Ordenan captura de procesado por el ‘carrusel de la contratación’

José Antonio Bonet Llinas habría pagado un millonario soborno para garantizar la entrega de la prestación del servicio de ambulancias.

El juez 51 de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario al exrepresentante legal de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá, José Antonio Bonet Llinas en el marco del proceso que se le adelanta por su presunta participación y conocimiento en las irregularidades que rodearon la licitación del contrato para el servicio de ambulancias en Bogotá en el año 2009.

En su decisión el funcionario judicial tuvo en cuenta que el procesado no se ha hecho presente a las citaciones de las autoridades y hasta la fecha se desconoce su paradero por lo que está afectando la administración de justicia. Ante estos hechos dictó orden de captura para garantizar su presencia en el juicio que se le adelanta por los delitos de cohecho, interes indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Este dinero fue repartido entre el entonces secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano y un grupo de concejales del Distrito para evitar los debates de control político para dicho contrato que tuvo un valor de 69 mil millones de pesos. Pese a que no contaba con los requisitos una empresa del contratista Emilio Tapia Aldana –condenado a 17 años de prisión- fue beneficiaria de dicho convenio contractual.

Sin embargo, el funcionario judicial se abstuvo de dictarle medida de aseguramiento al ingeniero civil Juan Carlos Aldana Aldana, quien figura como representante legal de la firma Suárez y Suárez que participó en la licitación para lograr el contrato de la compra de ambulancias para la capital del país.

El abogado Abelardo de la Espriiella indicó que su cliente estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía General. Para esto sin embargo pidió el cambio de la tipicidad de los delitos imputados por el ente investigador. El jurista aseguró que antes de iniciar la audiencia de acusación se pacte una negociación con el ente.

“Estamos buscando un cambio de adecuación típica de uno de los delitos. Mi cliente se ha comprometido entregar una indemnización importante, que no ha entregado ninguno de los vinculados por el ‘carrusel’. No estamos hablando de cárcel en este caso”, precisó el abogado.

Según la investigación de la Unidad contra la Corrupción, Aldana fue la persona encargada de hacer el préstamo de 6 mil 700 millones de pesos a la Empresa Unión Temporal de Transporte Ambulatorio, para que esta se viera favorecida con el contrato 1229 del 2009, y lograr así la dotación de ambulancias para Bogotá, contrato pactado por un total de 67 mil millones de pesos.

Igualmente, señaló que el dinero entregado por el imputado permitía repartir los 6 mil 700 millones de pesos a quienes tenían la potestad de otorgar el visto bueno al contrato, pese a no cumplir con los requisitos debidos.

Se conoció además que gracias a la selección del contrato adjudicado por el exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano, la Unión Temporal de Transporte desfalcó las arcas del Distrito en suma cercana a los 17 mil millones de pesos.