La nueva era de la Procuraduría

Fernando Carrillo fue elegido como jefe del Ministerio Público con 92 de los 95 votos depositados ayer en Senado. Quiere cambiar lo que para él fue una procuraduría de persecuciones políticas y radicalismos.

En momentos en los que unir a los partidos políticos en Colombia parecía una misión imposible, Fernando Carrillo Flórez lo logró en la mañana de ayer. El Centro Democrático, el Partido Conservador, Opción Ciudadana, una parte del Polo Democrático, la Alianza Verde y la Unidad Nacional anunciaron, mucho antes de que empezara la votación en el Congreso, que su voto para elegir al nuevo procurador sería a favor del exministro del Interior y de Justicia. Con el apoyo de la mayoría del Senado, la elección de Carrillo estaba más que cantada. (Lea: Fernando Carrillo Flórez, nuevo procurador general)

Hacia el mediodía esa unión, que parecía imposible, dio su resultado. Fueron 92 votos, de los 95 totales –se registraron tres en blanco–, los que le dieron la victoria oficial al que hasta hace poco fue el embajador de Colombia en España y quien había recibido el respaldo del presidente Juan Manuel Santos, pese a que la candidata que había postulado la presidencia era María Mercedes López, exmagistrada del Consejo Superior de la Judicatura. Pese a que fueron varios los partidos que coincidieron en su votación, Carrillo ha sido, históricamente, un político del ala liberal. (Lea: ¿Quién es Fernando Carrillo, el nuevo procurador?)

A los 21 años, cuando terminaba sus estudios en derecho y economía en la Universidad Javeriana, se convirtió en el jefe de juventudes del Movimiento Nuevo Liberalismo, al lado de Luis Carlos Galán Sarmiento. Fue además uno de los jóvenes que impulsaron el movimiento de la Séptima Papeleta, la antesala de la Asamblea Constituyente que terminó en uno de los hechos históricos más importantes en la historia reciente de Colombia: la creación de la Constitución Política de 1991.

Carrillo se convirtió en un activo constituyente quien, como heredero de las ideas del galanismo, fue uno de los 13 que votaron a favor de que la extradición se convirtiera en un mandato constitucional.

Sin embargo, 72 se opusieron a esa idea. Sus posiciones liberales y su cercanía al partido le abrieron las puertas a sus primeros cargos oficiales –fue ministro de Justicia en 1991 en el gobierno de César Gaviria–. Aunque Carrillo ha dicho que no es descendiente del sectarismo político y que su paso por la Procuraduría no será para crear “una especie de monopolio de un sector político”, es claro que sus posiciones son opuestas a las del saliente procurador, Alejandro Ordóñez.

Aunque prefirió no dar nombres, durante su intervención en el Senado el pasado martes, Carrillo dejó claro que de ser elegido jefe del Ministerio Público dejaría a un lado las ideas que, para él, han convertido a la entidad en un instrumento de persecución política y vocera de radicalismos. “Me propongo hacer una Procuraduría que en primer lugar resucite los valores cívicos y ciudadanos de un Estado social de derecho, probo, tolerante, garantista y respetuoso de la ley”, advirtió el nuevo procurador tras su triunfo en el Senado. (Lea: “Esta no será una Procuraduría vocera de radicalismo”: Fernando Carrillo)

Más allá de darle un nuevo aire a la Procuraduría, Fernando Carrillo se enfrenta a un reto todavía más importante frente a la realidad que hoy vive el país. Desde el momento en que sea posesionado –en enero de 2017–, el exembajador y exministro será el encargado de vigilar que no se cometan irregularidades y trampas que puedan aparecer en el afán de implementar el Acuerdo Final con las Farc. El nuevo procurador es consciente de su responsabilidad ante los intentos por conseguir la paz con la guerrilla y dijo, en su discurso , que se trataba de un honor estar al frente del Ministerio Público en la transición hacia la paz.

“Hoy más que nunca es necesario un Ministerio Público que entienda que no somos un país dividido por la política, sino unido por la necesidad de que callen los fusiles. Una Procuraduría que construya puentes de diálogo para fortalecer la cohesión social tan necesaria siempre pero nunca como ahora”, dijo Carrillo en su discurso, en el que además aseguró que otros de sus compromisos será velar por el cumplimiento de “los acuerdos a los que se llegue, por los derechos de las víctimas y de los ciudadanos escépticos con la negociación”.

Aunque consiguió la mayoría en el Senado para llegar a la Procuraduría, durante su campaña no faltaron las polémicas y acusaciones. Desde que el Consejo de Estado lo eligió como su candidato a la terna que compartió con el exvicefiscal, Jorge Perdomo, y María Mercedes López, en los pasillos del Congreso y las altas cortes se rumoraba que el exministro, quien además había sido representante y vocero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), no podía ser elegido como procurador porque tenía a sus espaldas una inhabilidad de 13 años de antigüedad.

El problema se remonta a la fuga del capo del narcotráfico Pablo Escobar de la cárcel La Catedral, en julio de 1992. Para esa época, Carrillo ya estaba fuera del país adelantando su segunda maestría, después de haber fungido un año como Ministro de Justicia en Administración y Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard —la primera la obtuvo en la misma universidad pero en el área de Finanzas Públicas en 1987-.

Para algunos sectores de opinión, Carrillo tenía que dar explicaciones por haber sido responsable de la política penitenciaria del país. El propio Congreso lo citó, así como a los ministros de Gobierno, Humberto de la Calle, y de Defensa, Rafael Pardo a debate público para que contara qué había pasado en La Catedral. Sin embargo, no fue posible establecer quién era el responsable de que el capo estuviera libre. Carrillo siempre se defendió diciendo que cuando se había posesionado como ministro, las reglas de sometimiento a la justicia de Pablo Escobar y otros miembros del cartel de Medellín ya estaban en firme.

Pero su dolor de cabeza no paró ahí. Dos años después de la fuga de Escobar, el viceprocurador del momento, Mauricio Echeverry, lo sancionó con una suspensión de 30 días por falta grave. El argumento: Carrillo había tenido responsabilidad de organizar, dirigir y vigilar todo lo que pasaba dentro de La Catedral. En ese momento, el hoy procurador comenzó una cruzada llena de recursos jurídicos para borrar el tachón que había aparecido en su hoja de vida.

Tutelas, demandas y hasta súplicas presentó Carrillo ante el Ministerio Público, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Ninguna fue suficiente para lograr su cometido. El propio Consejo de Estado ratificó su sanción en 2002 y con ella, las posibilidades de que pudiera deshacerse de la medida eran casi nulas. Pero con la llegada del nuevo procurador, Edgardo Maya Villazón, las cosas comenzaron a cambiar. Él mismo le pidió al nuevo jefe del Ministerio Público que revocara de manera directa la decisión que le había dado tantos dolores de cabeza.

En octubre de 2003, Maya tumbó la sanción y Carrillo, por fin, consiguió limpiar su hoja de vida. Pero esta medida, para muchos, fue arbitraria pues se desconocieron las sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional que ya habían dicho que Carrillo sí había cometido una falta mientras fue ministro de Justicia. Hoy existen dos demandas en contra de la decisión de Maya Villazón y, de fallar de forma adversa, la elección de Carrillo sería nula.

Por ahora, Carrillo tiene cuatro años para afrontar los retos que recibe con una Procuraduría que necesita olvidar las peleas de las que ha sido protagonista y que pusieron en entredicho la imagen de la institución. Una Procuraduría que, ni más ni menos, será la encargada de controlar y vigilar que la implementación del Acuerdo Final de Paz con la Farc cumpla con las expectativas de todo el país.