Oficial del Ejército habría intentado asesinar al esposo de su amante

Por celos el uniformado habría contratado a tres sicarios vinculados a la organización criminal del clan Úsuga para que acabaran con la vida de la pareja de la persona con la que sostenía una relación sentimental clandestina.

 El 26 de noviembre de 2014 tres sicarios dispararon en varias oportunidades contra un hombre mientras estaba trotando con su esposa en zona rural del municipio de La Unión en el Norte del Valle del Cauca. Después de una ardua investigación la Fiscalía logró determinar que el responsable de los hechos o actor intelectual era el teniente José Manuel Pérez Alzate.

La captura de Pérez Alzate, fue realizada por funcionarios del CTI de Buga (Valle del Cauca) en las instalaciones del Batallón de Artillería José Eduardo Sánchez de Medellín perteneciente a la séptima división del Ejército. Al hombre de 28 años de edad y quien llevaba 8 vinculado a la institución se le imputa el cargo de homicidio en grado de tentativa. Al mismo tiempo que se llevó a cabo esta detención fueron también capturados en el municipio el Zarzal alias Diego, alias Cucarro y alias la Profe, quienes son señalados de ser los actores materiales del intento de homicidio.

La investigación pudo determinar que Cucarro fue quien disparó contra el hombre, pero había contado con la colaboración de Diego y La Profe para cometer el homicidio que les había encargado el uniformado. Un juez de control de garantías emitió las órdenes de captura contra los cuatro involucrados y que resultaron ayer en la detención de ellos. Según las autoridades las tres personas contratadas pertenecían a la organización criminal del clan Úsuga y actuaron hasta hace poco bajo el mando de alias Tabla, quien hace poco se desmovilizó junto con otros 11 miembros del grupo en Roldanillo (Valle del Cauca).

Pérez Alzate tenía una relación sentimental con la esposa de la víctima y se cree que los celos fueron la razón que lo llevó a contratar sicarios y encargarles el homicidio. Por este delito podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión. Los indiciados fueron presentados ante un juez de control penal municipal con funciones de control de garantías de Guadalajara de Buga.