Camilo Gómez Alzate, exalto comisionado de paz, criticó al Acto Legislativo

No se está violando el derecho a la igualdad de los otros partidos: ministro Rivera

Durante la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, el Gobierno defendió el acto legislativo 3 de 2017 en el que se pactaron las reglas para que las Farc puedan hacer política. El Consejo Nacional Electoral advirtió que los beneficios solo se asignarán si se decreta oficialmente que las Farc ya dejaron las armas.

El magistrado encargado, Iván Escrucería, tiene la tarea de presentar ante sus compañeros de Sala Plena el proyecto de fallo de este expediente. Archivo

Pasadas las 8:00 am, comenzó la audiencia pública que organizó la Corte Constitucional para escuchar las diferentes posturas sobre si las Farc pueden hacer política, según lo planteado en el acto legislativo 3 de 2017. El primero en pronunciarse fue el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien le pidió al alto tribunal que declare exequible este expediente, cuyo magistrado ponente es Iván Escrucería. El jefe de la cartera fue reiterativo en el hecho de que esta norma que se estudia es transitoria y resulta de la mayor relevancia constitucional pues “responde a una situación excepcional que pretende adelantar y asegurar el tránsito del conflicto a la paz”. (Participación política de las Farc, a examen en la Corte Constitucional)

El ministro Rivera agregó que lo planteado en el acto legislativo 3 de 2017, no viola el derecho a la igualdad de otros partidos pues se está hablando de una norma excepcional y transitoria en la que además, se “garantizó que asuntos como la financiación y asignación de curules en el Congreso se otorgaran sin detrimento de los derechos de los partidos o movimientos que llevan compitiendo durante años dentro de las reglas de la democracia”. (¿Cómo se debe llamar el partido de las Farc?: Timochenko pregunta a los tuiteros)

Para Rivera, se fundamental entender que la norma que estudia el alto tribunal se planteó con el objetivo de conseguir la paz y que los ejemplos internacionales han demostrado que durante los primeros años luego de la terminación de un conflicto, aplicar reglas especiales para la transición de las armas a la política son absolutamente esenciales pues así se determinan las bases para la construcción de una paz estable y duradera que, en muchas ocasiones, puede tardar más de una década. 

 El siguiente en intervenir fue el presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega Rocha, quien también le pidió a la Corte que declare constitucional al acto legislativo. Vega Rocha le pidió al alto tribunal que tenga en cuenta un hecho histórico que, en su opinión, es fundamental para entender por qué este tipo de reglas especiales son necesarias en un proceso de transición de las armas a la política. El presidente Vega hizo referencia a la historia de la Unión Patriótica que, en 1991, perdieron la personería jurídica en medio de un exterminio en contra de sus miembros.

Vega recordó que, en 2010, el Consejo de Estado le ordenó al Consejo Nacional Electoral a que le de devolviera la personería jurídica pero no sirvió de mucho pues, con el ataque sistemático a sus miembros, no consiguieron el umbral para poder seguir con vida en el ruedo político. “Este es un antecedente importante porque si a las Farc les exigimos los mismos requisitos que a cualquier otro partido, no pueden obtener esa figura para poder hacer política”, explicó Vega. (El camino que apenas empieza con el desarme de las Farc)

El presidente del Consejo le hizo una petición especial al Gobierno: que determine quién será la persona u organismo en anunciar que las Farc dejaron las armas y pueden hacer política. Para Vega, este anuncio es fundamental pues tiene claro que mientras no reciba una comunicación oficial que afirme que la guerrilla ya no está alzada en armas, no será posible la asignación de curules o de la personería jurídica. “Es claro que ningún partido político puede hacer política con armas”, anunció el presidente del Consejo Nacional Electoral.

Tras la intervención de Vega, siguió la Camilo Gómez Alzate, exalto Comisionado de Paz durante el gobierno de Andrés Pastrana. Aunque aceptó que fue de los que votaron No en el plebiscito del pasado octubre y no está de acuerdo con este acto legislativo, Gómez aseguró que esto no significa que no apoye la lucha por la paz en Colombia, pero que en ningún momento ese camino para conseguir la paz puede estar por encima de la Constitución.

Para Gómez, en el acto legislativo 3 de 2017 se le dieron “demasiados” beneficios a las Farc para entrar al mundo político". Recordó además el proceso por el cual la guerrilla del M-19 pudo hacer política durante su proceso de paz a finales de los años 80. El excomisionado explicó que, aunque los guerrilleros tuvieron amnistía, no se les dieron los beneficios que hoy se están planteando y que, por el contrario, pudieron conformarse en un partido con las mismas reglas que regían para los demás.

“No se trata de no darles la oportunidad de participar en política. Se trata de que se les exijan las mismas reglas que a los demás”, aseguró Gómez, quien además mencionó uno de los temas más espinosos de este expediente: ¿Qué pasa si un exguerrillero que ha participado en delitos de lesa humanidad o de guerra, se presenta para una curul y es elegido?

En su opinión, el hecho de que se les permita a estas personas llegar a un puesto en el Congreso “rompe el derecho constitucional y afecta el derecho a la paz”. De acuerdo a su intervención, Gómez considera que no se le debería dar estos avales a los miembros de las Farc pues, así se presenten a la Jurisdicción Especial para la Paz, no se estaría garantizando el derecho a las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no repetición. “Este acto convierte a nuestra Constitución en la única en el mundo que permita que criminales de guerra, lleguen a la política”, expresó Gómez.