Nuevo golpe a la contralora

Según la Auditoría, el ente de control fiscal malgastó dineros públicos durante la celebración de los 90 años de la entidad.

La contralora general, Sandra Morelli Rico. / Andrés Torres La auditora general, Laura Emilse Marulanda. / Archivo

Faltando pocos días para terminar su período como contralora, a Sandra Morelli no dejan de lloverle problemas. A su ya conocido enfrentamiento con el fiscal se suma la confrontación que sostiene con la auditora, Laura Marulanda, quien la acusó de haber despilfarrado $54 mil millones por cuenta del arriendo de la nueva sede de la entidad. Ahora, dos recientes informes elaborados por la Auditoría revelan serias irregularidades en la firma de 43 contratos para la celebración de los 90 años del ente de control fiscal.

El primero de ellos se refiere a varios festejos que organizó en Bogotá y en las gerencias regionales de la Contraloría el Fondo de Bienestar Social de esa entidad. El informe señala que el Fondo contrató varios eventos por un valor de $267 millones, aun cuando “la destinación de recursos públicos para hacer conmemoraciones está prohibida”. Según la Auditoría, el Fondo no pudo probar que esas actividades fueran necesarias para “incentivar el sentido de pertenencia a la institución” y “fortalecer el trabajo en equipo”, tal como había argumentado en el estudio de necesidades con el que fundamentó la contratación.

Otro de los hallazgos corresponde a la realización de cinco conciertos en Bogotá, Melgar, Pereira y Cartagena, de los cuales se habrían beneficiado más de 1.116 personas distintas a los funcionarios de la Contraloría. Sobre este punto, la Auditoría señaló que no había justificación para “contratar un tenor, un pianista y un sexteto para la interpretación musical en cada uno de los eventos culturales, la reproducción y el suministro de mil CD para entregar a los asistentes, entregar programas de las actividades, escarapelas y boletería”. Además, señaló que el contratista no cumplió varios de esos compromisos y que aún así la Contraloría le pagó, razones por las cuales se habrían perdido más de $161 millones.

Pero el descubrimiento más sorprendente se refiere a la suscripción del contrato 25 de 2012, con el cual el Fondo contrató “los servicios logísticos necesarios para realizar la producción de un máster de disco compacto del tenor colombo-suizo William de Jesús Hurtado, acompañado de un pianista y una orquesta de cámara”, discos que fueron repartidos en la celebración de los 90 años de la Contraloría. Según el informe, la producción de discos no hace parte de los objetivos del Fondo de Bienestar Social, que argumentó que esa actividad permitiría a los funcionarios “conocer y disfrutar este género musical”. La Auditoría también señaló que “se suscribió el contrato sin que existiera justificación de la razón por la cual se necesitaba que la música que iba a contener el CD debía ser docta o culta, y no música popular, clásica o tradicional, y por qué necesariamente del artista William Hurtado”. Por la grabación de ese disco se cuantificó el detrimento en $25’700.000.

En el segundo informe, la Auditoría reportó irregularidades en ocho contratos para la elaboración y publicación de un libro conmemorativo en inglés y español, en el que se invirtieron más de $260 millones. Mediante otros tres contratos, el ente de control fiscal compró “medallas, monedas y pines” por $32 millones, bienes que la Auditoría calificó como “innecesarios”.

Sin embargo, en varias oportunidades la contralora ha asegurado que es víctima de una persecución y que desde distintos flancos se intenta torpedear su labor. Este miércoles, a la salida del interrogatorio en la Fiscalía por el presunto detrimento de $54 mil millones tras el trasteo al edificio de Gran Estación, Morelli dijo que la auditora “puede hacer lo que a bien tenga” y que no descarta usar “los instrumentos de defensa que me da el ordenamiento nacional e internacional” para frenar la “arbitrariedad” de la Fiscalía. Además, opinó que el ente investigador convirtió su caso en un “chisme de peluquería”, porque en el interrogatorio le preguntaron si solía encontrarse en un establecimiento de ese tipo con el cuestionado empresario Alberto Aroch Mugrabi, investigado por lavado de activos.