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"No es un problema de visas para magistrados, es un contexto de presiones": Gloria Ortiz

Las presidentas de tres altos tribunales se pronunciaron en conjunto sobre los hostigamientos que han denunciado en las últimas semanas y que, dicen, buscan afectar la independencia judicial. “Queremos dar la tranquilidad de que tomaremos decisiones sin presión", dijo Ortiz.

Las presidentas del Consejo de Estado, Lucy Jeanette Bermúdez; de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares.Cristian Garavito - El Espectador.

En un hecho sin precedentes, las presidentas de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz; el Consejo de Estado, Lucy Jeanette Bermúdez, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, cerraron filas en defensa de la independencia judicial y aseguraron que continuarán ejerciendo sus labores más allá de las presiones que han rodeado al tribunal constitucional recientemente. El pronunciamiento fue hecho luego de que las autoridades de Estados Unidos suspendieran las visas de los magistrados Diana Fajardo y Antonio José Lizarazo, que ya están restablecidas.

Ortiz tomó la vocería y leyó un comunicado en el que resaltó que los togados están “convencidos de que uno de los pilares de la democracia moderna es la independencia judicial”. Cabe recordar que desde el pasado jueves 2 de mayo, cuando el Senado no decidió de fondo sobre las objeciones que el presidente Iván Duque planteó a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la atención se centró en la Corte Constitucional. 

(Lea aquí: Magistrada Diana Fajardo recupera su visa de Estados Unidos).

“No es un problema de visas para magistrados. Es un tema que inquieta por la existencia de un contexto de presiones y de preocupaciones por la imparcialidad de los jueces”, señaló Ortiz. Y es que la Corte ha denunciado, además, supuestas interceptaciones ilegales a sus comunicaciones y amenazas a uno de sus integrantes, el magistrado Alberto Rojas, quien tiene a su cargo el seguimiento del fallo de tutela que suspendió el uso del glifosato para erradicar cultivos de uso ilícito. Aunque la Fiscalía asegura que la Corte no ha sido “chuzada”.

Sobre el tema de las visas, Ortiz añadió que desde la Corte “se puso en conocimiento de la institucionalidad el contexto de presiones” informándole al presidente, Iván Duque de lo sucedido. Según aseguró Ortiz, “el presidente Duque habló con el embajador sobre la preocupación de mantener una justicia imparcial” y, después de esto, la Embajada les solicitó unos documentos a Fajardo y Lizarazo con los cuales “se superaron las dudas que pudieron haberse generado” y, tras las reuniones que sostuvieron ambos magistrados por separado con funcionarios diplomáticos, les restablecieron las visas. Sin embargo, Ortiz aclaró que en esas reuniones no se trataron temas relativos a su función judicial”.

“Queremos dar la tranquilidad de que tomaremos decisiones sin presión”, añadió Ortiz. En la declaración conjunta se añadió que la justicia debe “obrar sin favoritismos, predisposiciones ni prejuicios (…) El país puede tener la tranquilidad de que quienes ejercemos la magistratura actuaremos de conformidad con nuestras convicciones, con la firmeza de preservar la institucionalidad”.  (También: Objeciones a la JEP: las presiones se trasladaron a la Corte Constitucional).

Frente a los señalamientos de que la magistrada Fajardo se habría reunido con Enrique Santiago, abogado de las Farc, Ortiz confesó que le preguntó directamente a su colega y ella negó haber cruzado palabra con él. Según versiones iniciales esta supuesta reunión habría tenido que ver con la cancelación de la visa de la magistrada, pues la embajada de Estados Unidos sacó un comunicado confuso en el que aseguraba que le cancelaban el permiso de entrada a su país a quienes estuvieran siendo investigados.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Eyder Patiño, a quien también le cancelaron su visa. Este diario supo que la decisión del gobierno de Estados Unidos de quitarle la visa al magistrado Patiño estaría relacionada con el manejo que la Sala Penal le ha dado a los procesos de extradición. El presidente de la Corte Suprema, Álvaro García, leyó el pasado viernes un comunicado en el que este alto tribunal rechaza “el sistemático ataque a la integridad del Poder Judicial en general y, en particular, contra algunos magistrados de la Corte Constitucional y el presidente de la Sala de Casación Penal”.

El comunicado concluyó diciendo que, a pesar de los hostigamientos, “el país puede tener la tranquilidad”. A lo cual Ortiz añadió que parte de su proceder en los últimos días se ha debido a la “presión mediática” que se ha generado a raíz de las denuncias de los magistrados. No obstante, señaló que los jueces son neutrales y no pueden entrar en el juego político, porque son los árbitros: “hay una cantidad de datos que pretenden politizar nuestras decisiones y eso no puede pasar en un Estado de derecho”.

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Aunque el comunicado también aparece firmado por la Corte Suprema de Justicia, el presidente de esa corporación, Álvaro García, no asistió a la rueda de prensa de este martes, que tuvo lugar en el Palacio de Justicia, donde están todas las altas cortes. Cuando le preguntaron por esto, Ortiz aseguró que la respuesta de García a la invitación fue que ellos ya se habían pronunciado sobre el tema el pasado viernes.

Poco después de que esta declaración se hiciera pública, el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, Fabio Espitia, encargado de investigar las supuestas “chuzadas” a los magistrados de la Corte Constitucional, señaló que estas interceptaciones no se habrían dado. “No existen ni han existido interceptaciones ilegales a los magistrados de la Corte Constitucional. Esto se confirmó a través de evaluaciones técnicas de la Fiscalía y de la verificación con operadores de telefonía celular”, dijo el funcionario.

En este contexto, la Corte Constitucional avanza en el estudio del expediente de las objeciones que realizó el presidente Iván Duque a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP. El magistrado ponente, que es precisamente Lizarazo, ya solicitó al Congreso una serie de pruebas, como las sesiones plenarias en las que se hicieron la votación de las objeciones y los listados de congresistas ausentes, entre otras.

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