Ordenan liquidar los bienes del exfiscal Mario Iguarán

Fue representante legal de Insignia Jurídica, una empresa que recibió dineros de Link Global, según la Superintendencia de Sociedades, para desviar los dineros captados de forma ilegal.

Un mal negocio tiene en aprietos al exfiscal general Mario Iguarán. En un documento de nueve páginas, del pasado 30 de diciembre, la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial de su patrimonio y el de varios exsocios suyos.

Todo se remonta a marzo de 2012. Ese año, el exjefe del ente investigador creó la empresa Insignia Jurídica junto con los abogados José Gregorio Beltrán y Fabián Parada, el coronel (r) Pablo Emilio Gómez y el empresario Luis Carlos Crispín, quien iba a ser el socio capitalista, el de la plata.

La firma fue creada para brindar asesorías jurídicas a miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, al año, todo se vino abajo: en mayo de 2013 Link Global, una firma de propiedad de Crispín, fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades porque, al parecer, había estafado a unas 300 personas por un monto cercano a los $20 mil millones.

Según Iguarán, al percatarse de los líos judiciales de Crispín se propuso liquidar Insignia Jurídica. Pero fue imposible debido a que, en la contabilidad de la empresa, aparecía que Insignia le debía a Link Global $1.026 millones por cuenta, según Crispin, de un error contable.

En mayo de 2013 Iguarán y el resto de socios rompieron relaciones con Crispín al cederle sus acciones. En septiembre de 2014 éste fue acusado por captación masiva y habitual de dinero, junto con Luis Eduardo Trujillo y Karen Katherine Chejab. Pero esto no le puso fin al dolor de cabeza del exjefe del ente investigador.

El 30 de octubre del año pasado, la Supersociedades inició su intervención al ordenarle a Insignia Jurídica la suspensión de “las actividades de captación y recaudo, directo o indirecto, de dineros del público”. Al ver esto, el exfiscal Iguarán le envió a la Superintendencia una carta en la que explicaba sus vínculos con Insignia Jurídica.

En el documento, del 10 de diciembre del año pasado, Iguarán aclaró que “Insignia Jurídica no formó parte de ningún grupo empresarial ni adquirió ninguna obligación o deuda con las firmas Link Global S. A. y Link Global Constructora”.

Y que “cualquier deuda” en su contabilidad era “un error y no obedece a la voluntad de los socios, porque fue Crispín quien se encargó de la parte administrativa de la sociedad”. Igualmente, reiteró que “no trabajó para las sociedades Link Global ni conoció sobre las actividades irregulares o ilegales, incluso ilícitas, en que pudo haber incurrido el señor Crispín”. Pero la Superintendencia no estuvo de acuerdo.

Según esa entidad, esos $1.026 millones no fueron producto de un simple “error contable”, sino que, en realidad, fueron usados para el pago de nóminas, la adecuación de las oficinas y los “pagos a los señores José Gregorio Beltrán, Mario Germán Iguarán, Pablo Emilio Gómez Suárez y otros”.

De acuerdo con la Superintendencia, Insignia Jurídica no tenía ingresos, “razón de más para considerar que los dineros recibidos por parte de Link Global no tenían un propósito económico legítimo, sino que fue un simple vehículo para la desviación de los dineros captados de manera ilegal, de los cuales los beneficiarios fueron José Gregorio Beltrán, Mario Germán Iguarán, Pablo Emilio Gómez Suárez y otros por determinar”.

Respecto a lo dicho por Iguarán, la Superintendencia argumentó que como representante legal de Insignia Jurídica no podía desconocer “el flujo de los recursos para la financiación del proyecto” y la contabilidad de la empresa. Con base en ello, ordenó la mencionada liquidación, que va a estar a cargo de Adriana Betancourt Ortiz.

Por medio de un comunicado, Iguarán señaló que “no soy socio de Insignia Jurídica y desde hace casi dos años dejé de tener cualquier relación con dicha sociedad”, que Insignia Jurídica “jamás se dedicó a captar, pedir, conseguir o percibir recursos del público con propósitos de inversión” y que nunca supo el origen de los recursos con los que se pagaban sus honorarios”.

El Espectador, a su vez, intentó comunicarse con el abogado José Gregorio Beltrán pero, al cierre de esta edición, no había sido posible. Este ha dicho que, al igual que Iguarán, desconocía de las actividades de Crispín y de los recursos que vinculan a Insignia Jurídica con Link Global. Sea como sea, sus negocios con Crispín siguen causándoles dolor de cabeza y el sinsabor puede ser peor debido a que ellos han sido mencionados en el proceso penal contra Crispín.

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