Ordenan garantizar seguridad a juez que estudia demanda contra el Ejército por caso Tame

Así lo determinó el Consejo de Estado al considerar que se ha hecho caso omiso a los llamados de atención frente al funcionario judicial.

Al considerar que se ha hecho caso omiso a las recomendaciones hechas con anterioridad, la Sección Tercera el Consejo de Estado hizo un llamado de atención para que se tomen las medidas necesarias dirigidas a garantizar la seguridad del juez que estudia el proceso de reparación directa contra el Ejército por la muerte de tres menores de edad en hechos registrados en zona rural de Tame, Aruca, en octubre de 2010.

El alto tribunal recordó que este proceso fue trasladado a Bogotá por seguridad, hecho por el cual se ordenó que se le garantizará la seguridad del funcionario judicial al que le llegó el proceso, sin embargo hasta la fecha no se ha dado cumplimiento a las solicitudes hechas en diciembre del año pasado.

En esa oportunidad se le ordenó al Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional que adoptaran medidas de seguridad al juez y a su familia de registrarse que su vida e integridad personal corrían riesgo.

Al hacer una revisión del caso, el administrador de justicia manifestó que las autoridades competentes no tienen una voluntad para cumplir con estos requerimientos, advirtiendo que este proceso pone en riesgo su vida y la de su familia, por lo que podría correr la misma suerte de la juez de Arauca que fue asesinada por sicarios. “Ya he sido advertido que no lleve adelante este proceso”.

El Consejo de Estado señaló que la independencia judicial no se garantiza con el solo diseño institucional ni de procedimientos y recursos judiciales, sino que requiere deberes positivos por parte del Ejecutivo, entre los cuales se contempla la seguridad personal de los jueces. Recordó que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática al señalar el deber del Estado de proteger a los operadores de justicia.

Para garantizar el cabal cumplimiento de las órdenes de seguridad inmediatas, la Corporación ordenó notificar la decisión a la Policía, Procuraduría General, Defensoría del Pueblo y Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia.

En el fallo, la Sección Tercera unificó su criterio con respecto a la competencia que tienen los jueces administrativos según la cuantía de las pretensiones. En el caso concreto, como las aspiraciones de reparación superan los 15.000 millones de pesos, el juez administrativo consideró que no le correspondía asumir el caso, sino que este debía pasar al Tribunal Administrativo o al Consejo de Estado.

Sin embargo, la Sala explicó que la cuantía se debe establecer solo con relación a las pretensiones materiales, que son fijadas en parámetros objetivos. Es decir, la tasación que hace el demandante sobre perjuicios inmateriales (morales, daño a la salud, bienes constitucionales) no deben ser tenidos en cuenta cuando se solicitan conjuntamente con los materiales. En este proceso, las pretensiones materiales referidas a lucro cesante y daño emergente, que no superan los 500 salarios mínimos, dejan el conocimiento del caso en el juzgado administrativo.

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