'Nunca busqué restringir los derechos'

Jorge Armando Otálora cumple dos años en la Defensoría y estará toda la semana en Chocó atendiendo a la población.

 Jorge Armando Otálora, fue elegido como defensor en 2012.   /Óscar Pérez - El Espectador
Jorge Armando Otálora, fue elegido como defensor en 2012. /Óscar Pérez - El Espectador

Hace exactamente dos años Jorge Armando Otálora fue elegido como nuevo defensor del Pueblo: 126 votos en la Cámara de Representantes respaldaron su candidatura. Venía de ser magistrado en el Consejo Superior de la Judicatura. Para celebrar este aniversario, Otálora decidió trasladar su despacho al Chocó durante toda la semana, con el objetivo de atender a la población. El Espectador conversó con él sobre esta situación, la adopción por parte de las parejas homosexuales, el acompañamiento hecho a Popeye cuando quedó en libertad y toda la polémica que suscitó su sugerencia de limitar la libertad de expresión.

Toda esta semana va a estar en el Chocó, ¿cuál es la situación de este departamento?

El próximo 2 de septiembre cumplo mis primeros dos años al frente de la Defensoría y decidimos que la mejor forma de celebrarlos era despachando en una región que se encuentra muy olvidada: Chocó. Por eso viajamos este lunes a primera hora y vamos a estar trabajando hasta el viernes, despachando todas las delegadas. Voy a visitar diferentes lugares para poder escuchar a las víctimas, a los indígenas y a la comunidad en general. También voy a estar en las cárceles. La idea es atender todo el tema humanitario.

¿Van a presentar algún informe?

Sí. Esto es producto de un informe que se va a lanzar en el Chocó. Se trata de una entrega integral sobre el tema de derechos humanos en el escenario de conflicto, de presencia de los grupos posdesmovilizados, de la guerrilla y de la incidencia de esos grupos en todo el departamento. Allí registramos en qué zonas tienen mayor incidencia, el desplazamiento permanente que generan, el reclutamiento de niños, el tema de la salud, el tema de la educación que lleva ya de siete a ocho años intervenida.

El jueves pasado la Defensoría envió a la Corte un concepto favorable sobre la adopción gay y la tutela se aprobó ese mismo día. ¿Cuál es su posición?

La labor de dirigir la Defensoría, la hago desde el punto de vista eminentemente humanitario, porque mal haría en vincular mis temas personales a la entidad que encabezo. En este sentido, considero que se comete una gran injusticia al no permitir que una pareja con una inclinación sexual diferente pueda adoptar a un niño que se encuentra desprotegido y que no tiene una familia. Además, prohibir la adopción en esta sociedad, con tantos niños abandonados, es un gran sacrificio para la niñez.

¿Entonces considera que debe primar la protección a la niñez?

Debemos tener claro que la Constitución señala que los derechos de los niños están por encima de los adultos. Eso quiere decir que las garantías de la niñez deben protegerse más allá de nuestras creencias y principios personales.

¿Qué fue lo que pasó con Twitter? ¿Cómo es eso de limitar el derecho a opinar?

Ahí hubo desinformación y lo digo de la mejor manera. Mi tarea fundamental es promover y garantizar los derechos, luego, nada puede estar más lejos de mi labor que restringir un derecho fundamental. ¿Qué fue lo que nosotros planteamos? Hay escenarios que salen de la esfera del derecho y de esa garantía de opinión. En vez de limitarlos hay que interpretarlos. ¿Cómo? Una cosa es opinar con libertad absoluta, un derecho que debemos tener todos porque a mí nadie me puede cambiar mi forma de pensar y mi concepción. Pero otra cosa que, so pretexto de mi derecho de expresión, termine agrediendo. Sobre todo cuando ese derecho de expresión mío no es libre y voluntario.

¿Cómo así?

Eso que acaban de denunciar por el tema del hacker es muy grave. Y pone el escenario de hasta dónde hay libre derecho de expresión cuando cogemos un grupo de tuiteros, los pagamos y los preparamos para acabar con la honra de otra persona. ¿Ahí estamos hablando de una libertad de expresión y de opinión? Eso es lo que yo quiero que se interprete porque es que la libertad de expresión es aquella que me nace. Y otra cosa es que esa concepción mía sea invadida a través de una promesa económica, de un pago o de una amenaza. Esos son los escenarios que hay que delimitar. Eso es riesgoso y no tiene nada que ver con el derecho libre de expresión. Eso fue lo que dije que debía delimitarse cuando la denuncia llegó a la Corte.

El pasado martes, ‘Popeye’ salió libre y una camioneta de la Defensoría acompañó la caravana. ¿Cómo fue ese proceso?

Hace un tiempo atrás, John Jairo Velásquez mandó una carta porque sus peticiones jurídicas no estaban siendo atendidas. En ese momento, se hizo el respectivo acompañamiento y se le atendió. En cuanto al tema de la libertas, en un principio no fuimos convocados. A lo último él nos envió un manuscrito pidiendo la compañía, dado que se sentía en condición de riesgo, por su libertad. Situación que nos corresponde constitucional y legalmente por el tema de derechos humanos. Además, no es mi deber juzgar su comportamiento. Y la Policía también nos pidió que estuviéramos ahí. Entonces se terminó haciendo el acompañamiento.

¿Cómo fue?

Lo que me cuentan, porque yo no fui, es que una vez se le da libertad se desplaza de Tunja a Bogotá una caravana en la cual va un vehículo de la Defensoría. Pero nosotros no tuvimos contacto directo a él, porque iba en otro carro. Cuando venían en la calle 170 se para la caravana y nadie entiende por qué hasta que dicen que él se subió a un vehículo particular y ya está en libertad. Había un carro ahí esperándolo, lo bajaron, lo echaron al carro y chao.

¿Qué opinión le merece la pelea mediática que han protagonizado el fiscal Eduardo Montealegre, la saliente contalora Sandra Morelli y el procurador Alejandro Ordóñez?

Yo creo tener una buena relación con los tres organismos. Siempre hemos trabajado de la mano. Sin embargo, creo que queda muy mal visto estar en un proceso de paz y de reconciliación, en el que le pedimos a la víctima que perdone a su victimario, y no ser capaces de perdonar el desplante de un colega. Yo hago una invitación a que depongamos los ánimos sin renunciar a nuestras competencias, sin exacerbar los ánimos y sin que la sociedad crea que todos los organismos están enfrentados. Yo no puedo estar administrando justicia disciplinaria, penal o fiscal y por el otro lado mandando un mensaje de conflictividad.

La defensoría ha estado muy pendiente de la crisis carcelaria que se vive en el país. ¿En qué va ese tema?

Eso sigue igual o peor. Debo reconocer que el gobierno a través del ministro de Justicia saliente hizo un esfuerzo y se sacó una ley (la reforma al Código Penitenciario). Sobre la cual dejé siempre constancias que no iba a ser la solución. Esa reforma mejoró las condiciones de derechos humanos de un grupo de tres mil o cuatro mil internos condenados. Lamentablemente, empeoró la situación para los procesados. Antes eran 37.000 y ahora están llegando a los 41.000. El irrespeto de los derechos humanos es inimaginable dentro de las cárceles por la falta de acceso a la salud, a los mínimos en algunos casos de agua y luz. Eso es un tema que el gobierno ha tratado de solucionar con pañitos de agua tibia, creando una emergencia carcelaria, decretándola, que no sirvió en absoluto. Sin mencionar el hacinamiento que es la gran problemática, pero no la única.

¿Cuál sería la recomendación de la Defensoría ante este escenario?

Esto tiene que ser una política de Estado con enfoque integral. Todas las instituciones tenemos que sentarnos a evaluarlo, tenemos que darle a esta gente el tratamiento digno. Además, deberíamos pensar en que no todas las personas vinculadas a un proceso penal necesitan medida de aseguramiento. Debería ser sólo para delitos de alto impacto, como secuestro, homicidios, acceso carnal violento. Ojo no estoy diciendo que se vaya a pagar su sentencia en libertad, pero sólo cuando alguien sea vencido en juicio el juez lo manda a purgar su condena en prisión. También necesitamos centros penitenciarios formados para que ese señor se resocialice. Lo que estoy diciendo es investiguemos y después mandamos para la cárcel condenados

Pero con restricciones, supongo...

Claro. Es que cuando usted paga una fianza, automáticamente le generan presentaciones periódicas, prohibición de salir del país y algo más que yo lo planteé hace mucho tiempo: entrega del pasaporte y que la Cancillería no expida otro pasaporte hasta que el juez lo autorice. Así esa persona no puede salir del país. Y si el Estado le demuestra que no es inocente y le vence la presunción hay que mandarlo a la cárcel.

Quedamos sorprendidos con cifra de tutelas que los colombianos pusieron en 2013: 454.000 ¿Qué está ocurriendo?

Una de las herramientas que yo como defensor tengo para mirar cómo están los derechos fundamentales de los colombianos son todas las tutelas del país que llegan a la Corte Constitucional. Esta vez nos focalizamos en el tema de salud y seguridad social, que es el tema de las pensiones. Y ya habíamos observado que en los años anteriores el ciudadano estaba desprotegido porque se fallaba una tutela a su favor pero no la cumplían. Encontrábamos cosas tan paradójicas como que una tutela se falla en 10 días, sentencia que no se cumplían metían desacato y pasaban tres o cuatro años y no se resolvían. Por eso le planteamos a la Corte la inconstitucionalidad de no tener un término para los desacatos y ahora deben fallarse en 10 días, se nos convirtió en una herramienta muy importante.

Finalmente, ¿cómo sigue el panorama en Buenaventura?

Hay un sabor agridulce. El gobierno atendió las permanentes denuncias que se hicieron sobre la presencia de grupos posdesmovilizados que estaban sembrando el horror. Se generaron unos programas de inversión de política pública que era lo que más estábamos denunciando nosotros. El tema no sólo era de violación de derechos humanos y la inseguridad, sino la ausencia de Estado frente a temas de agua, de educación, de salud, de todos esos mínimos que tiene que tener una región tan importante. El tema por lo menos ya está en la agenda del gobierno nacional y era una gran preocupación que ni siquiera el gobierno en ese momento dimensionaba la problemática. Hay que unir esfuerzos para hacer las denuncias de todo el Pacífico, absolutamente todo el Pacífico está mal. Buenaventura está en el peor de los escenarios, pero si uno coge de ahí para arriba las cosas también están graves.