Ordenan meritocracia en la Procuraduría

Con éste van tres pronunciamientos del alto tribunal en los últimos meses que apuntan a regularizar la manera en que se contrata en el Ministerio Público.

Año tras año, la Procuraduría renovaba contratos de funcionarios como asesores, secretarias o citadores sin abrir concursos de méritos para que éstos pudieran acceder a la carrera administrativa. A esta dinámica acaba de ponerle un punto final la Corte Constitucional, ordenándole a la entidad que, en máximo seis meses, inicie los trámites para convocar a concurso público y proveer todos los cargos que, a pesar de ser de carrera, se han ejercido en provisionalidad. 

La decisión del alto tribunal se basa en la tutela interpuesta por un trabajador cuyo contrato fue renovado en 15 oportunidades, para luego ser despedido. La Corte ordenó su reintegro. Según la sentencia, en el Ministerio Público sólo 76 puestos en provisionalidad están en convocatoria de carrera y, por eso, la Corte señaló que en dos años o menos la entidad “deberá haber culminado los concurso y provisto los respectivos cargos”.

Así las cosas, éste es el tercer pronunciamiento de la corporación que se hace en los últimos meses con el propósito de ajustar a la Ley sus parámetros de contratación. Hace unas semanas, la Corte declaró inconstitucional el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, con el cual la Procuraduría había adquirido la facultad de controlar los concursos públicos de méritos para elegir los personeros de todos los municipios de Colombia.

El alto tribunal señaló en ese fallo que la participación del Ministerio Público en esos concursos violaba la autonomía de los concejos municipales.

Ese fallo se sumó a otro igual de reciente en el que la Corte declaró inconstitucional el artículo 182 del decreto 262 de 2000, con base en el cual el jefe del Ministerio Público tenía la libertad de nombrar a dedo a los procuradores judiciales de cargos I y II, que hoy son casi 700 y que devengan salarios que van desde los $6 millones hasta los $19 millones. El alto tribunal le ordenó a la Procuraduría convocar a concurso público para ocupar estos puestos en menos de seis meses.