Ordenan extremar seguridad a reclamantes de tierras

Esta orden de la Corte Constitucional sienta un precedente en lo que respecta a la protección de las víctimas de desplazamiento.

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Tras el fallo de una tutela interpuesta por Guillermo Torres Meriño, representante de la Asociación Nacional de Desplazados y Víctimas por la Violencia, el alto tribunal indicó que todos los líderes de procesos de restitución de tierras están en riesgo extraordinario y en ese mismo sentido deben gozar de mayor protección.

En un reciente fallo de la Corte Constitucional se concluyó que “los líderes o representantes de la población desplazada, que trabajen en la promoción de sus derechos fundamentales, o los asistan en los procesos de restitución de tierras, se encuentran en nivel de riesgo extraordinario. Por lo tanto las entidades responsables de proteger su derecho fundamental a la seguridad personal deben garantizar la adopción de medidas idóneas para neutralizar o contrarrestar los hechos de amenaza”. En pocas palabras le ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) del Ministerio del Interior extremar las medidas de todos los líderes de procesos de restitución de tierras.

Esta orden nace tras la tutela interpuesta por Guillermo Torres Meriño, representante de la Asociación Nacional de Desplazados y Víctimas por la Violencia (ASODESREMAG) del municipio Remolinos (Magdalena), quien fue víctima de desplazamiento forzado en 2004 y luego de radicarse en Barranquilla, ha sido objeto de continuas amenazas por parte de los Urabeños. La primera amenaza la recibió en octubre de 2011 a través de un panfleto distribuido en Remolinos y firmado por alias ‘Maycol’, jefe de esta banda criminal. En el mensaje se le advertía que debía suspender sus labores: “deje trabajar sin oponerse y déjese de andar marikiando con denuncias (…) te damos también un plazo de 72 horas para que renunciés a la gerencia de la cooperativa del agua y te largués del pueblo” (Sic.).

Luego de presentar una denuncia en junio de 2012 por estas amenazas y solicitar protección, le fue entregado en septiembre de este mismo año, un chaleco antibalas, un celular y un subsidio de transporte, y a la Policía se le ordenó hacer rondas de protección a su vivienda. Un año más tarde, por nuevas amenazas se le asignó un escolta.

En junio de 2012 un hombre fue asesinado en la tienda donde él estuviera 5 minutos antes. Según la comunidad, el sicario se equivocó porque el objetivo era el líder de restitución de tierras. Así mismo, en 2013 su esposa recibió un nuevo panfleto con amenazas. Todos estos hechos lo llevaron nuevamente a solicitar a través de una tutela, una revaluación de su esquema de seguridad, considerando que la protección recibida no era suficiente.

Fue entones que su caso llegó hasta la Corte Constitucional, la cual emitió el 4 de septiembre de 2014 una sentencia en la que además de proteger todos los derechos de líderes reclamantes de tierras, ordenó reevaluar el nivel de riesgo de seguridad de Torres Meriño y así mismo decidir las medidas a implementar. Todo esto en un plazo no mayor a 15 días contados a partir de la notificación de la sentencia. No obstante, tanto el director de la UNP, Andrés Villamizar, como Guillermo Torres dicen no haber recibido ninguna notificación de esta sentencia.

Torres Meriño, manifiestó que actualmente solo tiene activo el servicio de escolta, porque el plan de celular está cancelado hace 3 meses y el pago del subsidio de transporte está pendiente de pago desde hace 5, así mismo dijo que el chaleco antibalas entregado hace tres años no le sirve porque es una talla más pequeña que la que él requiere. Esto con el agravante de que en audiencia pública, Joseth Alberto Lubo Rada, miembro de la banda los Urabeños, capturado en agosto del presente año, explicó cómo alias ‘Jobany’ uno de sus jefes les habría dado la orden a él, a alias ‘La Perra Flaca’ y al ‘Negrito Cadena’ de matar a Guillermo Torres, al punto de que ya había pagado por ese servicio. Además, señaló que no puede viajar a Remolinos desde septiembre porque su escolta no tiene autorizados viáticos para desplazarse a otros lugares.

Los hechos victimizantes y asesinatos de líderes en proceso de reclamación de tierras continúan a pesar de las medidas tomadas por el gobierno. Según la organización Somos Defensores, el año 2013 fueron asesinadas 5 personas vinculadas en procesos de restitución, aunque los datos de la UNP dicen que solo fueron dos. Los líderes y representantes de víctimas de desplazamiento y reclamantes de tierras en el país se exponen día a día a múltiples amenazas por parte de grupos armados ilegales. La Corte Constitucional ha sido enfática en advertir que muchas tragedias podrían evitarse si los líderes de víctimas recibieran la debida protección por parte de las entidades del Estado responsables de ello.

La UNP experimentó en el 2014 dos escándalos mayores, uno por corrupción en contratación y otro por el paro de escoltas a raíz del no pago de salarios. Pero más allá de eso recibió –gracias a la tutela de Torres Meriño- esta orden que es determinante para la protección integral de los representantes de la población desplazada que trabajan en los procesos de restitución de tierras.

Andrés Villamizar, director de la UNP, explicó que no sabe muy bien a que se refiere la Corte con esta sentencia, al decir que los líderes o representantes de la población desplazada deben considerarse como personas con nivel extremo de riesgo. Agregó que se generaría un colapso en la Unidad de Protección Nacional pues no tendría la capacidad de atender la cantidad de requerimientos.

Esta orden de la Corte por su parte sienta un precedente en lo que respecta a la protección de las víctimas de desplazamiento que al convertirse en líderes de grupos de víctimas y de restitución son flancos de amenazas por parte de grupos armados ilegales. Durante el año 2013, 84 líderes recibieron protección urgente al activarse el riesgo extraordinario, es decir sin haberse realizado el estudio de riesgo que es el procedimiento usual para otorgar protección En 2014, 30 líderes se incluyeron en el sistema de seguridad de la UNP.