Ordenan suspensión de exploraciones en cayos aledaños al archipiélago de San Andrés

En la decisión se establece la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

El Tribunal Administrativo de San Andrés ordenó la suspensión inmediata de la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona de dos cayos aledaños al Archipiélago.

En la decisión judicial se argumenta la protección de los derechos colectivos al medio ambiente sano, así como la existencia del equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.

El Tribunal presentó esta resolución en respuesta a una acción popular había sido interpuesta por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina).

En la acción jurídica se manifestaba que la entrega para su explotación a las empresas Repsol Exploration Colombia S.A., en consorcio con YPF S.A. y Ecopetrol S.A. son una vulneración a la protección que se debe dar al medio ambiente.

“Dicha área concesionada está incluida en el área marina protegida y reserva de biósfera, que hacen parte de una unidad funcional ecosistémica”, precisa uno de los apartes de la decisión judicial indicando que el interés general prima sobre el particular.

Ante esto se señala que con estas acciones se estarían vulnerando derechos fundamentales como la vida y la salud puesto que la reserva marina protegida es fundamental como ecosistema de importancia ambiental y como ecosistema de importancia para la comunidad raizal”.

Y es que para el Tribunal se pone en riesgo el equilibrio ecológico y ambiente marino, más aún si se tiene en cuenta que “el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue reconocido en el año 2000 como reserva mundial de biósfera por la Unesco, y en el año 2005 fue declarado como área marítima protegida”.

Para la vigilancia del cumplimiento del fallo, el tribunal conformó un comité integrado por el despacho del magistrado ponente, Dr. José María Mow Herrera, la ANH, Coralina, la procuradora judicial ambiental y agraria delegada ante el Tribunal Administrativo del departamento Archipiélago de San Andrés y el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario.