Ordenan al Gobierno la creación de un plan de contingencia para crisis carcelaria

De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia, en 2018 había un hacinamiento carcelario del 47,72 %. La Corte Constitucional estudió la problemática y ordenó varias medidas para que se halle una solución.

Según el Ministerio de Justicia, el hacinamiento carcelario en Colombia fue del 47,72 %.Archivo El Espectador.

La Corte Constitucional, ante la crisis de hacinamiento carcelario que parece no tener una solución clara aún, exigió al Gobierno que presente un plan de priorización y de contingencia. La solicitud del alto tribunal va encaminada a que, con estos planes, se proteja los derechos de la población carcelaria, “cuyas condiciones de reclusión se mantienen contrarias al orden constitucional”.

“Debido a la gravedad y a la complejidad de las problemáticas que afectan a la mayoría de los centros de reclusión en el país, es necesario que los esfuerzos del Gobierno Nacional se dirijan, por una parte, a establecer los presupuestos para el seguimiento y, por otra, a la adopción de las medidas estructurales necesarias para el goce efectivo de derechos y para la superación” de la crisis, señala el auto de la Corte Constitucional sobre el tema.

(Lea aquí: Las cárceles en Colombia, una historia de hacinamiento).

A principios de este año, el Ministerio de Justicia hizo una presentación ante la Corte Constitucional donde evidenció todas las dificultades que hay en el sistema carcelario del país. En el informe del Minjusticia se evidencia que mientras que la población carcelaria, en 2018, era de cerca de 120 mil personas, la capacidad de los centros penitenciarios hay 80 mil cupos para reclusos, lo que supone un hacinamiento del 47,72 %.

También señaló el ministerio que, en el país, hay 133 establecimientos de reclusión: 118 (construidos hasta 1990) concentran el 50, 9% de los cupos; 5 (entre 1991 y 2010) el 12,43 %, y 10 (construidos desde 2011) el 36,66 %. Aun así, hay retos en la infraestructura, por ejemplo, el ministerio señaló que en 15 de esos centros carcelarios hay riesgos en el suministro de los servicios públicos.

(Además: Fiscalía General de la Nación envió carta al Inpec por hacinamiento).

La orden se dio después de que la sala especial de seguimiento al estado de cosas inconstitucional (ECI) en materia penitenciaria y carcelaria del alto tribunal estudiara la información entregad por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría, la Contraloría y el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes. Después de analizar esta información, la Corte Constitucional determinó que se hace necesario el diseño de un sistema de priorización y de un plan de contingencia.

Sobre el sistema de priorización e intervención, el auto explica que debe buscar cuatro cosas: que se intervengan los establecimientos carcelarios según la gravedad de las afectaciones a los internos, que sea una intervención progresiva, que tenga recursos asegurados y que se lleven a cabo en su totalidad todas las acciones emprendidas.

(Le puede interesar: La propuesta para enfrentar el hacinamiento carcelario).

En cuanto al plan de contingencia, la Corte Constitucional señaló que su diseño es responsabilidad del Ministerio de Justicia, del INPEC y de la USPEC. El plan debe tener, de acuerdo por lo dicho por la Corte, dos puntos: “un cronograma de las actividades que llevarán a la satisfacción progresiva de los derechos fundamentales” y un presupuesto que garantice el cumplimiento de dicho cronograma.

La intervención de la sala especial se dio, debido a lo que consideró como un “déficit estructural de la política pública carcelaria”, que ha afectado los derechos de los presos. En ese sentido, el alto tribunal que se hace necesario que, por ejemplo, se tengan en cuenta los efectos que puede tener el cierre de una cárcel “en los derechos de las personas privadas de la libertad, tanto en las 134 cárceles del país, como en los centros de detención transitoria (URI y estaciones de Policía)”.

(También: "Nos ahogan los trámites y los papeles": presidenta de la Corte Constitucional).

Una situación que no solo ha alertado el alto tribunal. A finales de febrero, la Fiscalía envió una carta al INPEC en el que alertó sobre "la compleja situación de hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de las diferentes ciudades del país que está afectando gravemente la operatividad y el normal desarrollo de las funciones judiciales (...) La permanencia prolongada de reclusos en estos centros de paso ha generado una grave situación de inseguridad y salubridad".

Además, en entrevista con El Espectador, la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Gloria Ortiz, se refirió a la crisis en las cárceles, sobre lo que afirmó: "No es solo un problema de cuánto nos cuesta hacer unas cárceles, es entender que es un problema estructural que involucra a muchas autoridades y decisiones difíciles. Ese es precisamente el tema de seguimiento al estado de cosas inconstitucionales que nosotros hacemos".

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Redacción Judicial

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