Opinión: En amenaza la independencia de la JEP

Con los señalamientos y la persecución a la Justicia Especial para la Paz, queda en tela de juicio el compromiso del Estado colombiano de respetar y garantizar la independencia de los jueces y de los tribunales del país.

Jurisdicción Especial para la PazCristian Garavito - El Espectador.

El resarcimiento del daño ocasionado a las víctimas del conflicto en Colombia fue el epicentro del Acuerdo Final suscrito por el Gobierno Nacional de Colombia con las FARC-EP. De ahí surgió el punto 5 del Acuerdo, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIJVRNR) y con él, su componente de justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Con base en lo aprobado en el Acuerdo, tanto el SIJVRNR como la JEP son la columna vertebral del proceso de negociación, razón por la cual la “Declaración de Principios” acordada el 7 de junio del 2014 por los negociadores en la Habana, fue tomada en el Punto 5 como elemento irradiador. Así, el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidad, la satisfacción de derechos, la participación de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, la reparación, las garantías de protección y seguridad, la garantía de no repetición, la reconciliación y el enfoque de derechos, son los principios que se deben respetar y hacer respetar por todos los colombianos y la comunidad internacional para que el Acuerdo logre su máximo objetivo: la reparación de las víctimas y la reconciliación de la sociedad.

El Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas (CCRP), en su Observación General No. 33, sobre las obligaciones adquiridas por los Estados Partes con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y su Protocolo Facultativo, advierte que los Estados Partes, entre ellos Colombia, están obligados, en virtud del artículo 2 del PIDCP, “a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio o estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar un recurso efectivo y ejecutorio cuando se compruebe una violación” (§14).

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De igual manera, el CCRP estableció en su Observación General No 32, que el artículo 14 del PIDCP garantiza a las personas el acceso a la administración de justicia en condiciones de imparcialidad e igualdad, fijando para ello que la “competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal […] es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”, enfatizando en el hecho de que “el requisito de independencia se refiere, en particular, […] [a] la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo”. Por esta razón, según el Comité, “los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial, y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes”, siendo en dicho sentido “necesario proteger a los jueces contra los conflictos de intereses y la intimidación” (§19).

Lo ocurrido el pasado jueves 4 de octubre de 2018 en el marco de la orden dada por el fiscal Majer Nayi Abushihan, a través de la cual se realizó una inspección judicial y se pretendió citar a entrevista a la magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, y por medio de la cual se extrajo de forma irregular copia del expediente judicial sobre el Caso No. 001 que conoce en la actualidad dicha Sala y que está relacionado con la presunta responsabilidad de 31 excomandantes de las FARC por secuestro, es una muestra fehaciente que el Estado colombiano está incumpliendo su obligación de respetar y garantizar la independencia de los jueces y de los tribunales del país.

Está claro que el Acuerdo Final y su componente de justicia para las víctimas tiene enemigos, y que este tipo de actuaciones de la Fiscalía General de la Nación no dan muestra de respeto por la independencia ni de la JEP ni de las actuaciones de sus funcionarios. Lo ocurrido es lamentable y preocupante pues, en la práctica, esto demuestra que no sólo se están ejerciendo actos de intromisión de la Fiscalía General en las actuaciones judiciales que adelanta la JEP, sino que se está, por estos medios, generando una intimidación sobre los funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz.

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Aunque el propio Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dio la instrucción de revocar la orden a la policía judicial para obtener copia del expediente del Caso No. 001, así como de citar a entrevista a la magistrada Julieta Lemaitre, con el objeto de mantener “el mejor espíritu de colaboración y respeto entre las jurisdicciones”, lo acontecido es grave y no puede pasar desapercibido. Más aún cuando el propio Presidente de la República, Iván Duque, como jefe de Estado y jefe de gobierno, en lugar de solicitar el respeto por la independencia judicial de la JEP y la seguridad por sus funcionarios, se pronuncia sobre lo sucedido aseverando que “el señor Fiscal General de la Nación ha venido haciendo unas actuaciones conforme a derecho”.

Visto lo anterior, es relevante y oportuno recordarle al Presidente, Iván Duque, y al Fiscal, Néstor Humberto Martínez, que la intromisión realizada sobre el trabajo que efectúa la JEP, al igual que tomar de forma irregular copia de un expediente judicial no es actuar en derecho y que tal como lo manifestó, oportuna y contundentemente, la Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, no es actuar “en el marco propio del Estado de Derecho”.

Vale recordar que a esta defensa por la independencia y la autonomía de la JEP se sumaron la Misión de Naciones Unidas en Colombia y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, rechazando la grave intromisión de la Fiscalía, así que afirmando en conjunto que “los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los participantes en la confrontación armada dependen entonces del estricto respeto de todos los poderes públicos a la independencia y autonomía de la JEP”.

En definitiva, si se quiere lograr la paz y la reparación integral a las víctimas del conflicto en Colombia, es de vital importancia que la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional, protejan y exijan el respeto a la independencia de la JEP en tanto columna vertebral del Acuerdo Final, de no hacerlo, se estarían sacrificando los derechos de las víctimas y la posibilidad de construir un mejor país para las futuras generaciones.

*David Murillo Cruz es miembro del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre