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La Fiscalía General imputó cargos contra 14 integrantes del Eln, entre ellos los máximos líderes del grupo guerrilleros por el secuestro y homicidio de Aulio Isarama Forastero, gobernador del resguardo Catru Dubaza de la comunidad Emberá Dobita, ocurrido el 24 de octubre de 2017, en Alto Baudó (Chocó). De acuerdo con testimonios recopilados por el ente investigador, hombres armados que vestían prendas y brazaletes de la organización subversiva interceptaron al líder indígena y se lo llevaron en medio de intimidaciones.
Horas después de la retención, la comunidad fue informada del asesinato por lo que varios comuneros se movilizaron al lugar del crimen para recoger el cuerpo. Posteriormente, Medicina Legal certificó que Isarama Forastero murió en estado de indefensión, "por un disparo pegado al cuerpo", es decir, a quema ropa. Para la Fiscalía, el asesinato correspondió a una decisión jerárquica, planeada y ejecutada según los lineamientos definidos por los máximos jefes del Eln. En ese sentido, imputó los delitos de homicidio agravado, secuestro y rebelión a cinco integrantes del denominado Comando Central (COCE).
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Entre ellos Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, Ramiro Vargas, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Carlos Marín o Pablito. También fueron imputados los líderes del Frente de Guerra Occidental, Ogli Ángel Padilla Romero, alias Fabián, y Emilcen Oviedo Sierra, alias La Abuela; al igual que el jefe del Frente Resistencia Cimarrón, Levis Dairon Polo Rengifo, alias Cholo; y otros seis presuntos integrantes del Eln señalados como los presuntos autores materiales del asesinato.
Ante la sustentación del caso por parte de la Fiscalía, el juez de control de garantías de Quibdó (Chocó) impuso medida de aseguramiento y libró órdenes de captura contra los 14 guerrilleros. Recien cometido el crimen, una Misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia (ONU) desplegó personal del Mecanismo de Veeduría y Verificación del Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional (CFBTN) para hacer la verificación en terreno del crimen. El Eln reconoció su responsabilidad en el hecho violento a través de un comunicado en ese momento.
La guerrilla explicó que Isarama fue retenido por sospecha de ser un informante de las autoridades y por presuntos informes que señalaban que tenía vínculos de la inteligencia del Ejército Nacional. Tras su detención, fue conducido a una zona desconocida donde sería interrogado. Sin embargo, durante el trayecto, el gobernador “se niega a caminar y se abalanza sobre uno de nuestros guerrilleros, con el trágico desenlace conocido”, comunicó el ELN. Asimismo, se comprometió para dar a conocer la verdad sobre lo ocurrido e iniciar “un ejercicio de reflexión a todos los niveles internos para que hechos como este no se vuelvan a repetir”.
En enero pasado, el presidente Iván Duque le pidió al gobierno de Cuba entregar a Nicolás Rodríguez, alias Gabino, el máximo líder del Eln. El Gobierdo ya había pedido en extradición a los miembros del Comando Central Aureliano Carbonell, Alirio Sepúlveda y Pablo Beltrán anteriormente. El Ejecutivo señaló en su momento que las mismas autoridades cubanas fueron quienes dieron la información de que el jefe guerrillero se encuentra en ese territorio. De acuerdo con la información que se ha dado desde Cuba, Gabino habría llegado a esa isla en julio de 2018 buscando atención médica.
El alto comisionado también habló del anuncio del fiscal general de la Nación sobre la audiencia que se tiene prevista para el próximo 28 de febrero para imputación de cargos a los miembros de la dirección Nacional y del Comando Central del Eln por el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander en el cual, hace un año, fueron asesinados 22 estudiantes de esa institución policial.
Ceballos explicó que esta solicitud, en el caso de Gabino es por secuestro agravado; en el caso de Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell es por delitos que tienen que ver con la masacre de Machuca (concierto para delinquir, daño a terceros y homicidio), y en el caso de Alirio Sepúlveda “también es por un delito por el cual ya fue condenado”, dijo el Comisionado y agregó que “es posible que una vez la Fiscalía impute cargos por el asesinato de los cadetes, surja una nueva solicitud de extradición”.
Algunos políticos y líderes cubanos han rechazado en varias oportunidades la petición del gobierno colombiano, argumentando que "los protocolos acordados en el fallido proceso de paz con la guerrilla del Eln incluían una garantía de retorno seguro de la delegación subversiva en caso de que se rompieran las negociaciones".