Odebrecht sigue, por ahora, con la Ruta del Sol 2

Así lo determinó el tribunal de arbitramento que estudió la solicitud del expresidente de la ANI, Luis F. Andrade, de quitarle la obra a la concesionaria a raíz del escándalo de corrupción.

A Luis Fernando Andrade le imputarán cargos el 21 de septiembre. Archivo El Espectador

Desde que estalló el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia en diciembre de 2016, ya han sido capturadas ocho personas y dos han sido condenadas por haber participado —al parecer, en el caso de los investigados— en una red de corrupción para que la firma brasilera fuera beneficiada en la adjudicación de contratos.

Después de haber pagado millonarios sobornos, la firma se abrió un camino en Colombia para exigirle al Estado más de $2,6 billones que, asegura, le debe por incumplimientos en uno los contratos que ganó fraudulentamente: Ruta del Sol 2. Un tribunal de arbitramento decidirá si Colombia le debe pagar ese cuantioso monto a la constructora. La más reciente decisión que tomó este estrado judicial es que, por ahora, Odebrecht seguirá a cargo.

El pasado 3 de agosto, el tribunal de arbitramento negó la solicitud del gobierno colombiano —encabezado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)— de anularle el contrato a Odebrecht. La petición la hizo el expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, a comienzos de este año. De acuerdo con la determinación, el acta que presentó la ANI no cumplió con los parámetros de una conciliación y en ese pacto tampoco había ánimo de conciliar.

El tribunal, además, dijo que resultaba inútil que las partes se pusieran de acuerdo por fuera del proceso y no delante de los árbitros. Lo que esta decisión significa es que la firma brasileña tiene, por ahora, la responsabilidad de seguir avanzando con la obra, pese a los líos judiciales en que está envuelta. (Le puede interesar: La Procuraduría y la ANI buscan destrabar la Ruta del Sol)

El origen de este multimillonario pleito es el contrato del sector 2 de la Ruta del Sol, la construcción o rehabilitación de 528 kilómetros de carretera entre Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar), un negocio estimado en $5 billones. La multinacional tiene el 65% de la Concesionaria Ruta del Sol, una sociedad integrada, además, por Episol (una filial de Corficolombiana) y CSS Constructores, del grupo Solarte. Las demoras en la aprobación de licencias ambientales, en la contratación de la interventoría, y la adquisición de predios, fueron algunas de los argumentos que usó el consorcio para demandar al Estado, en dos ocasiones, por un monto hoy estimado por el tribunal en más de $573.000 millones.

La base de la demanda, según Odebrecht, es que la ANI les debe $2,6 billones y que, si concilian, aceptarían la quinta parte de esa deuda.  Cuando se destapó el escándalo, una de las medidas que tomó la ANI fue quitarle el contrato a Odebrecht. Similar fue lo que anunció la Procuraduría en febrero pasado, al interponer una acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo hizo porque consideró que las acciones corruptas de la firma habían puesto en riesgo el patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso a servicios públicos.

Para el Ministerio Público, era urgente tomar medidas. Por eso le pidió al magistrado que lleva el caso, Luis Manuel Lasso, que anulara el contrato de la Ruta del Sol 2 y que obligara a las autoridades a que, en el menor tiempo posible, designara el nuevo responsable de la megaobra y que velara para que se cumpla el contrato y se paguen los salarios a todos los trabajadores. La orden del Estado fue que el Invías fuera el responsable. Pero las trabas para poder concluir una de las obras de infraestructura más grande del país, no se han podido solucionar.

Fuentes cercanas al proceso le contaron a este diario que los representantes de la firma brasilera se han presentado en varias reuniones de conciliación con pretensiones subidas de tono. “Han llegado aquí como si no hubiera pasado nada. Como si sus jefes no hubieran pagado sobornos por más de US$11 millones para quedarse con los contratos. Y como si aquí en Colombia no nos importaran los casos de corrupción”, señaló uno de los abogados que conoce los pormenores de esta conciliación, quien agregó que las presiones de ciertos sectores implicados han impedido que la obra la administre el Estado
Un asesor de la ANI le explicó a El Espectador que las negociaciones para sellar un pacto de conciliación están quietas, pues las partes del consorcio saben que el proceso que llevan en el tribunal de arbitramento, es su última carta para negociar con el Estado.

Si no llegan a una cifra que consideren justa para enmendar las repercusiones del escándalo, las empresas se quedan sin un sustento contable y los bancos les pueden frenan cualquier otra financiación”, señaló. Otro de los problemas que han encontrado para que el Invías asuma la obra es que la concesionaria no ha querido entregar las facturas del pago de la liquidación de sus trabajadores y proveedores “y por eso no sabemos si se está trabajando en la obra ni tampoco en qué está la terminación del contrato con sus empleados”, agregó el funcionario de la ANI.

Andrade, ante la justicia

El próximo 21 de septiembre, la Fiscalía le imputará el cargo de interés indebido en celebración de contratos a Luis Fernando Andrade, quien por casi seis años estuvo al frente de la ANI como presidente, hasta que renunció el pasado miércoles 23 de agosto. En ese cargo fue que pidió la nulidad del contrato de la Ruta del Sol 2. Una vez su nombre resultó enlodado por el caso Odebrecht, Andrade pasó de ser un funcionario estrella del gobierno Santos a uno sobre el cual recae la sospecha de haberse involucrado en el mayor escándalo de corrupción de empresa privada que se haya conocido en el país. 

Hasta ahora, Andrade ha negado haber cometido cualquier irregularidad y ha manifestado absoluta voluntad de cooperar con la justicia. Desde febrero de este año, él mismo aceptó que se había reunido con el senador Bernardo Elías al menos nueve veces en los últimos años, y que asuntos de interés para Odebrecht habían salido a flote. La versión de Otto Bula, cercano al senador Elías, fue que cuando este último fue invitado a unirse al lobby soterrado en nombre de Odebrecht, este aceptó porque “tenía llegada con Luis Fernando Andrade”.  (Le puede interesar: Roberto Prieto tenía interés especial en Ocaña-Gamarra). 

La detención del senador Elías, que se produjo el pasado 10 de agosto, dejó un documento clave para entender lo que tiene la justicia hoy con respecto al expediente Odebrecht: su medida de aseguramiento. Las menciones sobre Andrade son pocas, pero dejan ver que a la Fiscalía aún le hace falta esclarecer cuál fue su papel en esta historia. Por ejemplo, cuando Andrade dio su declaración en febrero, señaló que una vez, al llegar al apartamento del senador Elías, se encontró con una sorpresa: Eleuberto Martorelli, presidente de Odebrecht en Colombia. 

Martorelli, dijo entonces Andrade, quería hablar de la Ruta del Sol II y de la demanda que la multinacional había presentado contra la Nación. Por sus palabras, se entendía que Andrade había tenido poco o ningún contacto con él. No obstante, Martorelli testificó que él había estado en varias reuniones con la ANI, y que allí pudo verificar la presión contra el expresidente de la ANI: “(Andrade) solicitó a mi persona que los parlamentarios no presionaran más para viabilizar el otrosí”. 

A este punto, está claro que Elías y Andrade sí se encontraron más de una vez para hablar de temas que convenían a Odebrecht. Lo que no es claro es qué intereses representaban: si los del Estado, como funcionarios públicos que eran, o los de la constructora brasileña. Ambos han negado haber participado en la red de corrupción de Odebrecht, y por eso mismo, la justicia tiene el enorme reto de verificar la veracidad de esta frase, supuestamente interceptada en una comunicación entre Elías y Otto Bula, que resumiría lo que ambos hicieron: “Apure a los cariocas porque Luis Fernando Andrade le está cobrando (a Elías)”. 

Actualización: 

A raíz de esta publicación, el concesionario Odebrecht le envió una carta a este diario en la que explicó que el consorcio suscribió un acuerdo con la ANI para la terminación del contrato en cuestión en el que acordaron mecanismos para agilizar el pago de la deuda relacionada con trabajaodres, proveedores y contratistas. Explicaron además que en ese acuerdo se pactó "la prioridad del pago de todas las acreencias laborales y a proveedores del proyecto" a través de una cuenta "de la cual no puede salir dinero sin la previa autorización y revisión detallas de cada pago por parte de la interventora del proyecto y de la ANI". (Aquí puede ver la carta completa)

El consecionario explicó que por esta razón no es cierto que no hayan entregado las facturas del pago de la liquidación a sus trabajadores o proveesodres, como lo han señalado varias fuentes a este diario. "Es importante tener claro que la concesionaria ya no sigue ejecutando obras a partir de la terminación del contrato el 22 de febrero de 2017", explicó el consorcio.