"No puede ser que un Estado no sepa por qué se están muriendo sus niños"

Para entender la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la crisis en La Guajira, El Espectador habló con dos investigadores de Dejusticia, una de las organizaciones que le pidió a la Corte Suprema de Justicia que declara esta situación como una tema contrario a la Constitución.

De izquierda a derecha: Cesar Rodríguez, director de Dejusticia; Mauricio Albarracín y Diana Guarnizo, investigadores. Foto: Johnatan Ramos.

Que un juez o magistrado intervenga en una crisis como la que se vive en La Guajira es fundamental. El pasado domingo la Corte Suprema de Justicia se unió al grupo de quienes se han encargado de llamarle la atención y exigirle al Gobierno que responda por los cientos de niños que han muerto de hambre en este departamento. Ya lo había hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al decretar medidas cautelares en diciembre pasado, y el Tribunal Superior de Riohacha, que en junio de este año le ordenó al presidente Juan Manuel Santos solucionar la emergencia humanitaria.

La decisión es para César Rodríguez, director ejecutivo de la organización Dejusticia, de toda la importancia nacional porque permite una coordinación entre las entidades estatales para remediar la crisis. “Muchas veces cuando aparecen este tipo de problemas y mucha gente trata de solucionarlo, aparece una descoordinación que termina empeorando todo”, le explicó Rodríguez a El Espectador.

El director de este centro de pensamiento agregó que ante esta situación son fundamentales este tipo de medidas judiciales, pero además hizo un llamado para que el tema no quede en el olvido de la opinión pública. “La esperanza de una solución descansa en que haya formas de presión múltiple. Si la opinión pública, los medios de comunicación, la sociedad y las organizaciones le seguimos dando una atención sostenida a los avances para solucionar esta crisis, creo que la esperanza aumenta considerablemente”, sostiene César Rodríguez.

Para entender el alcance del fallo judicial y otros detalles de sobre la crisis humanitaria, El Espectador habló con dos investigadores de Dejusticia, Diana Guarnizo y Mauricio Albarracín. Dejusticia, junto a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira, el Comité de Apoyo a Comunidades Populares (Codacop), y varias autoridades del pueblo wayú, presentaron la petición ante la Corte Suprema para que se declarara como un estado de cosas inconstitucionales la situación en La Guajira.

¿Para qué sirve la orden que dio la Corte Suprema de Justicia la semana pasada?

Diana Guarnizo: Esta es una decisión muy valiosa porque es el medio por el cual se van a tomar medidas efectivas de una manera organizada que es lo que más se necesita en este momento. Aunque es verdad que la firma de juez no resuelve el problema de fondo, sí es un avance muy importante que las acciones del Gobierno y de las diferentes organizaciones vayan a estar coordinadas. Esta decisión lo que está haciendo es unificar una política pública, que por orden de la propia Corte, debe estar encabezada por la Presidencia.

Mauricio Albarracín: Además de ponerle un poco de sentido común al trabajo en La Guajira, este tipo de decisiones nos permite analizar la manera en que el Estado actúa antes y después de una decisión judicial. La intervención del Estado allá comenzó realmente cuando la CIDH emitió las medidas cautelares en diciembre pasado. Antes, solo había una omisión de su parte. Desde la orden de la Comisión, al Gobierno le tocó activar obligado todo un sistema de asistencia. Pero antes de esto, y en general pasa con muchos otros casos, uno puede ver la negligencia del Estado en las intervenciones que hacen sus abogados ante jueces y magistrados.

¿Cómo se evidencia esa negligencia?

M. A.: Es que son (intervenciones) patéticas. Los abogados del Estado, básicamente, tienen dos manera de litigar: la primera es la que sostiene que la persona que los demanda no tiene la legitimación para hacerlo. Y la segunda, es en la que dicen que no son responsables de la violación de derechos simplemente para zafarse del problema. Lo que muestran estas dos estrategias además es una gran insensibilidad, como en el caso de Rosa Elvira Cely. Lo que buscan los abogados es que no los condenen por nada. Pero esa no su tarea. Su función y en lo que en realidad deberían estar trabajando es en que los niños de este país no se mueran de hambre. El Gobierno debería asistir a los tribunales con vergüenza y dispuesto a aceptar los cargos.

Si este ha sido el comportamiento del Gobierno, ¿qué opinan de que sea la propia Presidencia la encargada de coordinar este plan?

M.A.: Esto es un problema tan grande que yo creo que la única posibilidad para poner a todas las entidades de acuerdo para acabarlo, es que el Presidente lo haga.

D.G.: Exacto. Algo tenía que pasar a nivel nacional. Esto demuestra además la esquizofrenia  del Gobierno que por una lado hace todo lo posible por no enredarse en estos temas, pero también su constante lucha por proteger los derechos de los indígenas. Técnicamente hablando, la Presidencia es la que puede tener una visión más completa de este problema.

Esta crisis es producto de varios factores: la ausencia del Estado, un fenómeno climático, y una larga historia de desnutrición dentro de la comunidad. ¿Qué creen que es lo más complicado de solucionar?

D.G.: Yo creo que es el tema de la ausencia de instituciones locales lo suficientemente fuertes y comprometidas con la protección de los miembros de su comunidad. De nada sirve que desde Bogotá ahora estemos todos volcados en superar la crisis si en un largo plazo, cuando este problema ya no tenga toda nuestra atención, vuelve el mismo tipo de personas que durante años se han robado la plata que le pertenece a la población. Ante esta situación, las decisiones judiciales se quedan cortas. Esto requiere un compromiso mucho más profundo .

M.A.: El tema que menciona Diana es sumamente desesperanzador. Las cosas más básicas, como hacer un registro cuando se nace y cuando se muere, en La Guajira es complicadísimo. Pero además, yo le agregaría el tema ambiental en el que no solo tiene que ver el prolongado fenómeno de El Niño.

¿A qué otros factores ambientales se refieren?

D.G.: Es que cuando iniciamos la investigación de los temas de alimentación, trazamos una línea casi paralela con el derecho al agua. En este caso, nos dimos cuenta que había muchas denuncias en las que se decía que la sequía en La Guajira tenía que ver con la explotación minera en la región. Aunque no hemos encontrado estudios serios sobre el tema, las denuncias son muy contundentes.

M.A.: Así es. Al darnos cuenta de esta situación, en la petición que hicimos le pedimos al juez que se pronunciara al respecto. Pero nos causa curiosidad que en ninguna instancia, ni siquiera en la CIDH, las autoridades se han pronunciado sobre este tema. Investigar esta parte de la historia es fundamental porque contribuye a establecer las diferentes causas de la crisis a la que llegó La Guajira. No puede ser que un Estado como el colombiano no sepa con detalles por qué se están muriendo sus niños. Es algo que tiene que saber: Nosotros propusimos que se cree una especia de Comisión de la Verdad para que se investigue todo este fenómeno, desde la responsabilidad del Estado, hasta la injerencia que podría tener la explotación minera en estas muertes. De alguna manera hay que aprender de estas experiencias y construir una institucionalidad a partir de los errores. Pero mientras este panorama no esté claro, no se puede prevenir ni en La Guajira ni en ninguna parte.

D.G.: Hay otro tema que nos causó curiosidad del fallo de la Corte Suprema y es que los magistrados no hablaron en ningún momento del derecho a la alimentación. Mencionan, eso sí, el derecho a la salud y a la vida. Pero ese principio social no sale en la sentencia. Creo que puede ser porque no está explícito en la Constitución. Sin embargo hay muchos tratados y convenios internacionales en los que claramente está anotado este derecho.

M.A.: Creo que esto también puede entenderse si tenemos en cuenta que lo que hizo la Corte fue una interpretación muy clásica de los derechos. Pero vale la pena resaltar que se trató de una decisión unánime de toda la sala, no hay ni un solo salvamento o aclaración del voto. Además, aunque no hizo explícito la decisión de hacer de este problema un estado de cosas inconstitucional, que fue lo que nosotros pedimos, lo que sí hay es una clara orden para fortalecer una política pública seria.

D.G.: En ninguna parte le pusieron el título de estado de cosa inconstitucional, pero es una decisión claramente estructural en la que ordena cronogramas, plazos y reportes mensuales. Es similar a lo que normalmente se ordena en casos de cosas inconstitucionales.

M.A.: Pónganle el título que quieran. El mensaje es claro: la Corte Suprema le parece evidente que hay una violación clara de los derechos de los niños y que esa violación la tiene que arreglar el Estado en coordinación con la Presidencia. Lo que pasa en La Guajira es un fracaso de la constitución.