:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/kgzezCqdnGU_gyf8frPabLshUwI=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/Q5XUI2OZPVHWNLC6W3NACU4PGA.jpg)
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas reclamó al Estado colombiano avances en las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada y asesinato del director de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa, ocurridas en marzo y agosto de 2014 respectivamente. Así lo indicó en una nueva comunicación enviada este jueves luego de asegurar que hasta el momento “que no han existido casi avances” en las pesquisas de la justicia que permitan esclarecer este crimen.
La comunicación firmada por Ibrahim Salama, jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos del Comité, resalta que en principio estaban programadas audiencias de juicio para comienzos de marzo pasado, pero exigió mayores esfuerzos. Como se recordará, Zapa fue desaparecido forzadamente el 27 de marzo de 2014 y su cuerpo sin vida fue encontrado en 6 de agosto siguiente.
“El Comité solicita al Estado parte que informe acerca de los avances que se hayan producido en ella desde su último escrito de fecha 30 de octubre de 2017. En particular, brinde información sobre los avances durante las audiencias a comienzos del pasado mes de marzo”, dice el pronunciamiento en poder de El Espectador. Allí se recuerda que, Ten 2017, el Comité otorgó medidas cautelares de protección para la familia del exfuncionario cordobés que son jurídicamente vinculantes para Colombia.
En ese sentido, solicitó convocar urgentemente a los familiares de Zapa Pérez y a sus representantes para realizar “una evaluación completa y actualizada de su situación de riesgo; adoptar de inmediato todas las medidas de protección que sean necesarias para garantizar la seguridad de la familia y allegados, incluyendo su padre, su madre y sus hermanos, de conformidad con las obligaciones convencionales del Estado”. También se ordenó proteger a Juan Felipe Amaya Mejía y Claudia Duran Garzón, abogados de la familia.
“El Comité, a la vez que reitera las medidas cautelares y de protección ya contenidas en su nota de 10 de julio de 2017, insta al Estado parte a que informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las recomendaciones y requerimientos contenidos en la presente nota (…) a más tardar el día 28 de agosto de 2020”, dice el documento. El plazo se amplió por cuenta de la crisis asociada a la propagación del COVID-19.
El cuerpo de Jairo Zapa fue encontrado a pocos metros de una finca del padre de Alejandro Lyons Muskus (entonces gobernador de Córdoba y el jefe del funcionario asesinado). En ese entonces, Zapa manejaba la oficina de regalías de ese departamento desde 2012 y estaba a cargo de los proyectos más importantes en materia de ciencia y tecnología, seguridad alimentaria, transformación digital y acueductos en las subregiones del San Jorge, la zona costera y el bajo Sinú.