Ordenan medidas cautelares para proteger al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (Tumaco)

La decisión la tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al revisar el riesgo al que se encuentran expuesta esta población por su posición de defensa del territorio y a favor de la sustitución de cultivos ilícitos.

El caso del líder comunitario José Jair Cortés, asesinado el 17 de octubre del año pasado, fue uno de los de estudió la CIDH para emitir las medidas cautelares.Cortesía

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió  medidas cautelares para la protección del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (Tumaco). La Defensoría del Pueblo explicó que se trata de una decisión como consecuencia de una denuncia que realizó la entidad hace unos meses, en la que le expuso al tribunal internacional el alto nivel de riesgo al que se encuentra expuesta esta población por su posición de defensa del territorio y en favor de la sustitución de cultivos de uso ilícito, en el marco del Acuerdo Final de paz.(En contexto: Territorio: la vida que transcurre en el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera)

La denuncia, del defensor Carlos Negret, detalló las situaciones y hechos violentos que han afectado a las comunidades étnicas que viven en esta zona del pacífico colombiano, “con especial énfasis en la afectación al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Desde su constitución como Comunidad Negra organizada en un Consejo Comunitario, los habitantes han sido testigos de los homicidios de varios de sus líderes de Junta de Gobierno”.

(Lea también: “Costo de la paz para Tumaco no puede ser poner muertos”: gobernador de Nariño)

Entre ellos, los denunciantes hicieron énfasis en el asesinato del líder comunitario José Jair Cortés, ocurrido el pasado 17 de octubre, miembro del Consejo Comunitario del territorio de Alto Mira y Frontera. Su muerte se volvió un símbolo de la lucha que lleva esta comunidad que ha denunciado sin descanso la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios y de su rechazo a quienes los han obligado a protestar en contra de la erradicación forzada en su municipio.

La decisión de la CIDH llega en un momento clave para la comunidad. Tumaco es uno de los municipios en el país que más sembrados de coca tiene: 23.148 hectáreas, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Y por eso, ha sido foco interminable de conflictos entre los grupos armados ilegales que se han querido adueñar de esta productiva tierra. Las denuncias sobre la constante presencia de actores armados ha sido una constante, sin que se tomen las medidas de protección suficientes.

(En contexto: Un problema duro de erradicar en Tumaco)

Precisamente, días antes del asesinato de Cortés, él mismo había advertido que había recibido una amenaza en la que le advirtieron que, si se oponía a protestar en contra de la sustitución de cultivos de uso ilícito, perdería la vida. Quince días antes de su muerte, lo mismo hicieron varios miembros del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera. Su llamado tampoco fue escuchado y un día después, siete campesinos perdieron la vida en unos confusos hechos que involucraron a miembros de la Fuerza Pública.

“La Defensoría del Pueblo ha evidenciado que estos líderes tradicionales han recibido presiones por parte de grupos armados ilegales, situación que ha traído como consecuencia el debilitamiento del autogobierno del consejo comunitario por la restricción del libre tránsito y movilidad en el territorio”, explicó la entidad a través de un comunicado de prensa.

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Redacción Judicial

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