Ordenan pago de indemnización a exempleado de Embajada de EE.UU.

La decisión fue tomada por la Sección Tercera del Consejo de Estado al considerar que se le vulneraron sus derechos al no reconocerle su pensión de vejez.

La Sección Tercera del Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores el pago de una indemnización a un exempleado de la Embajada de los Estados Unidos a quien no le fue reconocido su derecho a la pensión de vejez.

El tribunal contencioso administrativo aseguró que al accionante se le impidió acceder a la administración de justicia ya que no pudo demandar a su empleador, puesto que para la época de los hechos los cuerpos consulares gozaban de inmunidad judicial.

El demandante trabajó durante 45 años en la Embajada de Estados Unidos, sin embargo solamente se afilió al Seguro Social por lo cuando se pensionó se le indicó que no cumplía con las semanas de cotización exigidas para acceder a este beneficio.

La Sala manifestó que aunque el término para que una persona pueda reclamar mediante la acción de reparación es de dos años contados desde el día siguiente a que ocurrió el hecho o la omisión, en este caso se debe tener en cuenta la imposibilidad que presentó el accionante para reclamar justicia por parte del organismo internacional.

Por tal razón, la fecha que se tiene para empezar a contar el término es el momento en que recibió respuesta de la embajada a su reclamación para que se reconocieran sus derechos pensionales y cuya respuesta afirmaba que la entidad no tenía obligaciones pendientes con el demandante.

En el caso concreto, aunque la persona no acudió a la justicia para obtener una sentencia en la cual conociera la imposibilidad de demandar a la embajada, la Corporación reitera su jurisprudencia según la cual se acepta la posibilidad de demandar directamente el daño sufrido por causa de un cuerpo diplomático que goce de inmunidad judicial en el territorio colombiano.

Aunque se demostró que al demandante no se le afilió al Sistema de Seguridad Social para que pudiera acceder a la pensión de vejez, el Consejo de Estado no es el encargado de resolver esa controversia. En el caso concreto, lo que se discute es la vulneración de su derecho de acceso a la administración de justicia.

“El actor sufrió un perjuicio consistente en la imposibilidad de obtener unas sumas de dinero como consecuencia de no poder acceder a la justicia para reclamar unas prestaciones de carácter laboral, todo lo cual constituye una pérdida de oportunidad”, precisa uno de los apartes del fallo al señalar que la Embajada estaba en la obligación de cumplir la ley colombiana, pues el contrato se suscribió y ejecutó en el país.

Es decir que aunque no se puede tener la certeza de que a través de una demanda laboral se hubiera podido obtener el pago de los derechos laborales, sí es cierto que ante la imposibilidad de acudir a la justicia para reclamar tales derechos, el demandante perdió definitivamente la oportunidad de recibir las sumas de dinero que probablemente hubiera recibido.

En el fallo, el Alto Tribunal recordó que actualmente, y según la Corte Constitucional, los agentes diplomáticos de las misiones o delegaciones acreditadas en un país extranjero no gozan de inmunidad de jurisdicción laboral. Así mismo, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al unificar su jurisprudencia en el año 2008, aceptó que las embajadas de Estados extranjeros puedan ser susceptibles de ser demandadas y sometidas a los tribunales nacionales en materia laboral.

Sin embargo, como la demanda se interpuso antes de la posición señalada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado determinó que la acción de reparación directa es procedente y ordenó la indemnización a favor del demandante.

Con respecto a la responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, la sentencia señaló que esta cartera es responsable de los daños ocasionados “en virtud de la inmunidad de jurisdicción acogida por el Estado colombiano, por la suscripción de la Convención de Viena”.