"Ordóñez debería asumir lo del financiamiento del sistema interamericano": Carolina Solano

Esta abogada de la Comisión Colombiana de Juristas analiza lo que los defensores de derechos humanos esperan de la próxima Asamblea General de la OEA, evento que tendrá lugar esta semana en Medellín y que podría convertirse en un termómetro para Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante el organismo.

Alejandro Ordóñez fue procurador antes de llegar a la OEA. Su segunda elección fue anulada por el Consejo de Estado.Archivo El Espectador

Este miércoles 26 de junio, en Medellín, comienza la Asamblea General número 49 de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En ella serán elegidos cuatro de los siete integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; por Colombia, el candidato es Everth Bustamante. Carolina Solano, de la Comisión Colombiana de Juristas, habla de las expectitativas que el sector de defensores de derechos humanos tiene sobre este evento, que terminará el 28 de junio, y sobre el rol de del embajador  del gobierno Duque ante este estamento, Alejandro Ordóñez.

¿Qué rol esperan del embajador Alejandro Ordóñez de cara a la Asamblea?

Se van a elegir 4 de los 7 comisionados de la CIDH, es decir, más de la mitad del cuerpo de los comisionados que trabajan en la defensa de derechos humanos del continente. En ese sentido, los votos y las alianzas que puede estar realizando el embajador Ordóñez en la OEA pueden ser bastante problemáticos, en la medida en que apoye candidatos de los gobiernos que tienen visiones que no separan sus ideales religiosos con el trabajo diplomático o político, que son considerados anti-derechos en muchos países, contrarios a los derechos de la población LGBTI, contrarios a los derechos de las mujeres.

¿Por qué lo dice?

En el pasado, Alejandro Ordóñez se había manifestado públicamente en contra de las decisiones de la Comisión, particularmente de otorgar medidas cautelares. La Comisión es el órgano que protege derechos dentro de la OEA y tener como embajador a una persona que desconoce el órgano es bastante problemático. Adicional a ello, es una persona que, durante su tiempo en la Procuraduría, criticó fuertemente la ampliación de derechos que hacía la Corte Constitucional de poblaciones vulnerables, especialmente de mujeres y de minorías sexuales, y esas son líneas que viene trabajando la Comisión y la OEA en promover un respeto por la diversidad en el continente.

¿Hay otro tema de cara a la Asamblea que amerite su preocupación?

Frente a la Asamblea, los dos focos de trabajo en este momento son Venezuela y Nicaragua, situaciones que consideramos muy importantes. Pero tenemos una preocupación de que el mayor foco de trabajo de la CIDH y de la OEA esté solo en responder a estas dos crisis. Que, por ejemplo, que se mire solo lo que está pasando en Venezuela y no lo que está pasando en Colombia no solo como consecuencia de la migración de venezolanos, sino por otra cantidad de cosas.

¿Cómo cuáles?

Como el incumplimiento del Gobierno en avanzar varios de los proyectos del acuerdo de paz, el asesinato de líderes sociales, el rearme de grupos sucesores del paramilitarismo en varias regiones. Hemos visto un interés del gobierno colombiano de girar el foco hacia Venezuela como el mayor problema del continente, restándole importancia o trabajo a lo que puede estar ocurriendo en Colombia.

Tras la designación de Ordóñez, ¿ha cambiado el trato ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

En sí mismo el litigio no ha cambiado por la designación de Ordóñez. Sí se ha modificado un poco, pero por el cambio completo de gobierno. Hemos notado que la postura del embajador en las audiencias temáticas (que se citan a petición de organizaciones para tratar asuntos concretos) ha sido bastante diplomática. Él asiste en su calidad de embajador, pero les da palabra a los funcionarios de gobierno y no necesariamente él (participa).

¿Ese cambio es positivo?

Negativo. Hemos notado una intención de desconocer los acuerdos a los que se había llegado con el antiguo gobierno en varios casos que ya teníamos avanzados o en etapa de solución amistosa o en etapa de cumplimiento de la decisión de la Comisión. Por ejemplo, estábamos ya en la última de etapa y llegaron los nuevos funcionarios. Han nombrado personas que desconocen el funcionamiento no solo del Sistema Interamericano sino de las leyes internas que dan cumplimiento a las decisiones del sistema. Entonces nos hemos tenido que enfrentar con personas que no saben cómo funciona la ley 288 de 1996 que es la ley que permite pagar las indemnizaciones de los casos de la comisión. O personas que, en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no saben de qué tratan los casos, cuando veníamos en una conversación de ocho años con un funcionario sobre como cumplir, por ejemplo, la construcción de un monumento.

¿En qué ha dificultado esa situación su trabajo?

Hemos notado la intención de algunos funcionarios de cambiar la forma como se hacen las cosas. Nosotros ya teníamos muy claro cómo era la ruta para implementar una decisión y hoy nos dicen que no es por ahí. Y eso ha dificultado mucho el inicio de los casos porque ya no se puede tener una conversación directa sobre un caso en particular e, incluso, tenemos un caso en donde un funcionario trató de desconocer los acuerdos a los que se habían llegado frente al pago de una indemnización diciendo que eso lo había hecho el gobierno anterior, lo que nos obligó a nosotros a reabrir un debate (que parecía estar cerrado). Finalmente lo resolvimos. Creo que hay una intención de hacer las cosas diferentes, que no necesariamente siempre es negativo, pero sí genera una dificultad cuando ya hay un tramite establecido.

¿Cuáles son los retos que Alejandro Ordóñez debería asumir?

Una de las cosas más grandes, pero que creo no tiene ningún interés de hacerlo, es el tema del financiamiento del sistema interamericano. El sistema interamericano tiene una dependencia profunda de Estados Unidos y con la postura del presidente (Donald) Trump se le han retirado muchos fondos que son cruciales para su funcionamiento. En 2012 hubo un proceso en que varios países trataron de debilitar el sistema y Colombia lideró el bloque de países que defendieron la labor del sistema y la autonomía e independencia de la CIDH, logrando frenar al otro bloque de países. La crisis de financiamiento viene desde de 2016, pero cada se agrava más y es algo que el Gobierno colombiano debería volver a liderar, sobre todo frente a esta apuesta de pasar la página, solucionar el conflicto y mostrar una cara nueva en el exterior.