Ordenan proteger a San Agustín

La Corte Constitucional puso fin a un largo litigio entre la comunidad yanacona y las autoridades del municipio por una vía que perjudicaba el parque arqueológico.

El parque arqueológico de San Agustín fue declarado Patrimonio de la Humanidad hace 20 años. / Daniel Gómez

Hace 20 años, el parque arqueológico de San Agustín fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, entre otras, por ser el “mayor conjunto de monumentos religiosos y esculturas megalíticas de Sudamérica”. No obstante, desde hace 10 años esta joya precolombina es escenario de un enconado litigio entre las autoridades y la comunidad yanacona, asentada alrededor del parque. Todo por cuenta de una carretera que conduce del casco urbano de San Agustín (Huila) a la maloca yanacona y que pasa, justamente, por el parque arqueológico. Pese a las recomendaciones de la Unesco y a varios fallos judiciales, la comunidad se niega a que esta carretera se convierta en un sendero peatonal con el fin de proteger a San Agustín. La Corte Constitucional le puso fin a esta pelea en un fallo, conocido por El Espectador.

En la sentencia, este alto tribunal determinó que se cumplan las decisiones judiciales que se han tomado al respecto. Entre ellas, la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila en la que se le ordenó a la comunidad indígena que “se abstenga de transitar por la vía que comunica la carretera central con el sector La Estación, del parque arqueológico de San Agustín, en vehículos automotores, motocicletas, bicicletas y vehículos de tracción animal”. La Corte estableció que, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, las entidades que hacen parte de la acción popular fallada por el tribunal del Huila procedan “a definir acciones realmente efectivas para impedir de manera definitiva el funcionamiento de la vía en los términos de la recomendación proferida por la Unesco”.

Y dispuso “que se analice la posibilidad de efectuar una obra civil urgente y eficaz que no afecte el valor arqueológico de la zona, pero que impida el tránsito de cualquier vehículo. Todas estas gestiones deberán hacerse efectivas y ejecutarse máximo en el término de un mes”. De la misma forma, le ordena al alcalde de San Agustín, Édgar Martín Lara, que en las 48 horas siguientes a la notificación “disponga lo necesario para que un agente de la Policía de Tránsito, con plenas garantías para su seguridad, permanezca en un sitio estratégico para multar y, si es el caso, inmovilizar cualquier vehículo automotor o de tracción animal que pretenda ingresar al parque arqueológico”.

La institución policial deberá permanecer las 24 horas del día mientras se ejecutan las obras que impidan de manera real el paso de automotores por la vía y deberá contar con los instrumentos necesarios para cumplir con su labor. A su vez, en el documento el alto tribunal expidió “copias de esta providencia con destino a la Procuraduría General, con el objetivo de que vigile las gestiones que se adelanten y garantice el acatamiento de sus términos perentorios”.

Así, la Corte Constitucional se refirió a una tutela interpuesta por la misma comunidad yanacona porque, en su criterio, al ordenar que esta carretera se convierta en sendero peatonal, se les estaba violando sus derechos, como el de la consulta previa. El alto tribunal no estuvo de acuerdo, pues consideró que las “autoridades locales y nacionales han dado participación suficiente a la comunidad indígena yanacona respecto a la decisión de impedir el tráfico vehicular por la vía que hace parte del parque arqueológico. Lo que desvirtúa cualquier vulneración de sus derechos”.

Y agregó que en lugar “de identificar algún desconocimiento de los derechos de esa comunidad, preocupa a esta corporación que el pueblo Yanacona San Agustín haya incumplido los acuerdos que se han suscrito en varias oportunidades y que haya recurrido a acciones de hecho y de violencia”. También alarma que el proceder de las autoridades haya sido tan lento y poco efectivo. Sostuvo que “el cierre de la vía en el sector La Estación, además de ser una medida razonable y necesaria, solo implicaba interés por parte de esa agrupación, mas no una afectación directa y menos un menoscabo intenso de sus derechos”.

Asimismo, la Corte recordó que en la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila ya se había indicado que “no existe asomo de duda de que el proceder del resguardo Yanacona agravia el legado arqueológico, histórico y cultural de la nación, y no existe justificación para utilizar un símbolo de la patria como vía vehicular (independientemente de que se trate de un grupo extraño a la región y que el banqueo se hubiera realizado años antes de su arribo). Máxime si se tiene en cuenta que la comunidad cuenta con otra vía para comunicarse con la carretera principal (distante aproximadamente a 950 metros de la maloka), con el poblado, con centros educativos y con veredas aledañas. Incluso la vía objeto de discordia se puede habilitar para el tránsito exclusivamente peatonal —como fue propuesto por la Unesco—, por donde podrá transitar la comunidad sin ninguna clase de restricción”.

Ante este panorama, la Corte concluyó vehementemente que la declaración de Patrimonio de la Humanidad “reconoce el carácter único de una tradición cultural desaparecida. La fragilidad de ese escenario requiere de medidas especiales que prevengan la intervención y el uso irresponsable de todos los componentes del parque, esto es, tanto de las esculturas como de todo el paisaje. No sobra indicar que la pérdida o el daño sobre cualquiera de esos elementos constituye una infracción grave que tiene un carácter irreparable y que necesita de la acción decidida y eficaz de todas las autoridades”.

 

 

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