“Nos congestionamos por dejarle todo al juez”: presidente de la Corte Suprema

Rigoberto Echeverri fue elegido presidente de la Corte Suprema el pasado 8 de junio. / Óscar Pérez

Foto: OSCAR PEREZ

Las elecciones en la Corte Suprema de Justicia han estado embolatadas desde octubre de 2016. A la demora en la presentación de las ternas para reemplazar a dos magistrados en la Corte Constitucional se sumó, a finales de enero de este año, la elección de presidente del alto tribunal. Apenas la semana pasada se supo por fin el nombre del magistrado que ocupará la presidencia durante un año, algo insólito para una institución que tradicionalmente ha elegido a su vocero en los primeros meses del año.

Se trata del jurista de la Sala de Casación Laboral Rigoberto Echeverri Bueno, abogado de la Universidad de Caldas y especialista en derecho comercial de la misma institución. En diálogo con El Espectador, el presidente habló de cómo ve la implementación del Acuerdo de Paz, del caos que enfrenta la sala a la cual pertenece, por cuenta de las demandas pensionales, y del arranque de la sala de descongestión, un trámite que él mismo ayudó a gestionar hace dos años.

¿Cómo ve el arranque de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)?

Han empezado a salir los decretos de implementación, ya es un hecho cumplido. Cualquier discusión o reparo que pueda haber contra la JEP está en manos de la Corte Constitucional, que está revisando su constitucionalidad. La Corte Suprema está a la expectativa de que se apruebe el reglamento y que entre a funcionar lo más rápido posible para evitar esta interinidad en la que está el país ahora con respecto a la implementación del Acuerdo.

Usted dice que la JEP es un hecho cumplido. ¿No hay nada que frene la implementación?

La entidad que tiene todo el poder de decisión respecto a la legitimidad de la JEP es la Corte Constitucional. Nosotros simplemente estamos a la expectativa de que entre a funcionar y cómo va a funcionar.

¿Usted es de los que opinan que la Corte Suprema debería tener un papel más protagónico en este proceso?

Creo que la Sala Penal está siendo protagónica. Fueron sus magistrados quienes decidieron participar en el Comité de Escogencia y han estado trabajando en eso. Además, ya han sacado sentencias con respecto a la libertad de guerrilleros y civiles que quieren entrar a la JEP, pero que no estaba del todo claro en los acuerdos.

Como presidente de la Corte, ¿va a participar en el Comité de Escogencia o se lo deja a la Sala Penal?

La invitación que se hizo fue a la Sala Penal y fue ella la que autónomamente decidió participar y está haciéndolo. Por el momento, la presidencia (de la Corte) no tiene nada que ver en ese proceso.

¿Cree que en algún momento pueda entrar a participar de ese trámite?

No sé. Eso sería en un evento futuro, pero no se me ocurre en qué contexto. Por ahora sólo hablo del presente.

¿Cuál es el aporte más importante que le puede dar la Corte Suprema a la JEP?

Lo que más nos importa en este momento es que se preserve la institucionalidad de la Corte Suprema como órgano de cierre. Respecto a la JEP, lo que esperamos es que funcione e imparta justicia, que es uno de los componentes esenciales del Acuerdo de Paz.

¿Cree que el Acuerdo se va a poder aplicar tal y como se negoció en La Habana? ¿O necesita cambios?

Estamos esperando la implementación, todos los proyectos y actos legislativos que se están tramitando en el Congreso y el pronunciamiento de la Corte Constitucional. No visualizo ningún cambio por el momento. Pero la palabra la tiene la Corte Constitucional.

Pasemos al ámbito en el que usted se ha desempeñado siempre: el laboral. Entró en el 2011 a la Sala Laboral de la Corte. ¿Cuál es la situación de las luchas laborales en el país?

En la Sala de Casación Laboral tenemos un inventario de más de 20.000 procesos. De ellos, más del 80 % son cuestiones de seguridad social, es decir, pensiones. Muchas de esas pensiones vienen siendo negadas por entidades como el Seguro Social, Cajanal y otras públicas.

¿Esos 20.000 procesos están activos?

Sí. La situación es grave porque, además, los usuarios de esas demandas son gente mayor de edad, huérfanos o viudas. A raíz de este escenario, en el que teníamos un retraso de más de cinco años, propusimos tramitar en el Congreso una ley de descongestión. El año pasado por fin se aprobó y apenas el mes pasado se posesionaron los magistrados. El tema, por fin, arrancó.

¿Qué otras instancias han manifestado su interés de tener una sala como esta?

Este es un plan piloto de la Sala Laboral. Sé que hay otros altos tribunales pendientes de si va a funcionar o no. La Sala Tercera del Consejo de Estado está pendiente de nuestros resultados. Yo creo que vamos a tener una solución, porque se crearon cuatro salas de descongestión, con tres magistrados cada una, que van a agilizar enormemente la situación. Además, el criterio de elección de los procesos es su antigüedad. Vamos a darle una respuesta al clamor de los ancianos y huérfanos que quedan sin pensión.

¿Y si esa sala resulta un pañito de agua tibia?

Es la solución inmediata, pero se debe reformar el recurso de casación para evitar que todo llegue aquí. La Corte no tiene la capacidad para evacuar los 4.000 procesos que (en promedio) nos llegan anualmente.

¿No se necesita también colaboración por parte de las entidades que no están cumpliendo con el pago de las pensiones?

Claro. Son ellas las que están resolviendo los casos sin tener en cuenta la jurisprudencia de esta y otras cortes. Pero tampoco es lo único. Este problema está enmarcado en uno mucho más grande que involucra también el tema de la congestión. Esto no sólo pasa en mi sala, pasa en todo el país. Y a esto súmele la falta de personal y la falta de recursos...

Al estar frente a una congestión de 20.000 casos, su perspectiva de la situación pensional en el país puede ser una de las más autorizadas en el tema. ¿Cuál cree que es el mayor problema?

Creo que el tema es la falta de cumplimiento de la jurisprudencia y de las leyes. Nosotros hemos definido ciertas reglas desde hace mucho tiempo, pero nos siguen llegando demandas por temas que ya resolvimos. En el país existe la cultura de: “Yo no me meto en el problema y no resuelvo. Es mejor que lo decida un juez”. Todo termina en nuestros despachos. Es similar a lo que pasa con el sistema salud. A las personas que necesitan un medicamento les recomiendan poner una tutela para que les den la droga. Así es como nos congestionamos.

¿No podrían la Corte Constitucional, en temas de salud, y la Suprema, en lo pensional, darles un ultimátum a las entidades para que cumplan las reglas?

Yo creo que debe haber soluciones, empezando por la obligatoriedad del precedente judicial. Pero, además, se necesita una fuerte concientización de las empresas, pues a ellas no les conviene empezar un pleito que les genera costos adicionales. Es cultura ciudadana: tenemos que trabajarla. No todo lo puede decidir un juez.

La protección del derecho a la pensión es una de las peticiones que, usted dice, más llegan a la Sala Laboral. ¿Puede una persona confiar en que, si comienza una batalla judicial para ello, los jueces de la Corte la van a escuchar?

Esa fue nuestra preocupación hace cuatro o cinco años, cuando llegamos a un tope como de 16.000 procesos. Y en algunos casos se nos estaban muriendo los demandantes por las demoras. Por eso decidimos emprender esa lucha para sacar adelante la ley de descongestión, que no existía.

Otro asunto importante: la Corte lleva más de siete meses intentando elegir dos ternas para magistrados en la Corte Constitucional. Ya eligió una. ¿Cuándo estará lista la que falta?

Lo que ocurre en el interior de la Corte es que no se actúa en bancada. Tampoco por filiación política. Somos 23 magistrados y quien aspire a ser elegido debe lograr el consenso de 16 magistrados. Hemos tenidos varios aspirantes que han tenido votos importantes, pero no consiguen los 16. Ya hemos tenido varias votaciones. Si no se elige esta semana (22 de junio), se elige dentro de 15 días en la próxima Sala Plena. Voy a poner todos mis esfuerzos para lograr esos 16 votos. Soy consciente de la necesidad del país de conocer esta terna.

Exmagistrados y exconstituyentes han pedido que no postulen candidatos para la Corte Constitucional que hayan tenido vínculos con el presidente de turno o con políticos, pero para la terna faltante los nombres que más suenan son los de Wilson Ruiz y Martha Isabel Castañeda, dos figuras de ascendencia política. ¿Lo han tenido en cuenta?

Nosotros no escogemos candidatos por afiliaciones políticas ni por vinculaciones. Lo que miramos en el perfil de los candidatos es su independencia e imparcialidad para ejercer el cargo. Ese es el principio de la separación de poderes, que garantiza que tengamos un Estado social de derecho. Si el juez está sometido a otro poder, no funciona la democracia. Ese es el valor que tiene la justicia en Colombia. Esa independencia cuesta mucho porque genera impopularidad. Pero eso es lo que buscamos en la elección.

Pero, con esos nombres, pareciera que esa petición hubiera llegado a oídos sordos...

Claro que no. Siempre hemos aplicado esos criterios para la elección.

En la última elección, por ejemplo, se sabía desde el comienzo que Diana Fajardo, la magistrada recién elegida, era cercana a la presidencia.

Podía tener cercanía, pero lo que yo vi fue una elección muy reñida. Hubo varias opciones para que el Senado eligiera.

Otra elección que estaba embolatada era, precisamente, esa en la que usted fue escogido. ¿Por qué tanta demora?

Ese es otro mecanismo. La elección de los presidentes se va rotando por salas para que haya siempre una representación de todas en la presidencia. En este caso, hubo dos candidatos fuertes que dividieron la sala y no permitieron el nombramiento más rápido como se esperaba. Yo hubiera preferido que la discusión se diera el año pasado. Pero nos tocó este y tocó afrontarlo. Ahora ya estamos aquí.

¿Qué les dice a quienes han asegurado que el retraso en las ternas para la Corte Constitucional se ha dado por negligencia de la Sala Plena?

Nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tiene la elección de estos candidatos. Lo que pasa es que es mucha responsabilidad y estamos tratando de hacerlo de la mejor manera. No se trata de elegir rápidamente el que más votos tenga e ir sumando. Se trata de elegir a un buen candidato que cumpla su labor con independencia e imparcialidad. Eso lo requiere el país.

La semana pasada se aprobó en el Senado el acto legislativo para que exista una segunda instancia para aforados. ¿Cree que es necesaria?

La segunda instancia es un requerimiento internacional. La Corte Constitucional ya la pidió. El Congreso está en mora de hacer esa reforma. Esa instancia se le debe garantizar a todo ciudadano. No podemos excluir a los aforados de esa posibilidad, que es una garantía para el debido proceso y la legítima defensa. Para solucionar eso, la idea es que se conozca primero en una sala de instrucción y después en una de juzgamiento, ambas en la Corte Suprema. Ese proyecto estipula esto.