ONG dice que "cero tolerancia" de Santos con ejecuciones no se aplica estrictamente

Advierten que persiste la violencia contra defensores de los derechos humanos y sindicalistas.

Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron este lunes ante la CIDH que la política de "cero tolerancia" con las ejecuciones extrajudiciales del presidente Juan Manuel Santos no se ha aplicado estrictamente.

"El Gobierno nacional y precisamente el actual mandatario, cuando fue ministro de Defensa, se comprometió con una política de cero tolerancia a las ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública que no se ha aplicado estrictamente", denunció Liliana Uribe, de la Corporación Jurídica Libertad.

Además de las víctimas de las ejecuciones sumarias por fuerzas gubernamentales en Colombia en 2010, que cifró en 17 -6 adultos y 11 menores-, Uribe habló también de que persiste la violencia contra defensores de los derechos humanos y sindicalistas.

Según Uribe, cuatro adultos y dos menores fueron presentados por militares como guerrilleros abatidos en combate para que los autores de sus muertes fueran premiados o ascendidos, lo que se conoce como "falsos positivos".

Otros dos adultos murieron a manos de policías en retenes instalados en carreteras, agregó Uribe.

La situación de los niños y de las niñas "se ha deteriorado dramáticamente durante el 2010", sostuvo Liliana Uribe.

Entre los casos presentados por la defensora de derechos humanos destacan el de un bebé indígena de 20 días que murió a consecuencia de un "bombardeo indiscriminado" por parte de la Fuerza Aérea, el de un menor que cayó víctima de un fuego cruzado entre el Ejército y la guerrilla y el de una niña que fue violada y asesinada.

También mencionó a seis menores que murieron en un ataque del "Ejército y en acciones de limpieza social de la Policía".

La representante de la organización no gubernamental afirmó además que se ha registrado un retroceso en el envío de las investigaciones de la jurisdicción penal militar a la jurisdicción ordinaria. La fiscalía ha devuelto 995 procesos a la jurisdicción penal militar, dijo Uribe.

La situación de los defensores de los derechos humanos "sigue siendo crítica" y ha habido "un ambiente hostil y criminal" para el ejercicio de su labor, afirmó.

"Hemos documentado 96 agresiones desde agosto de 2010 al 15 marzo de 2011. Ha habido 19 asesinatos, 3 desapariciones forzadas, 18 judicializaciones, amenazas individuales y colectivas, robo de información, y también preocupa la falta de protección efectiva del programa del ministerio del Interior", indicó.

Las organizaciones han documentado además los asesinatos de 11 líderes sociales en su acción por reclamar tierras.

Por otra parte, "la situación de los sindicalistas igualmente es grave", recalcó. Se registraron 51 asesinatos el año pasado y cuatro en lo que va de este año, además de 7 desapariciones.

Por parte del Gobierno colombiano, Francisco Echeverry, director de Derechos Humanos de la Cancillería, reitero el mensaje de Santos sobre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su firme decisión de seguir adelante con la histórica ley de víctimas y restitución de tierras.

También rechazó los últimos atentados contra funcionarios judiciales y líderes sociales que han tenido lugar en su país, y destacó una serie de medidas y leyes promovidas por el Gobierno de Santos, entre las que destaca el aumento de las penas para quienes cometen delitos como el homicidio de defensores de derechos humanos.
 

 

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2011-03-28T14:31:27-05:00

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Efe – Washington

Judicial

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