No hay problema con los brazaletes electrónicos de los condenados: Uspec

Los brazaletes electrónicos son un sistema con el cual se busca solucionar parcialmente el hacinamiento carcelario. / Archivo

Las irregularidades en la contratación de la vigilancia electrónica para los condenados en el país acaba de ganarse otra polémica. La empresa Energía Integral Andina, que desde 2011 tenía a cargo el sistema de brazaletes electrónicos de 3.339 presos, anunció en una carta fechada el pasado 7 de julio que su contrato para prestar ese servicio terminó y que está a la espera de instrucciones para saber qué debe hacer. El asunto tiene preocupados a los vigilantes del Inpec, pues temen que con la terminación del contrato se desactiven todas las pulseras de seguridad y esos más de tres mil presos queden sin ninguna vigilancia.

Funcionarios del Inpec explicaron en un comunicado de prensa que los brazaletes son utilizados por “delincuentes de diferentes tipos de peligrosidad, que van desde funcionarios corruptos, hasta peligrosos miembros de grupos armados, como el Clan del Golfo, La Oficina de Envigado y exparamilitares, sicarios y jefes de bandas de delincuencia organizada”. En la denuncia, que hizo uno de los sindicatos de trabajadores del Inpec, aseguraron que el problema tiene que ver con la contratación que se hizo el año pasado con la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios (Uspec).

De acuerdo con la información que ya tiene en su poder el Ministerio de Justicia, el año pasado la Uspec cambió el sistema de contratación carcelaria y estableció que todos los servicios que se requieren en las cárceles de Colombia se contratarían a través de la Bolsa Mercantil. Fue así como la Unión Temporal Sistema Electrónico de Seguridad (Tuses) terminó con uno de los contratos para hacerse cargo de los brazaletes de los presos. Son tres las empresas que pertenecen a esa unión temporal: Buddi (una multinacional inglesa), Unión Eléctrica y Meltec.

Con la tarea de monitorear a por lo menos tres mil reos que ya tenían el brazalete, la Utses decidió, en abril de este año, subcontratar a la empresa que desde 2011 había monitoreado ese sistema de vigilancia: Energía Integral Andina. La idea era que durante dos meses ellos siguieran con la tarea que habían cumplido durante los últimos siete años, mientras que los nuevos contratistas se acomodaban en sus actividades. Además, explican funcionarios del Inpec, debían instalar otros 6.000 brazaletes, pero solo lograron activar 167. Según lo que explicó Energía Integral Andina, se trata de un contrato de más de $3 mil millones.

Aunque este problema con el contrato es reciente, las denuncias por la contratación de este servicio se venían escuchando desde diciembre del año pasado. Por esa época, la Contraloría advirtió que ese sistema de vigilancia estaba costando mucho más de lo presupuestado. El organismo de control explicó que desde 2011, la empresa Energía Integral Andina, la misma que hoy anuncia que terminó su contrato, había estado a cargo de cumplir con el contrato para este servicio.

Sin embargo, desde 2014 cuando se pagaron $14 millones para ese cometido durante seis meses, el contrato terminó costando $21 millones y duró casi siete meses más. La Contraloría explicó además que detrimento por estas irregularidades era de por lo menos $246 millones y que “tal deficiencia impidió que mayor número de personas con el beneficio judicial concedido pudieran cumplir sus medidas restrictivas por fuera de una cárcel”. El Espectador intentó comunicarse con el Ministerio de Justicia para que explicara qué pasa con este contrato. La cartera que dirige Enrique Gil Botero expresó que el encargado de pronunciarse sobre este tema era directamente la Uspec.

La Uspec, por su parte, respondió que "con todos los desafíos ya superados la plataforma tecnológica de Utses está operando y prestando el servicio de vigilancia electrónica satisfactoriamente". Y agregó: "Se quiere resaltar que la plataforma tecnológica del nuevo contratista, Utses, para el servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica es nueva, avanzada, con nuevos servicios y está operando y funcionando con el Centro de Monitoreo Alterno y el Datacenter Virtual, garantizando el proceso de transición, las instalaciones de equipos nuevos y, el monitoreo permanente operado por el Inpec".

"También es importante aclarar que el servicio de vigilancia electrónica es un sistema complejo, no solo consiste en instalar a una persona un brazalete electrónico especial sino también debe existir una logística nacional y una plataforma tecnología especializada: Centro de monitoreo, sistemas de cómputo y datacenter que, concentra toda la información que viene de los brazaletes que se les instala a las personas que cuentan con este beneficio; ellas pueden estar ubicadas en cualquier parte del país y se puede conocer con este servicio sus ubicaciones, las trayectorias,  alarmas de todo tipo tales como retiro del brazalete por parte del beneficiario, rotura, daño, ausencia de carga, desplazamientos a zonas no autorizadas, entre otros", indicó también la Uspec.