“No se deben mezclar reformas a la política con reformas a la justicia”

Según el jurista, haberles asignado funciones electorales a las altas cortes las politizó, lo que ha sido fatal para la administración de justicia.

El exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez. /Reinhard Dienes

Ante la denuncia hecha la semana pasada por el presidente Juan Manuel Santos, sobre la intención de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura de hacer lobby en el Congreso, se abre nuevamente el debate sobre la eliminación de ese alto tribunal. El Espectador habló con el exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez sobre la no conveniencia de incluir cambios al sistema judicial en la reforma al equilibrio de poderes y las razones por las cuales la Sala Administrativa del Consejo Superior debería acabarse, pero a través de una reforma judicial.

¿Por qué se debe acabar el Consejo Superior de la Judicatura?

El Consejo Superior de la Judicatura, de entrada, quedó mal diseñado; con dos salas: una de ellas Administrativa, con la idea de preservar la independencia del Poder Judicial en el manejo de los recursos, pero integrada por magistrados, que no han sido propiamente los más eficaces en el manejo de los inmensos recursos que maneja todo el sistema judicial.

Esa no puede ser la única razón…

No, por supuesto que no, también porque haberles asignado funciones electorales a las altas cortes las politizó. Eso ha sido fatal para la administración de justicia, para los propios magistrados que ahora tienen que estar dedicando sesiones enteras para postular candidatos, tiempo que deberían dedicar a lo que hacen los magistrados en todo el mundo, que es fallar.

¿Por qué dice usted que quedó mal diseñado?

El esquema constitucional de 1991 no funcionó. Con la mejor intención se hizo un “revolcón” en materia de justicia y 20 años después hay unas cosas que han funcionado, como la Fiscalía, porque la investigación criminal, aun con todas las fallas, es mejor que antes de la Constitución de 1991. Pero la mayoría de las instituciones no han funcionado. Hasta el punto que la reforma que se plantea tiene que ver con cambiar lo que se estableció en 1991.

Antes de la Constitución del 91, ¿quién manejaba los recursos de la justicia?

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. El principio de independencia del manejo de los recursos que se instauró en 1991 es sano, lo que no ha resultado es el cómo.

Quitarle la función de administrar recursos a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para entregársela a un ‘grupo de notables’ y darle puesto al Ejecutivo. ¿No es darle más poder al presidente?

La medida es sana si se complementa con la estabilidad de ese organismo rector, que no es ejecutor. Están los tres niveles: el presidente de la Rama Judicial y una junta directiva, en donde van a estar representados todos los sectores. El hecho que esté el Gobierno no afecta la independencia de la Rama, porque tiene que existir esa conexión para el manejo de los recursos. Es mucho mejor tener al ministro de Hacienda ahí, para comprometerlo, la diferencia es que no tienen voto.

Frente a las denuncias hechas por el presidente, explíqueme, ¿por qué está mal que los magistrados hagan ‘lobby’ en el Congreso?

Con todo lo que ha pasado después de la Constituyente del 91 los magistrados terminaron yendo al Congreso, eso antes era impensable. Sin embargo, esto no es sólo actitud del Consejo Superior de la Judicatura, también lo es de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal, el procurador, el contralor. Mire, por ejemplo, en la Fiscalía hay una dependencia llamada ‘Enlace con el Congreso’; eso era impensable.

¿Eso quiere decir que hoy en día así funcionan las cosas, haciendo ‘lobby’ en el Congreso?

El sistema es el que ha permitido ese cruce que no es bueno. Un magistrado debe ser lo más alejado de la política, pero con este sistema los magistrados van al Congreso a defender su corporación. Si fueran a suprimir la Procuraduría en un acto legislativo, el procurador va a allá y expone su tesis. Lo que creo es que aquí hemos tergiversado la división de poderes. El Congreso es el que toma las decisiones políticas y los magistrados en principio no deberían involucrarse en eso.

Pero, ¿por qué hacer ‘lobby’ es un desprestigio para unos como el Consejo Superior de la Judicatura y para otros no?

Creo que aquí hay un rasero distinto, porque “al caído caerle”. El Consejo Superior de la Judicatura es una entidad que ha ido ganando un desprestigio mayor que las demás ramas del poder, que tampoco es que estén libres de desprestigio según las encuestas. Ese episodio me parece sobredimensionado. El Gobierno haría bien señalándole al país quiénes fueron, porque la frontera entre el lobby y cohecho es muy tenue.

¿Qué pasaría si efectivamente fuera cierto que los magistrados les estaban ofreciendo puestos a los congresistas?

Para los congresistas es causal de pérdida de investidura recibir puestos, por tráfico de influencia. Aquí habría una revolución el día que se hiciera en una unidad investigativa una lista de cuántos recomendados hay de los congresistas en la Procuraduría, la Contraloría y las altas cortes. Esa sería una manera exprés de revocar el Congreso.

¿Usted cree que sí se estipuló en una Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura ofrecer puestos a cambio de que no votaran en el Congreso la eliminación de ese tribunal?

En primer lugar, lo que los colombianos esperamos es que se diga quién llamo a quién, quién le ofreció qué a quién. Lo que he visto no es que los magistrados hubieran dicho en una sesión que iban a repartir puestos. Entiendo que lo que salieron a defender era la institucionalidad, la de ellos. Lo que hacen todos cuando les tocan su interés, van al Congreso. Eso no era así antes de 1991.

Es sabido que usted antes de irse del Ministerio de Justicia dejó un proyecto que le entregó al presidente. ¿En esa propuesta qué pasa con el Consejo Superior?

En nuestro proyecto no estaba la eliminación de la Sala Disciplinaria, al contrario, se fortalecía con la creación de un Tribunal Disciplinario, cambiando el origen y modificando las funciones. Lo que ha pasado con la Sala Disciplinaria estos años es que casi todos los gobiernos han colocado como candidatos a políticos en retiro y no a personas que hayan tenido una trayectoria en la Rama Judicial o en la academia, con excepciones.

Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura han manifestado que no están de acuerdo con que se aprueben temas de la justicia en una reforma política, que es precisamente lo que está pasando con la reforma al equilibrio de poderes. ¿Coincide usted con esto?

Preferiría que se pudieran deslindar los temas de justicia y los temas políticos. Es decir, si bien, hay algunos aspectos de la reforma a la justicia, sobre todo los constitucionales, que puedan tener una connotación política como preferiría que se delimitaran los temas: el judicial y el político.

¿Qué inconvenientes tiene mezclar los dos temas en la reforma al equilibrio de poderes que empieza a discutirse en el Congreso en su segunda vuelta?

Aquí vamos a tener una dificultad grande, hay que recordar que hubo un acto legislativo que levantó el conflicto de intereses de los congresistas para reformas constitucionales, pero ese acto fue declarado inconstitucional. Esto quiere decir que hoy regiría y se haría más inconveniente mezclar los temas. Hoy los congresistas tendrían que declararse impedidos por conflicto de intereses.

Entonces, usted considera que no se debió haber mezclado, ¿que la reforma política debe ser política y aparte presentar los temas que involucran a la justicia?

Sí, son dos cosas. Pienso que hay temas políticos que tienen que ver con la reelección presidencial, la lista cerrada, con la circunscripción para Senado. Además, porque lo que he visto es que cada vez le van agregando cosas. No sé qué más le vayan a agregar en la segunda vuelta.

Un tema que se propuso en la primera vuelta y que se aprobó a medias fue el famoso tribunal de aforados. ¿A usted le gusta ese tribunal?

Para que sea un tribunal propiamente hay que eliminar el paso por el Congreso. Los únicos funcionarios que deben tener fuero político son el presidente y el vicepresidente, no más. El procurador, el contralor, el fiscal y los magistrados deben tener no un tribunal ordinario, pero sí uno con capacidad para investigar y juzgar.

¿Le ha gustado el trabajo de su sucesor, el ministro Reyes?

Cómo no podría gustarme, si lo conozco desde los ocho años. Para nadie es un secreto que su padre fue como mi mentor. Creo que el ministro de Justicia es una persona seria. A veces lo cuestionan porque no aparece tanto en los medios. Pero aquí no pueden seguir calificando a los ministros por la aparición en los medios. Él está haciendo su trabajo, es una persona formada para eso, es serio, aplomado, conoce y sabe lo que está haciendo.