“No puede haber nadie por encima de la ley”: Rodrigo Uprimny

Rodrigo Uprimny, respetado jurista y académico, analiza el impacto que tuvo la apertura de investigación penal por parte de la Corte Suprema al senador Álvaro Uribe, por la presunta comisión de dos delitos que tienen pena de 6 a 12 años de prisión. Pide respetar la independencia judicial y recuerda que los seguidores de varios expresidentes latinoamericanos procesados han apelado al argumento de la “persecución política” para deslegitimar a sus jueces y desprestigiar los procesos en su contra.

Para Uprimny, convertir en una supuesta persecución al expresidente, el proceso que se le abrió, puede tener consecuencias impredecibles.Cristian Garavito - El Espectador

La apertura de investigación al expresidente Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema pone a prueba la solidez del sistema judicial, por la importancia del implicado. ¿Es preocupante que, por efecto de su presunta renuncia al Senado, este caso pase de la cúpula judicial (Corte) a manos de un fiscal y de un juez municipal que podrían ser mucho más vulnerables a presiones de cualquier tipo?

Conozco muchísimos jueces municipales y del circuito. La gran mayoría son independientes y corajudos, y podrían fallar imparcialmente, incluso un caso tan sensible como este. Pero estoy de acuerdo en que es mejor que ese proceso sea decidido por la Corte Suprema que es un tribunal colegiado -con lo que la eventual responsabilidad del senador Uribe no sería decidida por un solo juez, sino por un grupo de magistrados-, y el cual, además, es nuestro máximo tribunal penal. Esto no sólo le otorga mayores garantías al procesado, pues será juzgado por el mejor tribunal penal del país; también le da seguridad a la sociedad de que se hará un juicio imparcial: es obvio que la Corte Suprema puede resistir, mejor, posibles presiones que un juez municipal o del circuito.

Pero, entonces, los altos dignatarios que poseen fuero, es decir, el privilegio de contar con jueces de la Corte Suprema, no deberían tener la libertad de conservarlo o desecharlo. La permanencia, en ese marco, tendría que ser obligatoria. ¿No cree?

El fuero, es decir, la prerrogativa de ser juzgado por la Corte Suprema y no por un juez municipal o del circuito no debe ser entendido como un privilegio al cual se puede renunciar, sino como una garantía irrenunciable que cumple un doble propósito que consiste en: uno, asegurar el debido proceso para el investigado y, dos, asegurarle a la sociedad que habrá un tribunal con capacidad de impartir justicia, incluso contra procesados poderosos.

Siendo, desde luego, legal, y teniendo derecho a la defensa, ¿es legítimo -desde el punto de vista del ejemplo que se le da a la sociedad- que un personaje de la influencia del expresidente de la República cambie su juez natural por un investigador y un juzgador de menor rango y autonomía?

El senador Uribe ha dicho que su eventual renuncia (al momento de responder esta pregunta no es claro, aún, si ésta va a ocurrir o no) no pretende evadir la competencia de la Corte Suprema, sino que se derivaría de que no puede ejercer su cargo de congresista mientras es investigado porque se siente “moralmente impedido”. Si ese es el motivo, la respeto. Es más, en el pasado algunos exigimos que magistrados como Pretelt o Malo se retiraran de sus cargos porque las investigaciones en su contra les impedían ejercer adecuadamente su función. Sería incoherente, de parte mía, criticar a Uribe si renuncia por esa razón. Ahora bien, si su motivación es eludir la competencia de la Corte, me parece que no es lo apropiado para un expresidente. Sin embargo, el senador Uribe ha insistido en que no es así.

Con todo respeto, me parece que los casos de los magistrados Pretelt y Malo son diferentes a los del senador: ellos estaban ejerciendo sus tareas en el mismo ámbito de sus denunciantes, lo cual, desde luego, no era nada recomendable para la independencia judicial. Pero quien sabe de jurisprudencia es usted. ¿Qué opina?

Estoy de acuerdo en que la situación no es igual, pero reitero que si el expresidente Uribe considera que no puede ser senador mientras es investigado penalmente, es una decisión respetable, aunque no correspondería a lo que él, siendo presidente de la República, les pidió a algunos congresistas de su coalición, en 2006, diciéndoles que “mientras no estén en la cárcel, voten” (los proyectos del gobierno).

¿Se puede garantizar que los magistrados de la Sala Penal de la Corte tengan la capacidad de abstraerse de las presiones políticas para tomar una decisión que podría afectar o favorecer a la persona “más poderosa de Colombia”, como llaman a Uribe Vélez?

Es obvio que un juez, incluso un magistrado de la Corte Suprema, pueda sentir nerviosismo y hasta cierta intimidación de tener que juzgar a alguien tan poderoso y, aún, tan popular como el expresidente Uribe, sobre todo cuando ya ha habido ataques de gran magnitud por parte de seguidores del procesado, en contra de quienes lo llamaron a indagatoria. Es fundamental respetar y proteger la independencia judicial para que, quien juzgue a Uribe, pueda decidir sin temores, con libertad y de manera imparcial, basándose exclusivamente en las pruebas y garantizándole el debido proceso como debe hacerse con cualquier ciudadano. Si encuentra que la evidencia prueba, más allá de toda duda razonable, que es culpable, entonces que lo condene. Si no es así, que lo absuelva. No puede haber nadie por encima de la ley y sólo jueces independientes pueden asegurar que sea así.

Desde la orilla política del investigado se está acusando a la Corte e incluso hasta al propio presidente Santos, entre muchas otras afirmaciones, de “estar preparando la detención (de Uribe) en represalia a (sic) la victoria de Duque...”. Obviamente, el objetivo es minar la credibilidad de los jueces y desprestigiar la investigación. ¿Cómo califica esa estrategia?

En América Latina todos los seguidores de expresidentes juzgados penalmente han alegado que los procesan por sesgos en su contra o por persecución de sus rivales. Eso dicen los seguidores de Lula, en Brasil; los de Correa, en Ecuador, y lo dijeron los seguidores de Fujimori, en Perú, con lo que buscaban minar la legitimidad de los juicios en su contra, sin importar si con esos ataques lesionaban el Estado de derecho que es precario en nuestros países. Nuevamente resalto que es importante defender la independencia judicial sin perjuicio de criticar las decisiones equivocadas de los jueces o de denunciar a aquellos que, efectivamente, sean corruptos o arbitrarios.

Hablando en concreto, ¿las críticas contra los tres magistrados que llamaron a indagatoria al senador Uribe tienen, para usted, algún sustento serio?

Las acusaciones sobre el presunto sesgo político de estos tres magistrados me parecen totalmente fuera de lugar. Un solo dato: dos de los integrantes de esa sala (José Luis Barceló y Fernando Castro) votaron favorablemente la absolución del coronel Plazas Vega por las desapariciones del Palacio de Justicia. El tercero (Luis Hernández) no participó en esa decisión. Ahora bien, la esposa de Plazas (Thania Vega) fue hasta hace poco senadora del Centro Democrático y la inocencia del coronel ha sido estruendosamente defendida por ella, por ese partido y por el propio Uribe. ¿Dónde estaría, entonces, el sesgo de esos magistrados contra Uribe o contra el Centro Democrático? Creo que así como esos togados decidieron que Plazas debía ser absuelto porque hallaron que las pruebas en su contra eran insuficientes, en este caso encontraron que había evidencia para sustentar la apertura de investigación al expresidente y el llamamiento a rendir diligencia de indagatoria.

Cuando el procurador Ordóñez sancionó con destitución del cargo al entonces alcalde Petro se adujo que esa medida violaba los derechos políticos de Petro y de sus 721 mil votantes. Uribe llegó al Senado, en marzo de este año, con más de 800 mil votos. ¿No podría alegarse la misma razón que le sirvió a Petro para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo protegiera?

No, porque existe una diferencia esencial entre ambos casos: Petro fue destituido e inhabilitado por un funcionario sin investidura de juez, como el procurador Ordóñez, y sin las garantías propias de un proceso penal. Ese fue el problema del caso Petro, pues la Convención Americana establece que los derechos políticos de una persona sólo pueden ser limitados por condena de un juez competente dentro de un proceso penal. Por ello, el exalcalde obtuvo la medida cautelar de la CIDH. En cambio si Uribe resulta destituido e inhabilitado, lo sería como consecuencia de una condena por un juez independiente en un proceso penal, lo cual armoniza, plenamente, con la Convención Americana.

Una dilación más allá de los términos y etapas que tienen los procesos penales, y la falta de decisiones a favor o en contra del encausado, ¿cuáles consecuencias tendría para la credibilidad de la justicia, por parte de la sociedad colombiana, en este caso excepcional?

Todos tenemos derecho a una “pronta y cumplida justicia”, por lo cual cualquier caso debería ser decidido en un tiempo razonable. Ni tan atropelladamente que sea justicia sumaria que no respeta el debido proceso, ni tan lentamente que las decisiones sean tan tardías que pierdan sentido. Si eso se aplica en casos ordinarios, que únicamente afectan a las partes interesadas, esa exigencia es aún mayor en la investigación al expresidente Uribe que puede comprometer la estabilidad del país.

¿Calcula que la campaña de ataques del uribismo a la investigación, a la Corte y a sus magistrados, desarrollada intensamente en redes sociales y en medios virtuales que aparentan ser periodísticos, pero que son agentes de intimidación, sumado al poder del Ejecutivo que inicia el 7 de agosto y al de su bancada en el Congreso, ¿pueden amenazar la estabilidad institucional del país?

Sí, porque quieren convertir en una supuesta persecución contra el expresidente el proceso que se le abrió y que se basa en evidencias evaluadas por magistrados que no han mostrado ningún sesgo político contra el Centro Democrático, como ya dije. Ese propósito agudiza aún más la polarización del país e invita a desconocer la independencia judicial con consecuencias impredecibles.

En un proceso de esta hondura, los informes periodísticos son incontenibles. El debate sobre lo que se debe revelar o no, y las denuncias sobre las presuntas filtraciones de la Corte a unos periodistas y medios, ¿afectan, para usted: a) la solidez judicial del caso, o b) el derecho de la sociedad a estar informada en un tema de tanta repercusión pública?

En todo caso penal hay una tensión entre la presunción de inocencia y la eficacia de la justicia, que sugiere, de un lado, mantener en reserva la investigación al menos hasta el juicio público y, del otro, el derecho de la sociedad a estar informada sobre investigaciones en que estén involucradas personas de la importancia del senador Uribe. Existen ciertas reglas para equilibrar esos derechos en conflicto, como que las pruebas y detalles de la investigación no pueden ser divulgados, por la llamada reserva del sumario, por las partes ni por los jueces, pero puede haber una información general sobre la investigación. En ese sentido, el comunicado de la Corte Suprema me pareció equilibrado. Ahora bien, si hay una filtración de un juez o de una parte procesal sobre las pruebas de la investigación, ese comportamiento es sancionable para éstos. Pero los periodistas que hayan accedido a esa información pueden divulgarla, pues ellos no están atados a la reserva sumarial, como lo precisó la Corte Constitucional desde los años noventa.

Algunos comentaristas aseguran que podría revivir pugnacidad de la Presidencia de la República contra la Corte Suprema, ocurrida entre 2007 y 2009, cuando se descubrió que la Corte era espiada y grabada por el DAS en momentos en que investigaba y condenaba a los congresistas parapolíticos. ¿Esa situación podría volver a presentarse, en su opinión?

Todo dependerá de la actitud de Duque como presidente: si decide respetar y proteger la independencia judicial, en general, y la de la Corte Suprema, en particular, como es su deber constitucional, estaríamos en una situación muy distinta, porque no se presentarían las tensiones entre el jefe de Estado y el Poder Judicial. Si, por el contrario, asume la actitud de defender a su mentor político por encima de sus deberes constitucionales, se estaría reeditando esa difícil situación que vivimos hace 10 años. Ojalá el presidente Duque sea fiel a sus promesas electorales de fortalecer la cultura de la legalidad en que “el que la hace la paga”. Y que, en consecuencia, apoye a los jueces para que actúen y determinen, libremente, si el expresidente Uribe cometió o no actos por los que deba responder penalmente.

Refiriéndose al actual proceso Uribe y a las repercusiones políticas y mediáticas que ha suscitado, algunos empiezan a comparar este caso con el Proceso 8.000, de finales de los 90. ¿Cabe esa comparación?

Hay similitudes en que son investigaciones penales de enorme repercusión política tanto por las personas involucradas (presidentes, expresidentes, congresistas, etc.), como por la gravedad de los hechos investigados (posible infiltración de la mafia en las elecciones o posible encubrimiento de crímenes gravísimos). Pero hay una diferencia esencial: el caso 8.000 apuntaba al presidente electo Ernesto Samper, lo cual comprometió su gobernabilidad. En este caso, el presidente electo, Iván Duque, no tiene nada que ver con los hechos investigados. Otra cosa es que en el proceso esté vinculado quien ha sido el promotor de su carrera política y quien es el jefe de su partido. El impacto es distinto.

¿Cuál es el papel que organizaciones como Dejusticia a la que usted pertenece, y otras similares, deberían asumir en esta coyuntura político-judicial de difícil comprensión por parte del país?

Intentar explicar las complejidades del caso y deshacer mitos que algunos intentan instalar, como el de que la sala que llamó a indagatoria a Uribe está integrada por magistrados que le tienen inquina al Centro Democrático, cuando creo haber mostrado que no es así: es lo que he tratado de hacer en esta entrevista.

¿Se afecta o no la gobernabilidad del presidente Duque por la situación judicial de Álvaro Uribe, su mentor político y líder indiscutible de su partido?

Es una situación difícil para él, que resultó elegido, en buena parte, por el apoyo de Uribe. Pero es también la oportunidad de que el mandatario electo muestre que él es el verdadero presidente de Colombia y que, como tal, da garantías de que el investigado, como cualquier colombiano, tiene asegurado el debido proceso, nada más ni nada menos que el debido proceso, con el fin de que sean los jueces quienes determinen si es culpable o inocente. 

La solicitud del testigo estelar contra Uribe, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, de que lo reciban en la JEP, ¿enreda todavía más el proceso contra el expresidente y lo “contamina” con otros debates, como el del Acuerdo de Paz? 

Efectivamente eso puede hacer aún más complejo el proceso, pues habrá alguna relación entre las investigaciones de la JEP, si acepta el testimonio de Monsalve, y aquellas que pueda desplegar la justicia ordinaria, en el caso Uribe. Pero no creo que el debate sobre la paz deba afectar la legitimidad del proceso penal contra el exmandatario porque los delitos que se le investigan no tienen nada que ver con el Acuerdo de Paz.

Si Uribe renuncia, ¿la Corte lo investigaría o no?

La Constitución establece que el fuero de un congresista se mantiene, aunque éste hubiera dejado de ejercer el cargo, sólo para los delitos “que tengan relación con las funciones desempeñadas”. Entre 2006 y 2009, la Corte Suprema hizo una interpretación muy restrictiva de ese mandato constitucional y consideró que el fuero se mantenía únicamente para los que llamó “delitos propios”; esto es, los que un congresista sólo puede cometer en el ejercicio de su función como tal. Por eso aceptó que los parapolíticos que habían renunciado pasaran a la Fiscalía. Pero en una decisión de 2009, y con criterios que ha mantenido hasta ahora, la Corte adoptó una interpretación más amplia que creo acertada: el fuero cubre también otros delitos que, sin ser “propios” de la labor de congresista, guardan un vínculo con su función. Por ejemplo, que el congresista se haya aprovechado de su investidura para cometerlo. Con ese criterio, la Corte mantuvo competencia en casos de parapolíticos que habían renunciado a su curul: consideró que el hecho de ser senador o representante fue la ocasión para que ocurrieran las alianzas entre paramilitares y políticos.