían al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El pasado 7 de octubre también fue secuestrado Jhon Eriberto Isarama Forastero, hermano del gobiernador ultimado, y quien era docente del Resguardo Indígena Catru Dubaza Ancoso, de ese mismo municipio.
Dadas las extrañas circunstancias del homicidio, una comisión de autoridades locales y organismos de derechos humanos se desplazó hasta la zona para establecer lo ocurrido y analizar la situación de seguridad de la comunidad del Alto Baudó.
El crimen fue repudiado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que declaró que hace seguimiento al caso. Hace menos de 15 días, esa misma organización alertaba por el asesinato de otro gobernador indígena: Óscar Tenorio Sunscue, miembro del resguardo indígena de Chinas del municipio de Páez (Cauca). (Lea: ONU alerta por crimen de gobernador indígena en Cauca)
Y es que en menos de tres días fueron asesinados cuatro líderes en distintas partes del país. Se trata de José Jair Cortés (en Tumaco, Nariño), Liliana Astrid Ramírez Martínez (en Coyaima, en Tolima), Eliécer Carvajal (en Puerto Guzmán, Putumayo) y Liliana Patricia Cataño Montoya (en Medellín, Antioquia).
A mediados de julio pasado, la Defensoría del Pueblo cifró en 52 el número de asesinatos contra líderes y defensores de derechos humanos en el primer semestre del año. Ante ello, la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos convocó al Consejo Nacional de Garantías de Seguridad para analizar la violencia que afecta la seguridad de los líderes.
La Comisión se creó en febrero pasado y hace parte del acuerdo de paz firmado entre Gobierno y Farc. Tal instancia propende por el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.