ONU también pide a Colombia acabar impunidad en ataques contra defensores de DD.HH.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también condenó el asesinato y mostró su inquietud por las continuas amenazas y asesinatos a activistas en el país.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió este viernes al país a que rompa la "tendencia histórica de impunidad" y a que haga más esfuerzos para identificar a los responsables de agresiones a defensores de derechos humanos.

El llamamiento fue hecho en un comunicado en el que este organismo expresó su "profundo rechazo y condena" por el asesinato del defensor de derechos humanos Carlos Alberto Pedraza, de 29 años, perpetrado la semana pasada y cuyos autores aún se desconocen.

"El Estado tiene el deber jurídico de prevenir, investigar y sancionar los delitos y violaciones de derechos humanos y de llevar a los responsables ante la justicia. Este es un derecho de todas las personas y un deber de todos los Estados", manifestó la Oficina de la ONU en el comunicado.

El organismo agregó que "cuando el Estado falla, la impunidad promueve la repetición de los crímenes y la expansión de la inseguridad que impide ejercer nuestros derechos".

En este sentido, el mensaje destacó que la muerte de Pedraza ha causado un "impacto intimidatorio" entre la ciudadanía y en los movimientos sociales y de derechos humanos.

Por ello, instó a Colombia a que realice "todos los esfuerzos y disponga de todos los recursos necesarios" para identificar a los "responsables de las agresiones y crímenes contra los defensores y defensoras, esclarecer su motivación y aplicar las sanciones establecidas en la ley".

"En el marco de los esfuerzos por alcanzar la paz, el asesinato de Carlos Alberto pone de relieve que persiste la vulnerabilidad de las personas que defienden los derechos humanos y que apuestan por construir un país en paz", concluyó el comunicado.

Pedraza, licenciado en Ciencias Sociales y dirigente del movimiento Congreso de los Pueblos, fue hallado muerto por la Policía Judicial con un disparo en la cabeza el pasado 21 de enero en el municipio de Gachancipá, al norte de Bogotá.

El Congreso de los Pueblos exigió al Estado "las investigaciones y acciones legales necesarias para determinar los responsables intelectuales y materiales de los hechos", así como garantías para el ejercicio del trabajo social y político.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también instó este viernes a Colombia a investigar este crimen y mostró su inquietud por la "persistencia de asesinatos, amenazas y hostigamientos" a activistas en el país.